0900/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0900/2019-S1 Sucre, 12 de septiembre de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 28640-2019-58-AAC Departamento: Potosí

En revisión la Resolución 006/2019 de 22 de abril, cursante de fs. 75 a 79, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Miguel Angel Ramirez Sunagua y Julio Genaro Romero Lozada, en representación de Roberto Miguel Figueroa Medrano, Gerente de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) Regional Potosí contra Fidel Alejandro Castro Martínez; y, Roxana Choque Gutiérrez, ex y actual Fiscal Departamental de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 10 y 16 de abril de 2019, cursante de fs. 17 a 26; y, 37 a 43, respectivamente, la entidad accionante por intermedio de sus representantes manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Marcelo Daniel Pacheco Torrejón, Operador de Sistemas Regional, mediante Informe AN-GRPGR-POTPI-I 52/2017 de 21 de febrero, dirigido a Margaret Asunción Morales Nogales, Administradora Aduana Interior Potosí, dio a conocer que por solicitud de los guardias de seguridad del Recinto Aduanero Playa 1 de Karachipampa (quienes no podían ingresar al sistema PASE) se trasladó a dicho recinto, donde advirtió que una cámara estaba dañada; por lo que, preguntó a los mencionados guardias las razones de las fallas, quienes manifestaron que hay una malla cortada y algunos vehículos presumiblemente se encontrarían abiertos, razón por la que revisadas las cámaras del 19 del citado mes y año, evidenció que ingresaron dos personas aproximadamente a la 01:00, después el equipo dejó de grabar. En virtud a ello, mediante informe AN-GRPGR-POTPI SPCCI 26/2017 de 22 de igual mes, se instruyó verificar y reinventariar las mercancías almacenadas en el citado Recinto, concluyendo que hubo sustracción de accesorios en diferentes vehículos comisados y de importación para nacionalización, valuados en Bs7 642,91.- (siete mil seiscientos cuarenta y dos 91/100 bolivianos), afectando con ello a la ANB y al Estado Plurinacional de Bolivia.

De acuerdo al libro de novedades, los asignados responsables de resguardar el mencionado Recinto aduanero eran Florencio Cuiza Jorge, Nelson Miguel Barrenechea Mamani, Wilson Choque y Uriel Zárate, funcionarios policiales -de turno- en cuya vigilancia se produjeron los hechos mencionados, sin efectuar acción alguna frente a esos sucesos; por lo que, el 13 de marzo de 2017, presentó querella contra los prenombrados y contra todo autor y autores y/o autores, por la presunta comisión de los delitos de sustracción de prenda aduanera e incumplimiento de deberes.

Señala que tenían elementos de pruebas suficientes en el cuaderno de investigaciones, consistentes en las declaraciones informativas de otros guardias, así como prueba documental (libro de novedades) que demostraba la posible autoría respecto a los delitos querellados; por lo que, solicitó imputación formal, misma que fue emitida el 10 de enero de "2016" a través del cual imputó a Nelson Miguel Barrenechea Mamani, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes previsto y sancionado en el art. 154 del Código Penal (CP); sin embargo, el 1 de junio de 2018 el Fiscal asignado emitió la Resolución de sobreseimiento a favor del nombrado, decisión contra la cual interpuso recurso de impugnación alegando que la prueba no fue debidamente valorada, ni se aplicó la normativa penal aplicable al caso, mereciendo la Resolución FDP-T.I.S./FACM 125/2018 de 23 de julio, en la cual el Fiscal Departamental de Potosí ratificó la citada Resolución de sobreseimiento de 1 de junio del citado año, indicando que evidentemente no se configura la perpetración del delito imputado y respecto a la valoración de la prueba, estos fueron analizados pero la investigación no aportó los suficientes elementos de convicción.

Manifiesta que la mencionada Resolución FDP-T.I.S./FACM 125/2018 no se encuentra debidamente fundamentada, ya que no se pronunció de forma expresa, positiva y precisa sobre los tipos penales denunciados y la prueba aportada durante la etapa preliminar de la investigación, existiendo una valoración sesgada de la prueba por lo que "...el fiscal decide rechazar la querella..." (sic). Asimismo, refiere que dicha Resolución señala que en cuanto al funcionario policial imputado, éste no tiene la obligación exclusiva de brindar seguridad a la institución querellante, por cuanto el Convenio interinstitucional entre el Batallón de Seguridad de la Policía y la ANB feneció el 31 de diciembre de 2016; por lo que, el nombrado no omitió, rehusó o retardó algún acto propio de sus funciones; argumento totalmente vulnerador a sus derechos constitucionales, ya que no efectúa el contraste que debió existir entre la normativa penal y las funciones específicas de los efectivos policiales, por cuanto no fundamenta ni explica cuál es la valoración que se otorga al art. 7 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional -Ley 734 de 8 de abril de 1985- en cuyo artículo estipula las atribuciones como la de proteger el patrimonio público y privado, prevenir delitos, faltas y otros, concluyendo que ante una disposición específica que determina las atribuciones y facultades de la Policía Nacional y sus efectivos, mal puede anteponerse el criterio de que no existía un Convenio interinstitucional, cuando ocurrió el hecho delictivo, máxime si se considera que ese día se encontraban en servicio Florencio Cuiza Jorge y Oscar Tito Huallpa, este último reemplazado por Nelson Miguel Barrenechea Mamani, quienes se quedaron en la puerta principal, pero por el consumo de bebidas alcohólicas el último nombrado se fue a descansar a su dormitorio, ínterin en el cual se produjeron los hechos delictivos, configurándose el tipo penal denunciado, que no fue valorado ni fundamentado por la hoy autoridad demandada.

Refiere, que de considerarse válido el argumento de la falta de Convenio interinstitucional, no se explicó cómo estaban presentes los efectivos policiales en los turnos de vigilancia respectivos, brindando seguridad física a las instalaciones aduaneras, de donde deviene la falta de fundamentación en la Resolución jerárquica cuestionada.

Respecto al debido proceso citó a las SSCC 1227/2003-R de 26 de agosto y 1366/2003-R de 22 de septiembre, -entiende- que fueron moduladas por la SCP 0683/2013 de 3 de junio, otorgándole una triple dimensión al mencionado derecho. En cuanto a su derecho a la defensa como elemento del debido proceso, alega que fue vulnerado por el Fiscal de Materia y la autoridad Fiscal ahora demandada, el primero al haber emitido el sobreseimiento sin manifestarse sobre los elementos de prueba obtenidos en la etapa de investigación, desconociendo la existencia de la Ley Orgánica de la Policía Boliviana que establece facultades y atribuciones de la institución policial, y no así el Convenio interinstitucional que sólo establece determinadas condiciones administrativas en caso de existir remuneración adicional a los efectivos policiales asignados, más si el sobreseído conforme a las declaraciones de sus camaradas se encontraba con aliento alcohólico, con evidencia del consumo de coca y cigarrillos; por lo que, no existe un proceso justo y equitativo, menos en igualdad de condiciones, vulnerando su derecho a la defensa, en el entendido que no se escuchó la petición de la Gerencia Regional Potosí de la ANB respecto a los delitos querellados, ni sobre la prueba aportada, tampoco les dio la oportunidad de promover más actos de investigación, impidiendo que se llegue a la celebración del juicio oral y contradictorio donde se habría demostrado ante el Juez ordinario la comisión del delito de incumplimiento de deberes, lesionando también su derecho a la igualdad procesal de las partes, ya que el Fiscal de Materia debió complementar con otras diligencias investigativas a efectos de contar con mayores elementos de prueba que permitan sustentar la responsabilidad de los sindicados en los ilícitos querellados, sobreseimiento que fue ratificado por el Fiscal Departamental, en sí porque la referida Gerencia Regional Potosí promovió e instó al Ministerio Público al desarrollo de sus investigaciones, mientras que la parte denunciada se limitó a prestar su declaración y fue suficiente para que en desigualdad entre partes se dicte sobreseimiento a favor del imputado, decisión confirmada por el superior en grado, sumado a ello, que ambas autoridades fiscales le dieron mayor valor al criterio formalista sobre la supuesta falta de suscripción del Convenio interinstitucional antes que el peso mismo de la Ley Orgánica de la Policía Nacional; con todo lo expuesto, también se afectó a una valoración razonable de la prueba, ya que no se expone cuál es el valor que el Fiscal de Materia y el ex Fiscal Departamental le otorgan a cada uno de los elementos obtenidos dentro la investigación y cuál es la razón específica por la que estos elementos fueron descartados para sustentar una acusación formal, realizando -los prenombrados- por el contrario una mera transcripción de antecedentes.

En lo que concierne a la motivación de las decisiones, alega que el Fiscal Departamental demandado omitió fundamentar su decisión final, sobre los elementos de prueba sin convencer a las partes que actuaron conforme las normas sustantivas y procesales, que la decisión está regida por principios y valores que rigen al Ministerio Público, sin analizar las pretensiones de la objeción y contrastarla con la normativa aplicable al caso, tampoco se advierte una exposición fundamentada de causalidad y correcta valoración de los hechos entre la querella presentada, los elementos de la investigación recopilada, la imputación formal y los argumentos del memorial de objeción.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La entidad impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes al derecho a la defensa, igualdad de las partes, a la fundamentación y motivación, así como la valoración razonable de la prueba, citando al efecto los arts. 115, 119.II, 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.2 inc. f); y, 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio