0904/2021-S3

El 1 de mayo de 2020, se realizó la audiencia de cesación de la detención preventiva, en dicho acto procesal, el ahora tercero interesado alegó que:

1. a)Respecto al art. 239.1 del CPP con relación al riesgo de obstaculización -art. 235.2 del CPP-, que el mismo únicamente está vinculado a la falta declaración de Juan Evo Morales Ayma, ex Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia quien -en ese entonces- se encontraba asilado en la República de Argentina; y,
2. b)Al tenor del art. 239.5 del indicado Código reiteró estar delicado de salud y presentó un Certificado Médico de 4 de marzo de 2020, un Certificado Médico Forense de 13 de ese mes y año, y una Certificación -010/2020- de 29 de abril de igual año emitida por el Hospital Arco Iris.

En contraposición, conjuntamente con el Ministerio Público manifestaron que:

1. 1)Con relación al art. 239.1 del CPP, no es evidente que únicamente falte la declaración de Juan Evo Morales Ayma, ex Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia sino que además falta la declaración de Ángela Aduviri, Patricia Hermosa y Teresa Alvarado, por lo que se encuentra pendiente el riesgo de obstaculización; y,
2. 2)Respecto al art. 239.5 del mismo Código, que los tres Certificados Médicos son insuficientes y contradictorios por distintos motivos.

No obstante de la referida contraposición, mediante Resolución 23/2020 de 1 de mayo, se dispuso la cesación de la detención preventiva del ahora tercero interesado, bajo los siguientes fundamentos:

1. i)Respecto a las declaraciones de Ángela Aduviri y Patricia Hermosa, denegó su incorporación al no poder agregar nuevos elementos que agraven el riesgo de obstaculización; y,
2. ii)Que la parte actora -accionantes- no se habría contrapuesto a la existencia del síndrome migrañoso y al diagnóstico de neurocisticercosis, y que según el Certificado Médico de 4 de marzo de 2020, el paciente debe estar con controles periódicos y administración de medicamentos. Al respecto, se solicitó complementación de la valoración de la Certificación -010/2020- extendida por el Hospital Arco Iris al no ser un Hospital público de tercer nivel; sin embargo, se señaló que el mismo no mereció contraposición de la parte actora; refutado ese argumento se indicó que dicha Certificación fue obtenida sin requerimiento fiscal y que no fue homologada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF); ante ello, el Juez de la causa enmendó indicando que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional si los certificados médicos generan suficiente convicción a la autoridad jurisdiccional el requerimiento del IDIF no es necesario.

Debido a los agravios advertidos, la Resolución 23/2020 fue objeto de recurso de apelación incidental, en ese sentido en la audiencia de 12 de mayo de 2020, se solicitó se revoque la misma, con los siguientes argumentos:

1. a)El Ministerio Público señaló que pese a encontrarse latente el riesgo de obstaculización -art. 235.2 del CPP- se dispuso la cesación de la detención conforme al art. 239.5 del indicado Código en atención a Certificados Médicos que no evidencian una enfermedad grave; y,
2. b)El INRA señaló como primer agravio la vulneración del derecho de la víctima a ser oída, toda vez que la Jueza a quo rechazó sin fundamento la incorporación de un nuevo elemento de obstaculización, y como segundo agravio la vulneración al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, por lo siguiente:
3. 1)La Certificación -010/2020- del Hospital Arco Iris, fue presentada en audiencia, no fue notificada a la parte actora, si bien fue expuesta en la audiencia virtual, esta no se dio a conocer en su integridad;
4. 2)La referida Certificación no fue obtenida lícitamente mediante requerimiento fiscal u orden judicial;
5. 3)La mencionada Certificación carece de valor al no ser extendida por un hospital estatal de tercer nivel como recomendó el médico forense; además, la misma sugirió un control médico por especialidades; sin embargo el imputado -ahora tercero interesado- no presentó ningún respaldo de la realización de exámenes médicos; por lo cual, la Certificación 010/2020 no puede establecer que el hoy tercero interesado sea paciente de alto riesgo, para ello, el certificado debió ser emitido por el Ministerio de Salud o un Hospital Centinela para Coronavirus (COVID-19); y,
6. 4)Las certificaciones médico y hospitalarias fueron emitidas a partir del historial clínico, sin la revisión física del paciente, además de ser insuficientes por no contar con respaldo médico como historial clínico, exámenes y evolución, que acredite una enfermedad.

La Resolución 122/2020 incurrió en las siguientes vulneraciones:

1. i)El derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, vinculado al derecho a la defensa, porque no se pronunció sobre todos los agravios expuestos en el recurso de apelación incidental, y por referir que la parte actora no se contrapuso a los Certificados Médicos, lo cual es incongruente e irreal;
2. ii)Valoración irrazonable de la prueba y vulneración del derecho a la defensa y los principios de proporcionalidad, razonabilidad, verdad material sana crítica y seguridad jurídica, debido a que dispuso la cesación de la detención preventiva del imputado -ahora tercero interesado-, al amparo del art. 239.5 del CPP; sin embargo, los Certificados Médicos que se adjuntó no acreditaron la presunta enfermedad grave o terminal, incurriendo en errónea valoración de dichos documentos, los cuales son insuficientes, contradictorios e inidóneos; en ese sentido:
3. a)El Certificado Médico de 4 de marzo de 2020 refiere tres diagnósticos: migraña, hernias de disco L4 y L5 y neurocisticercosis, que tienen una data desde el 2013 con una evolución muy satisfactoria, eliminándose inclusive los quistes de cisticercosis;
4. b)El Certificado Médico Forense de 13 de igual mes de 2020, no evidenció signos y sintomatología de las patologías referidas, solamente establece que el imputado cuenta con síndrome migrañoso atribuible a dolor de cabeza ocasional, sugiriendo que sea valorado por un especialista en neurología de un centro médico público de tercer nivel, encontrándose al momento de la evaluación clínicamente estable y en condiciones de realizar sus actividades cotidianas al no presentar datos de descompensación que amerite urgencia o internación, siendo este el único diagnóstico en contacto directo con el paciente; y,
5. c)La Certificación 010/2020 del Hospital Arco Iris de 29 de abril, tiene las siguientes observaciones:
6. 1)No fue ofrecida en el memorial de 29 de dicho mes de 2020 a tiempo de solicitar la audiencia de cesación de la detención preventiva, ocasionando indefensión a la parte actora;
7. 2)No fue obtenida lícitamente a través de un requerimiento fiscal u orden judicial conforme establecen los arts. 206 del CPP y 85.1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), además de reiterar el argumento del Juez de primera instancia de no ser necesario el requerimiento al IDIF, sin expresar ningún fundamento jurídico, e incurriendo en omisiones indebidas e incongruencias;
8. 3)Carece de validez al incumplir la sugerencia del médico forense y no haber sido emitida por un Hospital público de tercer nivel;
9. 4)No adjuntó el respaldo del historial clínico ni el control médico de cardiología y neurología recomendados; y,
10. 5)No cuenta con respaldo de estudios de laboratorio y gabinete como ecografías, tomografías, resonancias magnéticas y electrocardiograma para acreditar la gravedad de la enfermedad; y,
11. iii)Se vulneró el principio de legalidad ya que el Vocal ahora accionado no consideró que de acuerdo al art. 239.6 del CPP la cesación de la detención preventiva no es aplicable a delitos de corrupción.