0899/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0899/2019-S1 Sucre, 12 de septiembre de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 28638-2019-58-AAC Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución ACC.16/2019 de 22 de abril, cursante de fs. 63 a 67, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Javier Meneces Condori y Juan Marcelo Claros Araoz contra Consuelo Margot Carrillo Claros, Jueza de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de abril de 2019, cursante de fs. 15 a 25 vta., la parte accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en contra de Javier Meneces Condori -ahora coaccionante- a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica tipificado y sancionado por el numeral 1 del art. 272 bis del Código Penal (CP), la Jueza de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba -autoridad ahora demandada- señaló audiencia de juicio oral para el 29 de mayo de 2018, a la que concurrieron los ahora impetrantes de tutela con los testigos de descargo, con la voluntad y predisposición de sustanciar el juicio; sin embargo, ante la inconcurrencia del representante del Ministerio Público y de la víctima quien además no notificó a sus testigos de cargo, se reprogramó la misma para el 1 de octubre de igual año; audiencia que también fue suspendida, debido a que, la autoridad ahora demandada al margen de todo procedimiento y lógica, sin considerar el principio de igualdad, por la inasistencia de Juan Marcelo Claros Araoz, abogado de la parte imputada -ahora co accionante- designó defensor de oficio y sin mayor explicación ni fundamentación, impuso una sanción pecuniaria por concepto de multa de Bs15 000.- (quince mil bolivianos), por suponer un abandono malicioso del caso o de la defensa, hecho que no fue comprobado.

Determinación contra la cual interpuso recurso de reposición, que conforme prevé el art. 402 del Código de Procedimiento Penal (CPP) debió ser resuelto en el plazo de veinticuatro horas sin sustanciación; es decir, sin correr en traslado a contrario, procedimiento que fue incumplido; ya que, el 17 de enero de 2019, se instaló la audiencia reprogramada de juicio oral y en forma errónea, la autoridad ahora demandada, generando nuevo procedimiento, pidió que de forma oral se interponga nuevamente el recurso, lo corrió en traslado y resolvió rechazarlo manteniendo la multa impuesta, luego, convocó al defensor de oficio quien al no ser habido y ante la inconcurrencia de los testigos de los acusadores, no pudo "realizar el juicio" (sic).

Manifiesta que, en la tramitación descrita precedentemente se cometieron una serie de irregularidades que lesionan sus derechos y las describe de la siguiente manera:

Primero: En relación a los actos ilegales cometidos en la audiencia de 1 de octubre de 2018; señala que, en la primera audiencia de juicio oral de 29 de mayo de 2018, asistió con su abogado y todos sus testigos, demostrando de ésta manera su voluntad y predisposición de proseguir el proceso, no obstante, la incomparecencia de la víctima y el Ministerio Público quienes fueron notificados y la inconcurrencia de sus testigos por no haberlos notificado dio lugar a que se suspendiera la misma; por lo que, se reprogramó la referida audiencia para el 1 de octubre de igual año, actuado al que nuevamente la parte acusadora asistió sin sus testigos, lo que denota su intención de que no se realice el juicio, señalándose nueva audiencia para el 17 de enero de 2019, actuado al que también asistió sin sus testigos y en todas éstas oportunidades la Jueza ahora demandada nunca asumió ninguna determinación, situación que genera un trato desigualitario, pues en todas las audiencias asistieron con sus testigos y en la última, en la que no compareció el abogado -ahora co accionante-, infiere que se quiere dilatar el proceso y existe un abandono malicioso del proceso, designando defensor de oficio y aplicando al profesional particular una multa arbitraria e ilegal de Bs 15 000.-, equivalente a un salario mensual de un Juez Técnico, por colegir que este hubiera abandonado maliciosamente el caso o la defensa, cuando el ordenamiento jurídico prevé este procedimiento en dos casos; primero el descrito en el art. 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE) cuando las personas denunciadas o imputadas no cuenten con los recursos económicos necesarios para contratar los servicios de un profesional abogado y segundo el previsto por los arts. 104 y 105 del CPP, cuando el abogado defensor renuncie o abandone el proceso de manera maliciosa, con el propósito de dilatar el desarrollo del proceso. Aspectos que no concurren en el presente caso; pues debía demostrarse de manera fehaciente y más allá de toda duda razonable que la incomparecencia del abogado fue maliciosa para imponer una multa que desde toda óptica constituye un exceso; además que al ser de imposible cumplimiento, lesiona el derecho a la defensa de co accionante Javier Meneces Condori, pues lo deja sin el asesoramiento de su abogado de confianza y vulnera el derecho al trabajo de Juan Marcelo Claros Araoz, también co accionante, pues la multa implica más del doble del honorario común regulado por el arancel del Colegio de Abogados.

Segundo: En relación al trámite del recurso de reposición, que se interpuso por memorial de 15 de enero de 2019, solicitando se revoque la sanción pecuniaria impuesta; pretensión que no fue absuelta por la Jueza ahora demandada, inobservando de ésta manera lo dispuesto por el art. 402 del CPP, que establece que la autoridad judicial debe resolver el referido recurso sin sustanciación en el plazo de veinticuatro horas, sin recurso ulterior; consiguientemente, debió emitir resolución sin necesidad de escuchar a contrario en el plazo señalado, ya que no fue interpuesto en audiencia sino por escrito.

Tercero: Respecto a la audiencia de 17 de enero de 2019, la autoridad ahora demandada de forma irregular y contraria a procedimiento, en lugar de notificar con la Resolución que resolvía el recurso formulado -por escrito de 15 de enero de 2019-, inventándose un nuevo procedimiento, permitió que se plantee nuevamente, lo corrió en traslado y resolvió mantener la ilegal e injusta sanción económica.

Cuarto: Sobre la Resolución judicial de 17 de enero de 2019, que resolvió el recurso de reposición formulado; este "decreto" se emitió sin fundamentación alguna y fuera de todo planteamiento fáctico y jurídico, pues los alegatos expresados en el recurso de reposición se referían a que el abogado Juan Marcelo Claros Araoz -ahora co accionante- no se presentó en la audiencia de 1 de octubre de 2018, debido a que no se contactó más con su cliente pues no le canceló sus honorarios profesionales asumiendo que ya no continuaría con el patrocinio de la causa.