0897/2022-S3

Solicitan se conceda la tutela impetrada y se declaren:

1. a)Nulas y sin valor legal todas las diligencias de investigación practicadas dentro de la denuncia -querella­ interpuesta por Beatriz Eneida Carballo Lizárraga contra su persona, por la presunta comisión del delito de allanamiento de domicilio o sus dependencias, por carecer de control jurisdiccional, ordenando que se remita la querella a ventanillas del Ministerio Público para el correspondiente análisis y sorteo;
2. b)Asimismo se declare nula y sin valor alguno toda actuación de la Fiscal de Materia coaccionada dentro de dicha querella, desde el momento en que recepcionó la misma sin tener sorteo del caso, debiendo proseguirse el caso con Código Único de Denuncias (CUD) 20110203000616 únicamente a instancia de Antonio Aguilar Choque por amenazas; y,
3. c)Se impongan costas, daños y perjuicios.

La parte accionante ratificó in extenso los argumentos expuestos en su memorial de la presente acción de defensa; y, ampliando en audiencia a través de su abogado, señalaron que:

1. 1)"...existe acciones de hecho que nos conlleva a un peligro inminente en la libertad de procesamiento para los ahora accionantes que dentro del presente caso de autos si bien nosotros hemos planteado una actividad procesal defectuosa respecto a algo que no consideramos a bajo criterio personal del suscrito y además de los accionantes ahora que se deba llevar actos jurisdiccionales investigativos los cuales no han cumplido los requisitos, hemos planteado un incidente de actividad procesal defectuosa absoluto toda ves de que nosotros no estábamos conformes a criterio de la Sra. Magistrada la Dra. Aranda nosotros no teníamos la razón dentro el presente incidente por lo cual mi persona y como parte del presente caso hemos apelado a dicha determinación..." (sic);
2. 2)El peligro inminente estan en las acciones de hecho cometidas por la Fiscal de Materia coaccionada, permitidas por la Jueza accionada;
3. 3)Mediante incidente de actividad procesal defectuosa respecto a la admisión de la segunda querella " ... a la Jueza Cautelar, hemos reclamado ese aspecto, pero no se debió admitir dicha querella y todavía emitir actos investigativos... " (sic); y, también se formuló la objeción a la misma;
4. 4)En el incidente de actividad procesal defectuosa se reclamó la existencia de dos querellas, respecto a una de ellas la Jueza accionada se declaró competente en relación al delito de allanamiento -de domicilio o sus dependencias-; y,
5. 5)Si quería iniciarse un proceso por el delito de allanamiento podía hacerlo, pero no ''colarse" a un proceso penal en el que se está investigando -la presunta comisión- del ilícito de amenazas.

Erika Neptali Aranda Uzquiano, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, por informe oral presentado en audiencia, señaló lo siguiente:

1. i)La presente acción de defensa es confusa en cuanto a las acciones que habría asumido en calidad de Jueza contralora -de garantías constitucionales- Y por parte de la Fiscal de materia coaccionada;
2. ii)No se estableció claramente cuál el fundamento esencial respecto a que los accionantes estarían ilegalmente procesados y si estaría en riesgo la libertad o la vida;
3. iii)El fundamento expuesto en audiencia de esta acción de defensa por la parte impetrante de tutela, es exactamente el mismo al que fue considerado en la Resolución "...47 /2020 de fecha 11 de febrero..." (sic); es decir, se denunció supuestos defectos absolutos por existir dos querellas planteadas por Beatriz Eneida Carballo Lizárraga y que se estaría realizando un incidente por la admisibilidad de la querella; en dicha Resolución se rechazó el incidente, siendo apelada la determinación; en este sentido, a efectos de poder abrir la vía constitucional se debió establecer la excepción a la subsidiariedad, lo cual no ocurrió; solo, se hizo mención a un peligro inminente pero no se refirió si a la libertad o a la vida; por lo que, si el peligro apremiante es al proceso, ello está relacionado con el debido proceso; por lo que la acción de libertad no es la vía constitucional adecuada;
4. iv)Se hizo referencia a la existencia de mandamientos de aprehensión que habrían sido expedidos por la Fiscal de Materia coaccionada, pero estos no estarían vinculados al acto que se denuncia que es la admisibilidad de la querella, la cual se debe establecer de acuerdo a lo previsto en el art. 291 del CPP;
5. v)Ambas querellas podían haber sido objetadas;
6. vi)No se establece cuál la vulneración de derechos y garantías constitucionales y que se encuentren vinculadas a los derechos a la vida y a la libertad ni que exista excepcionalidad, por lo que no se puede suplir el accionar del Tribunal de alzada que debe revisar la precitada Resolución "...47 /2020 de fecha 11 de febrero..." (sic), no pudiendo existir la activación de vías paralelas; es decir, la ordinaria y la constitucional; por lo que, no corresponde ingresar al fondo -de la denuncia constitucional formulada-; y,
7. vii)Solicitó se deniegue la tutela impetrada.

Edna Juana Montoya Ortiz, Fiscal de Materia, por informe oral presentado en audiencia, refirió que:

1. a)No es cierto que se llevó a cabo la audiencia de inspección ocular;
2. b)Tampoco es evidente que no exista control jurisdiccional por el delito de allanamiento -de domicilio o sus dependencias-, por cuanto el 23 de agosto -de 2020- presentó ante la Jueza de la causa el informe de ampliación de investigación por dicho ilícito;
3. c)La parte accionante indicó que no puede investigar dicho delito por ser Fiscal de Materia de la URI, pero en base a las atribuciones establecidas en la Norma Suprema y la normativa orgánica, no se encuentra imposibilitada a ello;
4. d)Ambos sindicados -hoy impetrantes de tutela­ fueron convocados a prestar su declaración informativa para el 5 de febrero -de 2021- pero no se presentaron, ante lo cual se emitió la Resolución y Orden de aprehensión de 9 de igual mes y año, conforme el art. 224 del CPP;
5. e)Se obró bajo control jurisdiccional en ambos delitos; es decir, amenazas y allanamiento -de domicilio o sus dependencias-, es así que, en el incidente de actividad procesal defectuosa planteado por los peticionantes de tutela se declaró ilegal e improbado; y,
6. f)Por lo que no habiendo ninguna vulneración y existiendo control jurisdiccional, además de que todos los argumentos esgrimidos por los accionantes fueron considerados en el incidente de actividad procesal defectuosa interpuesto ante la Jueza de la causa, que fue rechazado y se encuentra pendiente la resolución de la apelación, solicitó se deniegue la tutela solicitada, sea con costas.

El Juez de Sentencia Penal Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 01/2021 de 12 de febrero, cursante de fs. 78 a 85, concedió en parte la tutela solicitada en relación a la Fiscal de Materia coaccionada, disponiendo -independientemente de lo que el Tribunal ordinario de apelación resuelva sobre el incidente de actividad procesal defectuosa- dejar sin efecto las órdenes de aprehensión dispuestas, así como los mandamientos respectivos que hubiesen sido expedidos en contra de los impetrantes de tutela; y, denegar la tutela impetrada respecto a la Jueza accionada, bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)Con relación a la Fiscal de Materia coaccionada, se establece que efectivamente en el caso penal codificado con el CUD 201102032000616, se dio a conocer el inicio de investigación por el delito de amenazas, extremo sobre el cual la Jueza hoy accionada asumió conocimiento; por tanto, los actos investigativos son respecto a este delito;
2. 2)La querella presentada por -la presunta comisión- del delito de allanamiento de domicilio o sus dependencias, se la realizó sin que la querellante sea parte del proceso penal antes indicado;
3. 3)La referida Fiscal de Materia ante la observación a la solicitud de complementación de diligencias presentó la imputación formal; sin embargo, la misma está relacionada con el delito de amenazas en grado de autoría; en estas condiciones se prosiguió sin haberse subsanado la observación de la ampliación de la investigación;
4. 4)El art. 279 del citado Código establece el control jurisdiccional, a lo cual se debe relacionar el art. 289 del mismo cuerpo procesal penal; por lo que, si había una ampliación por el delito de allanamiento de domicilio o sus dependencias, que es otra figura, la Fiscal de Materia coaccionada, si bien tenía las facultades de realizar actos investigativos por este delito, debió comunicar a la autoridad judicial de la causa, este extremo, pero en este caso no se obró de esta manera;
5. 5)Para que surta efectos tanto la ampliación de la investigación y el plazo, los mismos debieron haber sido conocidos por la Jueza de la causa, y si bien fue puesto a conocimiento éste fue observado y en definitiva no se tuvo el conocimiento, por tanto no existe esa comunicación procesal;
6. 6)Conforme el art. 119 de la CPE, las partes deben tener igualdad de oportunidades y de condiciones, para asumir defensa sin restricciones y se debe conocer por qué delito se le está sometiendo a una investigación, lo cual también debe ser conocido por la autoridad jurisdiccional, quien debe garantizar el debido proceso en la sustanciación de las investigaciones y el derecho a la defensa que es inviolable, por lo que en las referidas condiciones de omisión al no haberse puesto en conocimiento la ampliación de la investigación penal, obviamente no se tuvo una defensa efectiva respecto al delito ampliado;
7. 7)Se advierte que una cosa es la falta de comunicación del inicio de investigación, que está latente, y otra distinta que se haya planteado -el incidente de- actividad procesal defectuosa, por otros extremos irregulares que además arrojan los antecedentes y fundamentos de la Resolución "...47 /2020 de fecha 11 de febrero..." (sic); por la que, se declaró infundado el mismo y que estaría en grado de apelación, lo cual no consta; y,
8. 8)En cuanto a la Jueza accionada, cumplió en observar las irregularidades del Ministerio Público, al solicitar subsanar y fundamentar la ampliación de la investigación, observando el control jurisdiccional, es por ello, que además de haber resuelto declarando probado el incidente de actividad procesal defectuosa sobre la imputación formal y resolver el arriba señalado incidente, se evidencia que cumplió con el rol de controladora de los actos investigativos del proceso penal.

Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de legalidad, "seguridad jurídica", juez natural y a la tutela judicial efectiva; a la defensa; y, el riesgo del derecho a la libertad personal y de locomoción, ante la persecución ilegal y procesamiento indebido toda vez que:

1. i)La Fiscal de Materia -coaccionada-:
2. a)Dispuso de manera arbitraria e ilegal que se presenten en Despacho fiscal para prestar su declaración informativa por la presunta comisión del delito de allanamiento de domicilio o sus dependencias, sin considerar que el inicio de la investigación penal está únicamente relacionado con el delito de amenazas, no existiendo ninguna ampliación o inicio de investigación por otros delitos o sujetos procesales, resultando la querellante, que activó dicho ilícito, en una ajena al proceso por amenazas al no tener la calidad de víctima del hecho que se investiga; a más de que, la referida citación bajo alternativa de aprehensión y la sustanciación de la investigación por el delito de allanamiento de domicilio o sus dependencias se expidió sin control jurisdiccional, por lo que no pueden acudir a este para asumir defensa y efectuar los reclamos sobre las ilegalidades cometidas, considerando que la Jueza accionada no asumió tal control en relación al referido delito, por lo que no puede emitir ninguna determinación al respecto;
3. b)En desconocimiento de las leyes y sin esperar que presten dicha declaración informativa, deliberadamente emitió Resoluciones y órdenes de aprehensión en su contra; y,
4. c)De forma indebida después de seis meses de iniciadas las investigaciones por el delito de amenazas y habiendo vencido el plazo, admitió directamente la antes indicada querella, cuando conoce que al ser presentada por una persona ajena al proceso penal debe acudir a ventanilla de recepción de casos para su sorteo, pero al contrario de ello acumuló ambos casos, cuando ello debe ser realizado por la autoridad jurisdiccional; y, demostrando un actuar doloso presentó memorial ante la Jueza de la causa informando la existencia de tal querella, pero en ningún momento fundamentó que tiene que ver con el caso y menos señaló por que debería ampliarse por el indicado delito en un proceso penal por amenazas incoado por un sujeto diferente; y,
5. d)La Jueza accionada no realizó control jurisdiccional respecto a las actuaciones de la Fiscal de Materia coaccionada y al contrario admitió las mismas.