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TCP

0905/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
15 de junio de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0905/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0905/2026-S3 Sucre, 15 de junio de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 67442-2024-135-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 15/24 de 11 de septiembre de 2024, cursante de fs. 167 a 171 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Sandro Luis Molina Mendizabal en representación legal de la Empresa Constructora Vericedi Sociedad Anónima (S.A.) contra David Lanza Nolasco, Horacio Andaluz Vegacenteno y Alfonso Bottega Bortolini, todos miembros del Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial de la Camara Nacional de Comercio.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 2 y 4 de septiembre de 2024, cursante de fs. 118 a 129; y, 131 y vta., la empresa accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 31 de octubre de 2017, el Banco Unión Sociedad Anónima (S.A.), adjudicó a su Empresa Constructora VERICEDI S.A., la Construcción del Edificio Regional Chuquisaca de dicha entidad financiera, suscribiendo al efecto el Contrato CNB/AL/CH 10/2017 de 31 de octubre, por el monto de Bs35 354 541,22.- (treinta y cinco millones trescientos cincuenta y cuatro mil quinientos cuarenta y un 22/100 bolivianos), con un plazo de ejecución de cuatrocientos noventa y ocho días calendario; Contrato que posteriormente sufrió la adenda modificatoria 01/2019, que cambió el 100% del diseño original y se reelaboraron los diseños de ingeniería, reduciendo el presupuesto del proyecto, quedando como monto final el monto de Bs30 748 240,13.- (treinta millones setecientos cuarenta y ocho mil doscientos cuarenta 13/100 bolivianos).

Pese a las modificaciones e improvisaciones, realizadas por el Banco Unión S.A., lo que conllevó a un retraso de mil once días adicionales, al plazo inicial acordado; es decir, la ejecución de la obra que, debía durar cuatrocientos noventa y ocho días, duró mil quinientos nueve días calendario; entregándose la obra el 15 de febrero de 2022; conforme a Contrato, presentaron la Póliza de Garantía de Buena Ejecución de Obra BE3A-LP2-000007-08-2024, con vigencia de doce meses, equivalente al 10% del valor del Contrato; es decir, por el valor de Bs3 235 639,45.- (tres millones doscientos treinta y cinco mil seiscientos treinta y nueve 45/100 bolivianos), con vigencia hasta marzo de 2023; empero, ese plazo se amplió por veintidós meses calendario, ante lo cual, el referido Banco pretendió que sea por tiempo indefinido, motivo que hizo la situación insostenible.

Debido a ello, el 15 de enero de 2024, en atención a la cláusula arbitral del referido Contrato, presentó una solicitud de arbitraje, ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio; sin embargo, una vez la entidad financiera tomó conocimiento de dicha solicitud realizada de su parte, de forma inmediata, el mencionado Banco, procedió a ejecutar la Póliza de Garantía de Buena Ejecución de Obra, por su totalidad, como si todo el edificio recientemente entregado tuviera defectos de construcción, constituyendo ese accionar en un total abuso de su parte.

Posteriormente, el 28 de mayo de 2024, la referida empresa presentó ante el mencionado Centro de Conciliación, la solicitud urgente de aplicar la medida cautelar de prohibición de innovar, sustentándola en la existencia de peligro de perjuicio, que se encuentra previsto en los arts. 311 y 336 del Código Civil (CC), anunciando la formalización de la demanda arbitral por la Ejecución del Contrato de Construcción de 31 de octubre de 2017, que mereció la Resolución 03/2024 de 29 de mayo; por la cual, resolvió conceder la tutela impetrada y dispuso que la aseguradora Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A., se inhiba de ejecutar o pagar la Póliza en cuestión.

Luego, el 12 de junio de 2024, tal como afirmó, presentó la demanda ante el Tribunal Arbitral, corrido en traslado, el Banco Unión S.A. respondió por escrito, presentado el 17 de julio del citado año, solicitando el cese de la medida cautelar por un supuesto perjuicio que sería incluso mayor al consignado en dicha Póliza, afirmación realizada sin adjuntar documentación que respalde tal aseveración, solo un "auto interlocutorio" en fotocopias simples; no obstante ello, el referido Tribunal emitió la Resolución 05/2024 de 17 de agosto, por la cual, este resolvió cesar la mencionada medida cautelar, permitiendo con ello, la ejecución de la Póliza, y además, tal extremo implica el no pago, por parte de la señalada institución financiera, respecto a gastos adicionales efectuados durante la ejecución del Contrato CNB/AL/CH 10/2017, debido a causales imputables a la entidad contratante.

Contra esa determinación, se interpuso recurso de reposición, desvirtuando todos y cada uno de los falaces argumentos del referido Banco, y las ambigüedades e inconsistencias cometidas por el mismo Tribunal Arbitral; empero, tal recurso mereció un simple proveído, en el que se señaló que no correspondía la reposición en el arbitraje, dejándoles de esa manera en estado de indefensión, al no existir una autoridad o tribunal de apelación en el procedimiento arbitral, ante quien acudir. Finalmente, el 22 de agosto de 2024, se dictó la Resolución 07/2024, que resolvió una excepción de caducidad interpuesta por el Banco Unión S.A., que constaba en su contestación negativa a la demanda arbitral, la cual no se constituía en una reconvención como tal; pese a ello, dicha excepción fue declarada probada, disponiendo la guarda y archivo del expediente, a cargo del Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial de la Cámara Nacional de Comercio, sin siquiera analizar la prueba que como empresa presentaron, misma que estableció la existencia de gastos extraordinarios no reconocidos por el Banco Unión S.A., y que fueron cobrados una y otra vez; se suma a lo anterior que, el mismo Banco se negó a presentar el libro de órdenes de la obra, en el cual, de manera diaria se hacían constar los reclamos relacionados a plazos extraordinarios de la obra; pero eso no fue suficiente y decidieron negar todo derecho a la empresa.

Respecto a la Resolución 05/2024, emitida por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio, señaló: "...Todas las observaciones que tuviera el contratante sobre la mala ejecución de la obra están garantizadas por la póliza de garantía de buena ejecución de obra, pero no corresponde al Tribunal Arbitral decidir sobre esos extremos, porque la competencia del Tribunal no ha sido abierta a dichos efectos por el propio demandante (...) resulta que el acto temido por el demandante no ha sido presentado a este tribunal como una controversia específica, sobre la cual se debe emitir un pronunciamiento específico..." (sic); es decir, el Tribunal arbitral se apartó del proceso y declinó su competencia, bajo el argumento que el objeto de la demanda no es la ejecución de la póliza, además, sostuvieron que como empresa, estarían abusando de sus derechos al solicitar la medida cautelar, cuando en este caso el abuso viene del Banco Unión S.A., entidad que pretende ejecutar la referida boleta de garantía, que tiene más de veintidós meses de vigencia y que ha sido renovada más de siete veces, ello a capricho de la mencionada entidad financiera, cuando el Contrato solo establecía la vigencia de dicha Póliza por un año.

Por otra parte, dicha Resolución 05/2024, señaló que, considerando que el Banco Unión S.A., alegó que la empresa se excedió al solicitar la medida cautelar, conforme prevé el art. 323 del Código Procesal Civil (CPC), tal cuestión no puede resolverse accesoriamente al levantamiento de esa medida, pues requiere previa demostración en un debido proceso, en el cual las resoluciones deben verificar el uso abusivo de derechos, el daño específico causado, su cuantía, y otros; por lo que, el Tribunal Arbitral entiende que aquello está fuera del alcance de la cláusula arbitral.

Ahora bien, tal argumento desconoció que su solicitud está respaldada por el art. 336.I del CPC; es decir, la medida pedida es conservativa y busca mantener el statu quo o la situación de hecho, establecida antes que se procediera a su adopción, además para su otorgación es necesario que el derecho fuere verosímil y que exista peligro que pueda alterar la solución del hecho o derecho, o que la modificación pudiere influir en la sentencia, hacer ineficaz o imposible su ejecución, presupuestos que fueron demostrados por la empresa en la demanda arbitral y el memorial de solicitud de medidas cautelares; en efecto, el art. 336.I parágrafo II, establece que excepcionalmente y ante la inminencia de un perjuicio irreparable, la autoridad puede ordenar medidas destinadas a reponer un estado de derecho, en este caso, su solicitud de medidas cautelares pretendió evitar la consumación de un daño mayor del que ya había sufrido la empresa.

En cuanto a que el Tribunal Arbitral no tiene competencia en esta causa, de acuerdo a la cláusula vigésima primera del Contrato, la misma no hizo ninguna exclusión de tema o materia del arbitraje; por lo que, el haberse declarado incompetentes, de manera parcializada y precipitada, estarían ilegalmente negándose a cumplir con lo aceptado de manera expresa y voluntaria por las partes.

En ese sentido, el Tribunal demandado al haber emitido la Resolución 05/2024, que levantó la medida cautelar, anticipó su laudo arbitral al ordenar la ejecución de la Póliza de Garantía de Buena Ejecución de Obra, pues implica que la empresa incumplió con sus obligaciones e imposibilita ejercer reclamo contra el Banco Unión, en atención al art. 568 CC, que establece que en los contratos con prestaciones recíprocas, solamente, la parte que cumple el contrato puede pedir judicialmente el cumplimiento y resarcimiento de daño por parte del que incumplió; sin embargo, el Tribunal Arbitral tomo su decisión incluso antes de que inicie la etapa probatoria, pese a incluso que tenía la documentación que consta de más de cuatro mil fojas, y fue anterior a la demanda y solicitud de arbitraje.

En lo que concierne a la dictación de la Resolución 07/2024 de 22 de agosto, que resolvió la excepción de caducidad planteada por el Banco Unión S.A., alegó que el referido Tribunal demandado no atendió ninguno de sus argumentos ni pruebas documentales que desvirtuaban las falacias e incongruencias emitidas por la mencionada institución financiera; es más, en ninguna de las partes de dicha resolución, se estableció fundamentos de hecho ni derecho, tampoco se valoraron los documentos, omitiendo -también- los requerimientos de las partes, parcializando su determinación a una sola.

De igual forma, la Resolución 05/2024, tampoco valoró las pruebas que presentaron como empresa, ni siquiera se les permitió llegar a la etapa probatoria; empero, de manera contradictoria, si apreciaron la documentación desplegada por el Banco Unión S.A., y, en lo que respecta a la ejecución de la Póliza de Garantía de Buena Ejecución de Obra, el Tribunal Arbitral les sancionó como empresa, sin antes haber efectuado un análisis crítico y lógico de los hechos, situación que se replicó al momento de resolver la excepción, en la que tampoco les dieron la posibilidad de responder a través de un memorial de descargo. Además, esa resolución carece de argumentos de hecho y derecho, apartándose completamente de la fundamentación que debe tener cualquier determinación; incluso, el Tribunal demandado desconoció solicitar al Banco Unión S.A., la remisión de documentación idónea como los Libros de órdenes; por lo que, los mismos tampoco fueron valorados.

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