0902/2019-S2

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0902/2019-S2 Sucre, 1 de octubre de 2019

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad

Expediente: 29563-2019-60-AL Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución 25/2019 de 18 de junio, cursante de fs. 790 a 792 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Marlene Burgoa de Álvarez en representación sin mandato de Luis Alejandro Álvarez Burgoa contra Israel Lander Claros Hinojosa, entonces Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, Sandra Mamani Villca, Oscar Eduardo Terrazas Chacón y Pablo Guzmán López, Fiscales de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por escrito presentado el 17 de junio de 2019, cursante de fs. 704 a 708, la parte accionante realizó la siguiente exposición de hechos y derechos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 15 de marzo de 2017, Marvell José María Leyes Justiniano, representado por Juan Carlos Ovando Alave, presentó una denuncia en su contra por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, acompañando un registro en el que no se consignaba la dirección de su domicilio, por lo que se tuvo al mismo como desconocido.

Refiere que la denuncia fue desestimada por el Ministerio Publico, lo cual motivó la presentación de una objeción, que fue resuelta por intermedio de la Resolución Jerárquica FDC/OVE OR-OD 391/2017 de 23 de mayo, que dispuso revocar el fallo cuestionado.

Manifiesta que dentro de la investigación, se procedió a notificarlo con la imputación formal mediante edictos de ley y que conforme a ello, se señaló audiencia de medidas cautelares para el 12 de noviembre de 2018, que fue suspendida para el 6 de enero de 2019, oportunidad en que se declaró su rebeldía ante su ausencia y bajo el argumento de haber sido notificado de manera legal.

En este entendido, denunció que la providencia de 15 de septiembre de 2017, que conminó al Ministerio Público informar sobre su domicilio real en el plazo de veinticuatro horas, constituye la primera resolución emitida con respecto a las partes, la cual nunca le fue notificada de manera personal conforme lo dispone el art. 163 inc. 1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), lo cual ocasionó que no ejerza su derecho a la defensa e interponga excepciones dentro del término legal de diez días. Denuncia además el accionar del Juez cautelar, quien no verificó mediante el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) ni el Servicio de Registro Cívico (SERECI), si efectivamente se desconocía su domicilio real, más por el contrario convalidó la notificación de la imputación formal de 3 de abril de 2019, mediante edictos, sin realizar el respectivo control jurisdiccional.