0899/2022-S1

Roger Roca Ábrego, Juez Público Civil y Comercial Sexto de la Capital del departamento del Beni, mediante informe escrito, presentado el 27 de septiembre de 2021, cursante de fs. 718 a 720, manifestó lo siguiente:

1. a)El Auto Interlocutorio de 10 de septiembre de 2020, no hace otra cosa sino resguardar derechos constitucionales, puesto que al determinar la nulidad de obrados fue precisamente en atención a los principios y régimen de las nulidades, las cuales están previstas en el art. 105 del CPC;
2. b)Al respecto, ante la interposición del incidente de nulidad por parte del SIN, mediante el auto interlocutorio antes señalado, se resolvió determinando la nulidad de obrados, al no haberse dado aplicabilidad al art. 79 del CPC, norma que es de cumplimiento obligatorio, puesto que la entidad demandada, jamás fue citada con la demanda, el auto de admisión, ampliación de demanda y otros actuados procesales, ya que la diligencia "fs. 83 y 84" que señala la accionante, fue realizada mediante cédula, resultando dicha actuación procesal vulneradora al derecho a la defensa, igualdad de partes y debido proceso;
3. c)El auto interlocutorio de 10 de septiembre de 2020, confirmado en apelación por Auto de Vista 27/2021, concluyó que el SIN no fue debidamente citado, como pretende hacer creer el accionante en la acción tutelar presentada, puesto que se citó mediante cédula a esta institución, contraviniendo con tal acto lo dispuesto por el art. 79 del CPC, habiéndose constatado en la diligencia que la misma no cumple con el requisito determinado en el numeral I de la norma indicada; es decir, no cita con la demanda y el auto de admisión a la entidad demandada, en su personero legal, siendo que debió citar al Gerente Distrital del SIN, de forma personal, por ser entidad del Estado; y,
4. d)Conforme estableció el Auto de Vista 27/2021, tampoco salva la nulidad el memorial presentado por la entidad incidentista, puesto que únicamente solicitó fotocopias legalizadas, menos existe otra actuación que implique una convalidación de lo actuado que haya sido anterior al incidente de nulidad que es motivo de esta recurso; por lo expuesto corresponde denegar la tutela impetrada.

Ernesto Natusch Serrano, Gerente Distrital del Beni del SIN, a través de su abogado, en audiencia expresó lo siguiente:

1. 1)Como institución que representa los intereses del Estado, se ha visto gravemente afectada por el accionar del oficial de diligencias y una supuesta testigo de actuación, contra los que se están accionando las medidas disciplinarias y las preparatorias ante el Ministerio Público, al evidenciarse la malicia y el doloso accionar en dicha diligencia;
2. 2)La notificación que la parte accionante quiere hacer valer, jamás existió, fue un acto fraudulento, lo cual se encuentra probado; y,
3. 3)Una simple solicitud de fotocopias no puede considerarse que se esté convalidando ningún acto, puesto que fue recabada para poder entrar a derecho y la primera actuación que se presenta dentro de la causa fue el incidente de nulidad. Por lo anteriormente señalado, pide se deniegue la tutela.

La Sala Constitucional Primera del departamento del Beni, mediante Resolución 114/2021 de 6 de octubre, cursante de fs. 727 a 733, denegó la tutela solicitada, dicha determinación se dio sobre la base de los siguientes fundamentos:

1. i)Al haber la accionante interpuesto su acción de defensa en contra del Auto Interlocutorio de 10 de septiembre de 2020 y del Auto de Vista 27/2021 de 1 de marzo, por el principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional, corresponde a esta Sala circunscribir su análisis a la resolución emitida por el Tribunal de alzada;
2. ii)La acción de amparo constitucional no es un recurso alternativo, sustitutivo, complementario o una instancia adicional a la que pueden recurrir los litigantes, frente a una decisión judicial o administrativa adversa, ya que la actividad de interpretación en el conocimiento y resolución de una causa, es prerrogativa de los tribunales o instancias ordinarias, no siendo un medio para revisar la actividad probatoria o hermenéutica que realizan estos, al estar considerada como una garantía no subsidiaria ni supletoria de otras jurisdicciones, no obstante de forma excepcional esta Sala se encuentra habilitada para revisar dicha actividad, siempre y cuando el accionante encuadre su demanda en tres dimensiones; por vulneración del derecho a una resolución congruente motivada y fundamentada; una valoración probatoria que se aparte de los marcos de razonabilidad y equidad, omisión arbitraria en la consideración de la prueba con la indicación de los medios probatorios cuya valoración se haya omitido, o la existencia de una resolución basada en prueba inexistente; y, por incorrecta interpretación del ordenamiento jurídico infraconstitucional; y,
3. iii)En el caso que se analiza, la accionante no alega la omisión ni errónea valoración de medios de prueba, menos una incorrecta interpretación del ordenamiento jurídico, si bien señala la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia del fallo pronunciado por el Tribunal de alzada, simplemente se limitó a efectuar en su acción tutelar una transcripción de la normativa civil, reiterando los extremos formulados en su recurso de apelación, argumentos que no son suficientes para desplegar una revisión de lo resuelto por los Vocales ahora demandados, por cuanto determinar si las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales son correctas o no, no es labor de este Tribunal, por no ser la acción de amparo constitucional una instancia de impugnación o revisión de lo resuelto por la jurisdicción ordinaria.

II.4. Cursa el incidente de nulidad planteado el 20 de julio de 2020, por Sergio Pastor Navarro Venegas en su condición de Gerente Distrital del Beni del SIN -ahora tercero interesado-, expresando lo siguiente:

1. a)El SIN sigue proceso administrativo al Contribuyente Lucio Bravo Núñez del Prado, por el Proveído de Ejecución Tributaria 27-0218-16, por el importe de Bs2 429 390.- (dos millones cuatrocientos veintinueve mil trescientos noventa 00/100 bolivianos), por lo que aplicando las medidas coactivas solicitó a DD.RR. el registro de la hipoteca judicial y/o administrativa a favor del SIN sobre el bien inmueble con matrícula 8.01.1.01.0004422 asiento B-1 de propiedad del contribuyente, a efecto de realizar posteriormente las gestiones para la ejecución tributaria y/o cobro coactivo de acuerdo a normativa legal vigente. Mediante Resolución Administrativa de 18 de mayo de 2018, se aprobó la adjudicación directa posterior al remate en subasta del referido inmueble de 750 m2, Lote 4 y 5 de la urbanización villa Vecina distrito 7, adjudicado a favor de Susana Ledezma Tarifa de Sossa, por lo cual se notificó a Biky Aguilera Menacho, a efectos de que proceda a la entrega del lote adjudicado; al no haberse entregado de manera voluntaria por los detentadores los lotes 4 y 5, se procedió a librar mandamiento de desapoderamiento el 10 de julio de 2018, y solo Marlene Semo Noza desocupó el Lote 5, permaneciendo en el Lote 4 Biky Aguilera Menacho; por lo que se acredita que ésta tenía pleno conocimiento del estado del proceso administrativo seguido en contra de Lucio Bravo Núñez del Prado;
2. b)Alega la vulneración del derecho a la defensa del SIN, ya que han sido sorprendidos con el proceso de usucapión presentado por Biky Aguilera Menacho, el 4 de febrero de 2019, mismo que atenta a los intereses del estado, toda vez que ilegalmente se notificó al SIN cómo tercero interesado, mediante cédula el 26 de julio del mismo año, a horas 7:45 (fs.84), situación que les causa extrañeza puesto que esta institución del Estado mantiene las puertas abiertas para atender a los contribuyentes desde las 8:00, pudiendo ser notificado de forma personal al Gerente Distrital Beni, sin embargo se practicó la citación por cédula quince minutos antes que se abran las puertas para atención al público; y por las cámaras de seguridad en CD y otra prueba que acompaña, se evidencia que el 26 de julio de 2019 a horas 7:45, fecha que supuestamente se practicó la citación por cédula, no se ve llegar al oficial de diligencias, tampoco a la testigo de actuación, peor aún fijar en el ingreso a la institución algún documento, es decir que no se hicieron presentes en las oficinas del SIN, habiéndose tomado una foto quien sabe qué día y hora para validar una maliciosa e ilegal notificación que nunca existió; y,
3. c)Por lo expuesto solicitó, se declare probado el incidente planteado, disponiéndose la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la citación al SIN Gerencia Distrital Beni con la referida demanda (fs. 541 a 544).

II.6. Contra el Auto Interlocutorio de 10 de septiembre de 2020, Biky Aguilera Menacho -ahora accionante-, planteó recurso de apelación, alegando lo siguiente:

1. 1)Se ha vulnerado el debido proceso, en la no igualdad de aplicación de la ley procesal civil, pues dentro del caso de autos el SIN, pese a estar debidamente citado y notificado con los antecedentes procesales pertinentes, no asumió defensa oportunamente; asimismo, la efectividad de la notificación quedó ratificada con el memorial presentado por el SIN en el que solicitó desarchivo y fotocopia legalizada del expediente, que fue providenciado el 16 de marzo de 2020, pudiendo haber interpuesto los recursos que la ley le franquea;
2. 2)Acusa como agravio la lesión al debido proceso, seguridad jurídica, fundamentación, motivación, igualdad de las partes en la aplicación de la ley procesal civil, los principios de las nulidades procesales, puesto que el personero del SIN fue debidamente citado mediante cédula en el domicilio respectivo, luego se apersonó al despacho judicial solicitando desarchivo y copia legalizada del expediente, aspectos que demuestran que estaba a derecho y no hizo uso de los recursos que le franquea la ley, y posterior a ello el 20 de julio de 2020, recién interpuso el incidente de nulidad de obrados por ilegal notificación al SIN, desidia que no puede ser usada como argumento válido para impetrar la nulidad de obrados en su perjuicio como demandante, extremo que es contradictorio con la lógica conforme el razonamiento jurídico del nuevo régimen de la nulidad procesal y que debe ser de última ratio y sólo puede ser decretada cuando no existe ninguna otra posibilidad de salvar al proceso; y,
3. 3)Por lo expuesto, solicitó se modifique y se deje sin efecto el Auto Interlocutorio de 10 de septiembre de 2020 (fs. 580 a 588).

II.8. Por Auto de Vista 27/2021 de 1 de marzo, los Vocales ahora demandados, confirmaron el Auto Interlocutorio impugnado, con los fundamentos siguientes:

1. i)Si bien no es evidente que la citación al representante de una entidad estatal deba ser personalmente de forma indefectible, pero tratándose de una entidad estatal la búsqueda del representante legal no puede ser en horas que no sean normales de oficina, lo cual significa que no puede dejarse la cédula en forma directa, debiendo el funcionario judicial apersonarse en horas de atención de esa entidad y buscar preferentemente al representante legal, y si por alguna razón no está presente o no puede ser atendido recién se habilita la citación por cédula sea entregando copia a la secretaria o encargado de atención al público o en su defecto y en última alternativa pegar copia de la cédula en la puerta de la oficina del representante y no así en la puerta de la institución. En este caso, es irregular la citación que se hizo en horas que no eran de oficina dejando la cédula en la puerta de la institución, sin buscar al personero de dicha entidad, por consiguiente bastaría solo esa constatación para invalidar la actuación;
2. ii)También se impone la nulidad, por un hecho aún más grave y que incurre en dolo, ocurrido de forma inmediata a la actuación del oficial de diligencias, que según la diligencia la testigo de actuación que responde al nombre de Francisca Rodríguez Terán, procedió a arrancar la cédula dejada en la puerta, tal cual se constata en la grabación adjunta y que fue reproducida en audiencia, comportamiento doloso que deberá ser investigado por el Ministerio Público; y,
3. iii)Tampoco salva la nulidad el memorial, por el cual la entidad incidentista, solicitó fotocopia legalizada, cuya actuación no puede ser considerada una convalidación, menos aún si se considera que posterior a esa solicitud no existe ninguna otra actuación que implique una convalidación de los actuados, sino el incidente de nulidad que es motivo de este recurso, por consiguiente no es aplicable a esta situación la previsión del art. 107 del CPC (fs. 679 a 680).

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas:

1. a)La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso;
2. b)La interpretación de la legalidad ordinaria;
3. c)Presupuestos de la Nulidad Procesal-La nulidad implícita o virtual; y,
4. d)Análisis del caso concreto.

1. a)Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,
2. b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
3. c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
4. d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
5. e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
6. f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre4 se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre5 la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son:

1. i)El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad;
2. ii)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
3. iii)Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos;
4. iv)Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y,
5. v)La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero²-6.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013², señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión:

1. a)Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten;
2. b)Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso;
3. c)Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y,
4. d)Por la falta de coherencia del fallo, se da:
5. d.1)En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y,
6. d.2)En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio7, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio8, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre9, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo10 señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.