Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA COSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0903/2019-S4 Sucre, 16 de octubre de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional
Expediente: 27079-2019-55-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión de la Resolución de 4 de enero de 2019, cursante de fs. 146 a 150 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Franco Ovidio Sanabria Solíz contra Omar Michel Durán y Dolka Vanessa Gómez Espada, Consejeros de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1 Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 13 de diciembre de 2018, cursante de fs. 32 a 47, y el de subsanación el 19 del referido mes y año (fs. 49), el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Cuando estaba ejerciendo sus funciones como Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento de Oruro, el 19 de mayo de 2017, Edwin Rubén Yucra Condori -ahora tercero interesado-, presentó denuncia en su contra, alegando que dentro del proceso penal que se le sigue en dicho juzgado por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, ante la solicitud de revocatoria de medidas sustitutivas, interpuesta el 10 de marzo del referido año, por la parte demandante, emitió el proveído de 14 de igual mes y año, señalando audiencia de consideración para el 23 del mencionado mes y año, el mismo que hubiera sido pronunciado cuando se encontraba suspendido de sus funciones; empero, contradictoriamente se denunció también que existió demora en la emisión del indicado decreto, pues el mismo, a decir de Edwin Rubén Yucra Condori, debió dictarse el 13 de marzo de 2017, concluyendo con que el acto asumido de manera ilícita se enmarcaría en la supuesta comisión de falta grave, prevista en el art. 187.14 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-.
En virtud a lo señalado, por Auto de Admisión de 23 de mayo del citado año, se determinó el inicio del proceso disciplinario en su contra por la infracción al referido artículo y por faltas gravísimas, estipuladas en el art. 188.I.12 de la citada Ley, por actuar en un proceso cuando se encontraba suspendido y por no emitir dentro del plazo establecido la providencia de señalamiento de audiencia de revocatoria de medidas sustitutivas; tramitada la misma, por informe pericial de psicología forense, se concluyó la existencia de error humano, por lo que se pronunció la Resolución Administrativa Disciplinaria de Primera Instancia 21/2017 de 6 de octubre, que declaró improbadas las dos faltas disciplinarias; sin embargo, el indicado fallo fue apelado por la parte denunciante, sin ningún tipo de técnica recursiva ni individualización de los hechos y los agravios, así como tampoco, fundamentó los mismos, limitándose a realizar una exposición desordenada.
Dicha apelación fue resuelta por la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, mediante Resolución RSP-AP 92/2018 de 22 de junio; por la que, se confirmó la Resolución de primera instancia en relación a lo decidido respecto a la falta prevista en el art. 187.14 de la LOJ y se revocó con relación al art. 188.I.12 de la mencionada Ley, declarando probada la misma y estableciendo la sanción de destitución de su cargo de Juez, fallo que fue emitido, con ausencia de fundamentación, motivación y congruencia ante lo reclamado y lo resuelto en el recurso de apelación, asimismo, omitiendo la valoración de la prueba y sin tomar en cuenta los argumentos expuestos en su memorial de contestación al recurso de apelación; por los siguientes aspectos que se detallan a continuación:
- a)Señalaron que la providencia de 14 de marzo de 2017, se pronunció sin competencia; por lo que, no puede convalidarse un acto que es nulo de pleno derecho;
- b)No se analizó la totalidad de la documentación de la inspección ocular, al considerarse únicamente el referido decreto, puesto que los demás actuados, si bien fueron firmados en la misma fecha; empero, fue suscrito por un Juez suplente;
- c)Mencionaron que las faltas disciplinarias, no requieren de un resultado material, que solo basta un resultado formal;
- d)Refutaron lo aseverado por el Tribunal de primera instancia, que determinó que hubo consentimiento al no haber apelado la Resolución que rechazó la revocatoria de medidas sustitutivas y a su vez, señaló que el Juez denunciado, se encontraba sin competencia para emitir la providencia de 14 de marzo de 2017;
- e)En su Considerando IV, justificaron su intervención referida a que se debía realizar una revisión prolija de los antecedentes del proceso, haciendo alusión al principio de supremacía constitucional y a la igualdad en su triple dimensión, para luego abordar el principio de impugnación como derecho a la motivación de las resoluciones entre otros; ello, para justificar el deber de motivar las resoluciones y la valoración de la prueba;
- f)No consideraron que la Resolución apelada es incongruente y contradictoria al indicar que el decreto antes citado, fue emitido sin competencia y el señalamiento de audiencia no ocasionó perjuicio; y,
- g)Establecieron que no es posible aplicar atenuantes, porque la prueba sería más que suficiente para demostrar la existencia de que su persona pronunció la providencia fuera de plazo, determinando que no es posible que la prueba pericial destruya la documental.
Agregó, que las autoridades demandadas sustentaron la referida Resolución en un agravio inexistente, con incongruencia interna y externa, omisiva, con falta de motivación "lo vincula a una valoración de la prueba" (sic), y con una decisión ultra petita, debido a lo siguiente:
- 1)La determinación asumida en la Resolución de alzada, se apartó de lo anunciado en el recurso de apelación;
- 2)Existió incongruencia externa, toda vez que solo se refirieron a una parte de los elementos expuestos en el memorial de apelación, sin tomar en cuenta lo mencionado respecto a la convalidación de los actos emitidos fuera de competencia, el plazo de los actos procesales, la denuncia de incumplimiento de deberes, previstos en el art. 211 de la LOJ, el resultado formal y no material de las faltas disciplinarias, que no solo se refiere a la falta gravísima de incompetencia, sino también a la demora en el pronunciamiento de las resoluciones y providencias, si el recurso de apelación cumple con las características mínimas para ser admitido y tramitado en el fondo; elementos que de ninguna manera fueron pronunciadas por la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura; y,
- 3)Concurrió la existencia de incongruencia interna, puesto que, al tenerse una supuesta lesión al derecho a la motivación, el acto administrativo no debió ser convalidado, por lo que, no correspondía revocar la decisión de primera instancia, sino dejarla sin efecto; empero, este hecho no fue reclamado por el denunciante, forzando de esta manera las autoridades demandadas una revocatoria que por el principio de legalidad y sometimiento, no podía ser posible; tomando de esta manera, una decisión ultra petita, asumiendo calidad de apelante para subsanar la carga argumentativa del denunciante.
Consiguientemente, la Resolución de alzada, resultó ser insuficiente, arbitraria carente de fundamentación, motivación y congruencia, surgiendo dicho fallo de premisas inexistentes que no fueron invocadas por el recurrente; asumiendo las autoridades demandadas la condición de juez y parte.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Mostrando 15 de 74 parrafos.