0904/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0904/2019-S1 Sucre, 12 de septiembre de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 28754-2019-58-AAC Departamento: Potosí

En revisión la Resolución 014/2019 de 30 de abril, cursante de fs. 124 a 130, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Miguel Ángel Ramírez Sunagua y Julio Genaro Romero Lozada por Roberto Miguel Figueroa Medrano, Gerente Regional Potosí a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) contra Fidel Alejandro Castro Martínez; y, Roxana Choque Gutiérrez, ex y actual Fiscal Departamental de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de abril de 2019, cursante de fs. 44 a 53, la institución accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 5 de noviembre de 2014, se presentó querella penal contra Yolanda Rosario Gonzales Foronda, Winston Adhemar Arteaga Mendoza -terceros interesados- y Eddy Mamani Chacapacha por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado previsto y sancionado en los arts. 198, 199, 203 del Código Penal (CP), debido a que en aplicación del art. 100 del Código Tributario Boliviano (CTB) y en aplicación del Procedimiento de Control Diferido se realizó el Control Diferido Regular (CDR) de las Declaraciones Únicas de Importación 2010/543/C-1458; 2010/543/C-1459; 2010/543/C-1460 y 2010/543/C-1463 tramitadas por la Agencia Despachante de Aduana "SAA" Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) por cuenta de su comitente Winston Adhemar Arteaga Mendoza en la Aduana Frontera Avaroa; durante el trabajo realizado, se efectuó una verificación de los Certificados Medioambientales; es así que mediante carta AN-GRPGR-UFIPR-C-040/2013 de 11 de septiembre, se solicitó al Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO), verificar la autenticidad de los citados Certificados dentro de los cuales se hallan los certificados CM-OR-03-0020-2010, CM-OR-03-0021-2010, CM-OR-03-0022-2010 y CM-OR-03-0023-2010 todos de 26 de agosto correspondientes a vehículos amparados en las Declaraciones Únicas de Importación 2010/543/C-1458; 2010/543/C-1459; 2010/543/C-1460; 2010/543/C-1463; al respecto IBMETRO remitió la carta IBMETRO-DML-CE-662/2013 de 23 de septiembre adjuntando el Informe IBMETRO DML-INF-486/2013 de igual día mes y año citados señalando entre otros, que los certificados mencionados en la carta, no cuentan con ningún respaldo de haber sido emitidos por esa entidad.

Que el informe emitido por el Técnico de Metrología Legal, indica que '"Al revisar los archivos tanto físicos como en formato digital, no se encuentra ninguno de los certificados IBMETRO CENTRAL LA PAZ'... 'Al revisar en archivos los números de factura que indican los certificados en la parte inferior izquierda de los mismos, se observó que ninguno de éstos fueron emitidos en la gestión 2010, tanto las facturas emitidas en La Paz como en Cochabamba ya que revisados los números de facturas estas pertenecen a gestiones 2008 a 2011 en algunos casos 2012 o en último caso no cuenta con existencia física' al concluir el informe termina manifestando que 'Para el caso de los certificados del 2010, las facturas que se mencionan no coinciden por lo que no hay un respaldo que se haya cancelado por servicios de inspección y certificación' ... 'No se encuentran ninguno de los certificados presentados en nuestros archivos físicos y magnéticos en archivos de IBMETRO central La Paz"' (sic).

En ese entendido, por lo manifestado por IBMETRO se establece que al momento de efectuar el despacho aduanero de las citadas Declaraciones Únicas de Importación, se estableció que se presentaron certificados medioambientales falsos; es decir, no se contaba con la legal emisión de la certificación medioambiental de IBMETRO, evidenciándose una falsificación y utilización de documentación inexistente a efectos de validar una Declaración Única de Importación.

Posteriormente transcurrido el plazo de la etapa preliminar y en aplicación del art. 301 inc. 1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), se emitió imputación formal solo en contra de Winston Adhemar Arteaga Mendoza el 10 de enero de 2016, por la comisión del delito de uso de instrumento falsificado y el 30 de mayo de 2018, el Fiscal de Materia (Pablo Daniel Manrique Videla), dispuso su sobreseimiento en razón a que la investigación no aportó elementos suficientes para fundar la imputación.

El 14 de abril de 2017, el Fiscal de Materia a cargo de la investigación, emitió Resolución de Rechazo de la denuncia a favor de Yolanda Rosario Gonzales Foronda representante de la Agencia Despachante de Aduana "SAA" S.R.L., por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; posteriormente el 17 de abril de 2018, como víctimas -hoy accionantes- presentaron la objeción e impugnación a las Resoluciones de rechazo y sobreseimiento, solicitando su revocatoria, en razón a que la prueba no fue debidamente valorada, así como tampoco la normativa aduanera aplicable al caso.

Finalmente el 7 de julio de 2018, el Fiscal Departamental de Potosí, emitió la Resolución FDP-T.O.R./FACM 224/2018, que ratificó la Resolución Fiscal de Rechazo de 14 de abril de 2017; y, emitió la Resolución FDP-T.I.S./FACM 129BIS/2018 de 30 de julio de 2018, que confirmó la Resolución de sobreseimiento de 7 de abril de 2018, indicando que no se configuran la perpetración de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado en relación a las acciones asumidas por los sindicados Winston Adhemar Arteaga Mendoza y Yolanda Rosario Gonzales Foronda, y con relación al coimputado Eddy Mamani Chacapacha, se tramitó la extinción de la acción por muerte del mismo y que respecto a la valoración de los elementos de convicción se entiende que fueron analizados durante el transcurso de la investigación por parte del titular de la investigación, asumiendo que no se aportó suficientes elementos de convicción.

Señala que en la Resolución de rechazo de 14 de abril de 2017 y la Resolución FDP-T.O.R./FACM 224/2018 emitida en favor de Yolanda Rosario Gonzales Foronda, incurrieron en la falta de fundamentación por qué no se pronunciaron de manera expresa positiva y precisa respecto a la prueba aportada durante la etapa preliminar de la investigación y no realizaron una valoración lógica respecto a quién utilizó los referidos certificados medioambientales falsos a efectos de validar las Declaraciones Únicas de Importación 2010/543/C-1458; 2010/543/C-1459; 2010/543/C-1460 y 2010/543/C-1463 que fueron utilizados por Yolanda Rosario Gonzales Foronda a sabiendas de que eran falsos por el cual se evidencia que existían suficientes elementos de convicción para imputarla respecto al delito de uso de instrumento falsificado.

Por otra, parte manifiesta que las Resoluciones FDP-T.I.S./FACM 129BIS/2018 que confirma el sobreseimiento a favor de Winston Adhemar Arteaga Mendoza y la FDP-T.O.R./FACM 224/2018 que ratifica el rechazo de querella en favor de Yolanda Rosario Gonzales Foronda, fueron emitidas con falta de fundamentación, por no haberse pronunciado de forma expresa, positiva y precisa, respecto a la prueba aportada durante la etapa preliminar de la investigación en relación a Yolanda Rosario Gonzáles Foronda, pues no estableció de manera objetiva su responsabilidad, siendo que en la propia Resolución Fiscal de Rechazo devienen elementos de prueba que demuestran ello, entre estos el Informe emitido por IBMETRO que menciona que los certificados medioambientales "... no cuentan con respaldo físico en sus archivos digitales; así también indican, que algunos certificados tienen por código de recinto aduanero '01' o '04' siendo el código correcto para frontera Avaroa es el '03', por lo cual con esta prueba documental trascendente ya se tenía la veracidad de que los Certificados Medio Ambientales habrían sido falsificados" (sic), y si bien el Fiscal de Materia sostuvo que no se pudo establecer quien habría falsificado dichos documentos, empero, no realizó una valoración lógica respecto a quien utilizó dichos documentos a efectos de validar las DUIs cuestionadas, que en este caso en razón a su función, fueron utilizados por la antes nombrada a sabiendas que era falso, de lo que se tiene que existían suficientes elementos de convicción para imputar respecto al delito de uso de instrumento falsificado, pero no existió una debida fundamentación al respecto; y, simplemente la Resolución Jerárquica, se limitó a indicar que estos extremos no se configuran y que fueron observados por el titular de la investigación en su Resolución Fiscal de Rechazo, por lo cual dichos argumentos esgrimidos no tienen sustento en los antecedentes fácticos menos en el derecho.

Agregó que las aludidas Resoluciones Jerárquicas, carecen de la suficiente y razonable motivación que justifique su determinación final de ratificar el rechazo y sobreseimiento dictados por los Fiscales de Materia; consecuentemente, omitieron cumplir con su obligación de fundamentar exhaustiva y minuciosamente su decisión, y sin realizar una relación causal, motivada entre el contenido de la querella, los elementos obtenidos dentro el proceso de investigación, los argumentos de la imputación formal y los de objeción al sobreseimiento y rechazo, se limitó simplemente a concluir falsa e inapropiadamente que los elementos recolectados fueron insuficientes para fundar una imputación, sin siquiera revisar ninguna de las problemáticas planteadas en la objeción, dejando susceptibilidad e incertidumbre por la forma como resolvió la situación jurídica de la sindicada.

Así también menciona que, las autoridades demandadas omitieron asignar una labor valorativa a la prueba cursante en el cuaderno de investigación, una de ellas, el Informe emitido por IBMETRO, sobre el cual debió existir razonabilidad, ya que si no existe respaldo físico de los certificados medioambientales en dicha institución, ya se presumía su falsedad, por lo que resulta sorprendente que no se haya tomado en cuenta, que dicho documento fue utilizado por Yolanda Rosario Gonzáles Foronda a sabiendas de que el mismo era falso, siendo que ella cuenta con la experiencia necesaria para la realización del trámite de importación de los vehículos en cuestión; sin embargo, no existió una labor razonable de la prueba de parte de los demandados.

Alegó también que, se vulneró su derecho a la defensa, ya que en razón a la prueba documental y testifical, existían suficientes indicios de convicción en relación a la comisión del delito de uso de instrumento falsificado por parte de Yolanda Rosario Gonzáles Foronda; empero, el Fiscal Departamental de Potosí ratificó la Resolución Fiscal de Rechazo del inferior, sin considerar toda la disposición aduanera que se aplica para el despacho aduanero, evidenciando que no existió un proceso justo y equitativo, lesionando también su derecho a la igualdad, porque no ha existido en el proceso igualdad de partes, encontrándose en desventaja la ANB porque los Fiscales no se manifestaron de manera precisa porque no se ha configurado el tipo penal de uso de instrumento falsificado, ni se valoró correctamente la prueba aportada.

I.1.2.Derechos supuestamente vulnerados

La parte impetrante de tutela denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, a la valoración de la prueba, a la defensa e igualad de partes, citando al efecto los arts. 115.I y II; y, 119.I y III de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio