Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 1 de octubre de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 29066-2019-59-AAC Departamento: Santa Cruz Partes: Rebeca Laura Arroyo López contra la empresa FRANCORP Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) representada legalmente por Mauricio Daniel D´avis Loaiza.
I. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA DISIDENCIA
La suscrita Magistrada, expresa su disidencia con lo resuelto en la , que confirma en parte la Resolución 57/2019 de 9 de mayo, pronunciada por el Tribunal de garantías; y en consecuencia: concede la tutela solicitada, únicamente con relación a la reincorporación a la fuente laboral de la accionante y deniega la tutela impetrada respecto al pago de los salarios devengados y demás derechos sociales.
En todo caso, considero que debió CONFIRMAR dicha Resolución Constitucional; y en consecuencia: CONCEDER totalmente la tutela, tanto respecto a la solicitud de reincorporación a la fuente laboral de la impetrante de tutela como al pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales.
Parte resolutiva que debió ser sustentada sobre la base de los siguientes fundamentos:
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
La accionante alega la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la vida y a la salud; toda vez que, habiendo comunicado en su entidad empleadora -Restaurant Hooters - Las Brisas, dependiente de la empresa FRANCORP S.R.L.-, donde prestaba las funciones de mesera, se la desvinculó de su fuente laboral de manera intempestiva; razón por la que, acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz, entidad que emitió a su favor la Conminatoria JDTSC/CONM. 008-A/2019 de 17 de enero, disponiendo su reincorporación laboral en las mismas funciones que desempeñaba, más el pago de sueldos devengados y demás derechos sociales; determinación que no obstante haber sido notificada a la entidad empleadora, no fue acatada; por lo que, solicita se disponga:
- a)Se ordene el cumplimiento íntegro de la referida Conminatoria, en el mismo puesto que ocupaba al momento de sus despido y el pago de salarios devengados desde el 12 de diciembre de "2019";
- b)La restitución de su derecho a la seguridad social en resguardo a su salud y la de su hijo gestante; y,
- c)El pago de los subsidios prenatales que correspondan por su estado de gestación, y costas.
En consecuencia, correspondía en revisión, que la verifique si tales extremos eran evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para ello, debió desarrollar los siguientes temas:
- 1)Presentación directa de la acción de amparo constitucional ante incumplimiento de las conminatorias de reincorporación y el estándar jurisprudencial más alto;
- 2)La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados. Distinción en las modalidades de acceso a la justicia constitucional y unificación del problema jurídico material; y,
- 3)Análisis del caso concreto.
II.1. Presentación directa de la acción de amparo constitucional ante incumplimiento de las conminatorias de reincorporación y el estándar jurisprudencial más alto
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en numerosas oportunidades se pronunció sobre el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, señalando que en estos casos procede directamente la acción de amparo constitucional. Así, las y 1, establecen que debe hacerse abstracción del principio de subsidiariedad en aquellos casos en los que una trabajadora o trabajador demande la reincorporación a su fuente laboral ante un despido sin causa legal justificada, con el único requisito previo de recurrir a las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo denunciando este hecho, a objeto que estas entidades, una vez establecido el retiro injustificado, conminen al empleador la reincorporación inmediata, en los términos previstos por el Decreto Supremo (DS) 0495 de 1 de mayo de 2010; y ante su incumplimiento, se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional2. El anterior razonamiento fue modulado en la 3, señalando que para el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación a través de la acción de amparo constitucional, se exige como presupuesto adicional que ésta se encuentre debidamente fundamentada y motivada.
Más adelante, la 4 moduló el entendimiento inicial contenido en las referidas y , estableciendo que a efectos de conceder la tutela, debe efectuarse una valoración completa e integral de los hechos y datos del proceso, las circunstancias y los supuestos derechos vulnerados, haciendo prevalecer la verdad material sobre la formal; señalando expresamente que: "... la sola conminatoria de reincorporación del trabajador a su fuente laboral por parte de las Jefaturas Departamentales de Trabajo, no provoca que, este Tribunal deba conceder la tutela y ordenar su cumplimiento, en su caso, se hará una valoración completa e integral de los hechos y datos del proceso, de las circunstancias y de los supuestos derechos vulnerado".
Finalmente, a través de la 5, el Tribunal Constitucional Plurinacional moduló el entendimiento contenido en la citada y recondujo la línea jurisprudencial a la ; en ese sentido, estableció que la conminatoria de reincorporación laboral es de cumplimiento inmediato; por lo que, su inobservancia habilita la actuación inmediata de esta jurisdicción constitucional, a menos que en la tramitación del proceso administrativo se evidencien violaciones del derecho al debido proceso.
No obstante a las modulaciones referidas, posteriores Sentencias Constitucionales Plurinacionales a la emitida el 2012 -, , , entre otras-, continuaron aplicando el entendimiento establecido en las y , que conceden la tutela provisional, sin exigir requisitos adicionales vinculados a la fundamentación de la conminatoria o el análisis integral del caso.
Ahora bien, en los casos que este Tribunal concedió la tutela ante incumplimiento de conminatorias de reincorporación, también se pronunció sobre los sueldos devengados y otros beneficios sociales establecidos por ley, por entender que forman parte de la reparación que debe brindar la justicia constitucional ante la lesión a los derechos fundamentales. En ese sentido, por ejemplo, la aprobó la Resolución del Tribunal de garantías que concedió la tutela y dispuso la cancelación de los sueldos devengados y demás beneficios sociales. De manera expresa, la , entre otras, luego de conceder la acción de amparo constitucional, dispuso la cancelación de sueldos devengados.
No obstante lo anotado precedentemente, la 6, refirió que la jurisdicción constitucional no puede dimensionar el alcance de los sueldos devengados y otros beneficios, con el argumento que son las autoridades administrativas o judiciales las que deben realizar dicha labor; entendimiento que fue reiterado por la , entre otras.
Efectuada la contextualización jurisprudencial anterior, debe recordarse una de las características de los derechos humanos contenida en el art. 13.I de la Constitución Política del Estado (CPE), cuál es su progresividad, que implica, por una parte, que los derechos humanos reconocidos en la Norma Suprema y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, no son un catálogo cerrado, sino que, de manera permanente se amplían en cuanto al reconocimiento de nuevos derechos, como también se desprenden de la cláusula abierta prevista en el art. 13.II de la Ley Fundamental. Por otra parte, el principio de progresividad supone que las conquistas alcanzadas respecto a un derecho, ya sea a nivel normativo o jurisprudencial, no pueden luego ser desconocidas; lo que significa que en materia de derechos humanos, no corresponde la regresividad, es decir, el retroceder en la protección de los derechos humanos.
El principio de progresividad fue desarrollado por la jurisprudencia constitucional a través de las , , , entre muchas otras. Así en la , el Tribunal Constitucional Plurinacional señaló que este principio amerita la responsabilidad para el Estado boliviano, de no desconocer los logros y el desarrollo alcanzado en materia de derechos humanos en cuanto a la ampliación en número, al desarrollo de su contenido y al fortalecimiento de los mecanismos jurisdiccionales para su protección, con el afán de buscar el progreso constante del derecho internacional de derechos humanos que se inserta en nuestro sistema jurídico a través del bloque de constitucionalidad -art. 410.II de la CPE-.
Conforme a lo anotado, las medidas adoptadas por los órganos estatales que tienden a menoscabar derechos ya reconocidos o desmejorar una situación jurídica favorable vinculada a un derecho, constituyen una afectación al principio de progresividad.
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