0895/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0895/2019-S1 Sucre, 12 de septiembre de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad

Expediente: 29372-2019-59-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 13/2019 de 7 de junio, cursante de fs. 26 a 29, pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Pablo Gerardo Chávez Calderón en representación sin mandato de Ana María Castro Ortega contra Luis Fernando Atanacio Fuentes, Fiscal de Materia de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 7 de junio de 2019, cursante de fs. 3 a 6 vta., la accionante a través de su representante sin mandato manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 6 de junio de 2019, se encontraba en oficinas de Derechos Reales (DD.RR.), ubicada en la Av. Satélite, zona 12 de octubre de El Alto del departamento de La Paz, siendo interceptada por alrededor de diez sujetos, quienes aduciendo ser víctimas de estafa señalaron que su persona conjuntamente con otro, fueron quienes ofertaron la venta de terrenos en la zona Parcopata Distrito 8 de esa ciudad, y tras haber recibido montos económicos en sumas que oscilan entre $us1 000.- (un mil dólares estadounidenses) a $us1 500.- (un mil quinientos dólares estadounidenses) por la transferencia de dichos predios, luego de enterarse que los mismos pertenecían a otras personas y al sentirse aparentemente engañados, decidieron conducirla a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), División Económico Financieros de la referida ciudad.

En dependencias de la FELCC, el oficial de policía manifestó que, no existía contrato de compra y venta de los terrenos objeto de la denuncia formulada, toda vez que -a decir de la impetrante de la tutela-, trabajó únicamente como secretaria de Gonzalo Ramiro Miranda Montaño, hasta fines de la gestión 2018, además afirmó que en el presente caso no se hubiera constituido la flagrancia para que los particulares procedan a su aprehensión; no obstante de lo manifestado, el funcionario policial remitió antecedentes ante el Fiscal de Materia de turno -hoy demandado- para que disponga lo que en derecho corresponda.