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TCP

0903/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
15 de junio de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0903/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0903/2026-S3 Sucre, 15 de junio de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 82076-2026-165-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 28 de 2 de febrero de 2026, cursante de fs. 1155 vta. a 1159 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Marco Helsen Suárez Murillo contra Yenny Cortez Baldiviezo y Erick Donoso Zambrana, Vocales de la Sala Mixta Civil Comercial de Familia Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Domestica Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, Alejandra Ortiz Gutiérrez, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 19 de diciembre de 2025 y 14 de enero de 2026, cursantes de fs. 1052 a 1068 vta.; y, fs. 1100 a 1109, respectivamente, el accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1 Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal juvenil seguido en su contra por el Ministerio Público, a denuncia de Bárbara Alejandra Castillo Vargas -tercera interesada-, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, desde el inicio de la investigación, se sometió voluntariamente al control jurisdiccional, asistiendo a todas las actuaciones procesales y cumpliendo de manera continua la medida de detención domiciliaria dispuesta el 15 de enero de 2021.

Posteriormente, mediante Sentencia 02/2022 de 20 de marzo, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de Tarija, lo declaró autor de los delitos de abuso sexual y violación de niña, niño o adolescente, imponiéndole la medida socioeducativa de privación de libertad de cinco años de internamiento en el Centro Educativo Piloto de Justicia Penal Juvenil "Nueva Vida Santa Cruz" (CENVICRUZ), disponiendo expresamente el descuento de la pena impuesta del tiempo de detención domiciliaria previamente cumplido.

Fallo que adquirió ejecutoria mediante ; sin embargo, entre mayo de 2023 y septiembre de 2025, no se ejecutaron oportunamente los mandamientos de condena y aprehensión, permaneciendo bajo control judicial y cumpliendo detención domiciliaria; durante dicho periodo acreditó avances relevantes de reinserción social, educativa y familiar.

A pesar de lo anterior, mediante Autos Interlocutorios 43/2025 y 75/2025 de 30 de septiembre, se dispuso su captura y se rechazó su solicitud de redención y modificación de la medida socioeducativa, desconociendo el tiempo de restricción efectiva de libertad previamente reconocido en la Sentencia condenatoria.

Agotada la vía ordinaria con la emisión del Auto de Vista 33/2025 de 28 de noviembre, se vulneraron los derechos a la libertad personal, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, a la motivación suficiente e interés superior del adolescente; toda vez que, las autoridades demandadas confirmaron la negativa de computar el tiempo de detención domiciliaria efectivamente cumplido, pese a que la propia Sentencia condenatoria dispuso expresamente su descuento de la sanción impuesta.

Asimismo, las autoridades judiciales demandadas, subordinaron el reconocimiento de derechos y beneficios a formalidades administrativas no atribuibles a su persona, tales como la existencia de un Plan Individual de Ejecución de Medida (PIEM) aprobado o el ingreso físico a un centro especializado, desconociendo el prolongado sometimiento al control judicial y la restricción real de su libertad.

De igual manera, omitieron valorar los avances acreditados en su proceso de reintegración social, habilitando la ejecución inmediata de medidas coercitivas de internamiento y captura sin un análisis reforzado de proporcionalidad, ni interés superior del adolescente; esta actuación consolidó una afectación desproporcionada a sus derechos a la educación, desarrollo integral, dignidad y proyecto de vida.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad personal, a la dignidad humana, a la educación, al desarrollo integral y reinserción social del adolescente, vinculado a los principios de protección reforzada del interés superior, así como al debido proceso en sus componentes tutela judicial efectiva, legalidad, motivación, razonabilidad y prohibición de formalismo excesivo, proporcionalidad, favorabilidad, igualdad y no discriminación; citando al efecto, los arts. 14, 17, 22, 23, 54, 59, 60, 115, 116, 117, 119, 120 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga:

  1. a)Se revoque el Auto de Vista 33/2025;
  2. b)Se dispongan medidas socioeducativas no privativas de libertad; y,
  3. c)Se adopte la medida cautelar de arresto domiciliario con vigilancia permanente, mientras se resuelva en el fondo la acción de amparo constitucional.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 2 de febrero de 2026, según consta en acta cursante de fs. 1151 a 1159 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Yenny Cortez Baldiviezo, Vocal de la Sala Mixta Civil Comercial de Familia Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Domestica Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, a través de informe de 2 de febrero de 2026, cursante de fs. 1144 a 1146 vta., solicitó se deniegue la tutela solicitada, señalando que:

  1. 1)El fallo de alzada no lesionó derechos fundamentales, toda vez que los Vocales demandados, resolvieron los agravios planteados mediante una decisión debidamente fundamentada, motivada y congruente, confirmando el rechazo de la solicitud de redención y modificación de la medida socioeducativa por incumplimiento de los requisitos previstos en el art. 347.II del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-;
  2. 2)El Auto de Vista explicó que la redención no constituye un beneficio automático, sino que depende del cumplimiento efectivo de la medida, la evaluación técnica multidisciplinaria y los fines pedagógicos y resocializadores del sistema penal juvenil, particularmente exigentes en delitos sexuales graves;
  3. 3)Se reconoció y computó el tiempo de detención domiciliaria efectivamente cumplido bajo control judicial; no obstante, se estableció que no corresponde computar el periodo en el que el adolescente se sustrajo del control estatal, incumplió mandamientos y evitó la ejecución de la sentencia, aclarando además que la detención domiciliaria constituye una medida cautelar distinta al internamiento socioeducativo en CENVICRUZ, cuya finalidad es resocializadora y requiere ejecución material, un PIEM e informes técnicos interdisciplinarios; y,
  4. 4)Los certificados académicos, laborales y familiares presentados no son suficientes para habilitar beneficios socioeducativos sin cumplimiento efectivo de la sanción, concluyendo que el Auto de Vista cuestionado resulta razonable, proporcional y conforme a la Constitución Política del Estado y el Código Niña, Niño y Adolescente, evidenciando únicamente una discrepancia del accionante con el criterio jurisdiccional adoptado.

Alejandra Ortiz Gutiérrez, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de Tarija, a través de informe escrito de 2 de febrero de 2026, cursante de fs. 1147 a 1150 vta., solicitó se deniegue la tutela, señalando que:

  1. i)El accionante denunció la vulneración de su derecho a la libertad, alegando que no se computó correctamente el tiempo cumplido bajo detención domiciliaria; sin embargo, dicho reclamo debió ser planteado mediante acción de libertad y no vía acción de amparo constitucional, conforme a los arts. 46 y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo) y la ;
  2. ii)De los antecedentes del proceso penal, se evidenció que el mismo contó con medidas sustitutivas desde enero de 2021 y posteriormente fue condenado mediante Sentencia 02/2022, a cinco años de la medida socioeducativa privativa de libertad en régimen de internamiento en CENVICRUZ, disponiendo expresamente que debía descontarse el tiempo de detención domiciliaria;
  3. iii)Dicha sentencia fue confirmada mediante Auto de Vista 14/2022 de 28 de junio, adquiriendo ejecutoria luego del rechazo del recurso de casación por parte del Tribunal Supremo de Justicia mediante ;
  4. iv)En ejecución de sentencia, la autoridad judicial computó a favor del Adolescente con Responsabilidad Penal (ARP) dos años, ocho meses y once días correspondientes al tiempo efectivamente cumplido bajo detención domiciliaria hasta la ejecutoria de la sentencia; no obstante, estableció que posteriormente el condenado se sustrajo del control judicial, no fue habido en su domicilio y evitó la ejecución de la medida socioeducativa, motivo por el cual se emitieron mandamientos de aprehensión, conducción y posteriormente captura, ejecutados en septiembre de 2025;
  5. v)El condenado no cumplió los requisitos legales para acceder a la redención ni a la modificación de la medida socioeducativa prevista en el art. 347.II del CNNA; toda vez que, únicamente presentó un certificado de estudios y no el PIEM ni informes técnicos interdisciplinarios exigidos por la normativa especializada; y,
  6. vi)Se determinó que la redención tampoco procedía por tratarse de delitos contra la libertad sexual cuya víctima fue una niña, conforme al art. 138 núm. 4 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-; en consecuencia, tanto el Auto Interlocutorio 75/2025 como el Auto de Vista 33/2025 se encontraban debidamente fundamentados, motivados y ajustados a derecho, no evidenciándose vulneración de derechos fundamentales sino únicamente disconformidad del accionante con las decisiones jurisdiccionales adoptadas.
I.2.3. Informe del tercero interesado

Bárbara Alejandra Castillo Vargas, madre y representante de la víctima AA, a través de informe escrito presentado el 2 de febrero de 2026, cursante de fs. 1162 a 1164 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que:

  1. a)El accionante pretende desnaturalizar el sistema penal para adolescentes y burlar una sentencia firme y ejecutoriada, equiparando indebidamente la detención domiciliaria de naturaleza cautelar con el cumplimiento de una medida socioeducativa de internamiento, desconociendo el principio de especialidad previsto en el Código Niña, Niño y Adolescente;
  2. b)La medida socioeducativa impuesta tiene finalidad pedagógica, terapéutica y de reintegración social, la cual únicamente puede cumplirse dentro de un centro especializado como CENVICRUZ mediante seguimiento interdisciplinario, extremo que nunca ocurrió debido a que el accionante se sustrajo de la ejecución de la sentencia;
  3. c)La inexistencia del PIEM no es atribuible al Estado, sino al propio accionante, quien evitó el cumplimiento de la medida, siendo que dicho instrumento solo puede elaborarse una vez producido el ingreso efectivo al centro especializado;
  4. d)La redención solicitada resulta improcedente, incluso bajo aplicación supletoria de la Ley de Ejecución Penal y Seguimiento, debido a la prohibición expresa contenida en su art. 138. inc. 4) para delitos de violación contra menores de edad;
  5. e)Los estudios universitarios realizados por el accionante no sustituyen el cumplimiento material de la sanción ni acreditan reintegración social conforme a el Código Niña, Niño Adolescente;
  6. f)Debe ponderarse el derecho de la víctima a la tutela judicial efectiva y a la protección reforzada prevista por el art. 60 de la CPE; puesto que, conceder los beneficios solicitados generaría impunidad y revictimización;
  7. g)La decisión judicial de traslado al Centro Penitenciario de Palmasola de Santa Cruz, se ajusta al art. 345.II del CNNA, considerando que el accionante cuenta actualmente con veintiséis años y no puede permanecer en un centro especializado para adolescentes; y,
  8. h)El accionante pretende utilizar el amparo constitucional como una instancia de revisión de la legalidad ordinaria, sin demostrar lesión constitucional alguna, destacando que las autoridades demandadas actuaron conforme al Código Niña, Niño y Adolescente y a la referida Sentencia ejecutoriada.

1.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 28 de 2 de febrero de 2026, cursante de fs. 1155 vta. a 1159 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 33/2025 y se emita un nuevo Auto de Vista conforme a los fundamentos establecidos. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos:

  1. 1)El cómputo del tiempo de la detención domiciliaria debía efectuarse a partir de una evaluación tanto cuantitativa como cualitativa de la restricción de libertad aplicada al accionante;
  2. 2)El accionante no fue debidamente notificado con la ejecución de la Sentencia ni convocado a audiencia previa para considerar la modificación de las medidas socioeducativas, vulnerándose su derecho a ser escuchado;
  3. 3)Las autoridades demandadas no aplicaron adecuadamente las normas y principios que rigen la justicia penal juvenil, particularmente aquellos vinculados al interés superior del adolescente y a la excepcionalidad de la privación de libertad; en cuyo marco, correspondía privilegiar la libertad del adolescente frente a la imposición de medidas socioeducativas privativas de libertad, conforme a los estándares previstos en la Constitución Política del Estado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño; y,
  4. 4)Los elementos probatorios valorados resultaban insuficientes para afirmar que el accionante se alejó sustancialmente de las medidas socioeducativas que venía cumpliendo.

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