0897/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0897/2019-S1 Sucre, 12 de septiembre de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional

Expediente: 28734-2019-58-AAC Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución AAC-0022/2019 de 29 de abril, cursante de fs. 141 a 144 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Blanca Rospilloso Mita en representación legal de empresa unipersonal Aserradero Virgen del Carmen "AVICA" contra Antonio Remigio Montaño Gonzales, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Quillacollo del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 18 de abril de 2019, cursantes de fs. 99 a 104 vta., la accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Su empresa se presentó al proceso de contratación en la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE) sobre "REQUERIMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA JOSE BALLIVIAN" (sic), convocada por el GAM de Quillacollo del departamento de Cochabamba, conforme a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

Expresó que en el referido proceso, se realizó una calificación errónea y al margen de la ley para adjudicar a otra empresa unipersonal denominada INDUSTRIA MADERERA OCAMPO -ahora empresa tercera interesada- tal como se demuestra en la Resolución Administrativa de Adjudicación G.A.M.Q./RPA/RA/048/2019 de 27 de marzo, suscrita por el Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (RPA), siendo notificada en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) el 29 de marzo del 2019, pero no por correo electrónico y a través de dicho sistema como establece el art. 94 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS).

Por estas irregularidades, tanto en la calificación de las propuestas como en la justificación de la adjudicación, conforme a norma y adjuntando Boleta de Garantía Bancaria emitida por el Banco Nacional de Bolivia (BNB) Sociedad Anónima (S.A.), en favor del indicado GAM, el 4 de abril del año supra señalado, por Bs5 364.- (cinco mil trecientos sesenta y cuatro bolivianos), interpuso recurso de impugnación contra la referida Resolución Administrativa de Adjudicación, solicitando que la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) anule el proceso hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la realización de una nueva calificación y adjudicación.

Manifestó que, por Resolución Administrativa Ejecutiva G.A.M.Q./RAE/MAE/003/2019 de 12 de abril, sin fundamento alguno y sin analizar los puntos de su recurso, la MAE confirmó la Resolución Administrativa de Adjudicación, disponiendo la prosecución del proceso de contratación y ejecución de la boleta de garantía; no obstante, hasta la fecha -se entiende de interposición de la acción-, dicha Resolución no le fue notificada según las NB-SABS y pese a ello se pide la ejecución de la referida boleta de garantía.

A esto añadió que el personal del GAM de Quillacollo, en vulneración de su derecho a la defensa, no le permitió revisar la documentación de la empresa adjudicada, para poder denunciar sus defectos, pese a ello, presentaron impugnación en la cual cuestionaron sobre la errónea calificación técnica, la falta de fundamentación de la Resolución Administrativa de Adjudicación y la ausente notificación por correo electrónico con dicha resolución e informe de calificación; sin embargo, la Determinación que resolvió su impugnación únicamente se limitó a realizar un resumen de los antecedentes y transcribir informes del proceso de contratación, sin pronunciarse sobre estos tres puntos de su reclamo, incurriendo a su vez en la emisión de una resolución, infundada e incongruente.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa, a la propiedad privada, al trabajo, la actividad lícita empresarial; y, a la libre y leal competencia, citando al efecto los arts. 46, 47, 56, 115.II, 117.I y 314 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio