Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0897/2026-S2 Sucre, 6 de mayo de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 55447-2023-111-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 37/2023 de 15 de febrero, cursante de fs. 185 a 188, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Noel Arturo Vaca López contra Silvia Maritza Portugal Espinoza y César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 26 de octubre y 18 de noviembre de 2022, cursantes de fs. 56 a 60 y 127 a 130, el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Desde el 3 de enero de 1994, es investigado y procesado por la presunta comisión del delito de contratos lesivos al Estado, a instancias del entonces Fondo de Desarrollo Campesino -hoy liquidado y sucedido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas-
Al amparo del art. 5.I.1 del Decreto Presidencial 4461 de 18 de febrero de 2021, solicitó acogerse al beneficio de amnistía, norma que permite conceder el beneficio a quienes acumulen más de quince años de proceso penal sin sentencia condenatoria ejecutoriada. En su caso, dado que los hechos ocurrieron antes de la entrada en vigor de la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz" -Ley 004 de 31 de marzo de 2010- no se encontraba dentro de las causales de exclusión.
Consecuentemente, la Dirección Departamental de La Paz del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, emitió la Resolución Administrativa (RA) 070/2021 de 26 de agosto, concediendo la amnistía, remitiéndose la misma mediante Oficio de 30 de ese mes y año, ante el Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, para su valoración y el levantamiento de las medidas cautelares.
Por decreto de 1 de septiembre de 2021, el Juez de origen dispuso remitir el legajo al Tribunal de alzada -donde radicaba la causa-, medida efectivizada mediante Oficio 368/2021 de 2 de ese mes, acto que no le fue notificado.
Sin advertir que, la causa se encontraba observada -según decretos de 23 de octubre de 2019 y 10 de septiembre de 2021- y que debía devolverse al Juez a quo; por ello, Silvia Maritza Portugal Espinoza y César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandados-, por decreto de 2 de septiembre de 2021, disponen: '"PASEN OBRADOS A DESPACHO...'" (sic) fs. 57 vta., providencia que tampoco le fue notificada.
Posteriormente, emitieron la Resolución 03/2021 de "3" -lo correcto y en adelante es 8- de septiembre, rechazando la homologación de la RA 070/2021, fallo que fue objeto de enmienda mediante Auto complementario de 19 de noviembre de 2021, notificado recién el 27 de abril de 2022.
Para que la Sala Penal Primera asumiera competencia y dictara un fallo de fondo antes de resolver la apelación -o junto con ella-, era indispensable que la causa estuviera debidamente radicada; sin embargo, la radicación recién ocurrió mediante Auto de 13 de septiembre de 2022, no así en la fecha en que se dictó la Resolución 03/2021, al respecto la ; establece que, la radicación es determinante para el control jurisdiccional, pues marca la pérdida de competencia del Juez de origen y la asunción de competencia del Tribunal de destino.
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