0906/2019-S2

Expediente: 29217-2019-59-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 9 de mayo de 2019, cursante de fs. 135 a 138 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Idilfonso Peñaranda Llanos contra Mario Severiche Bustamante, Alcalde, Wilmer Jaillita Mendia, Presidente del Concejo, Aleida Angulo Cuevas, Ex Presidenta del Concejo, David Suárez Rivero, Silvia Flores Aranda, Julio Nelson Plaza Rodríguez, Lucelia Gómez Balderrama, Nelly Otalora Ferrufino, Giovana Marzana Veizaga y Cresencia Padilla Flores, Concejales, todos del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua del departamento de Cochabamba. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Por memorial presentado el 18 y 29 de octubre de 2018, cursantes de fs. 31 a 35 vta.; y, 39 a 41 vta., el accionante pone a consideración lo siguiente: I.1.1. Hechos que motivan la acción El 24 de agosto de 2017 el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua del departamento de Cochabamba sancionó la Ley Municipal 128/2017, que fue promulgada por el Alcalde de ese municipio el 25 de igual mes y año, luego publicada en el periódico Los Tiempos el 27 de mismo mes y año; Ley que a través de la cual el referido Concejo Municipal determinó la declaratoria de necesidad y utilidad pública para la expropiación de bienes inmuebles para la ampliación del Cementerio General; sin embargo, en cuyos artículos detalló a los propietarios, superficies a expropiar, superficies construidas y colindancias; asimismo, dispuso que el proceso de expropiación sea tramitado con sujeción a la Constitución Política del Estado y a la normativa correspondiente, previo pago de la justa indemnización; también concedió el plazo de quince días a los propietarios para acreditar su derecho propietario, presentar planos, avalúos y comprobantes de pago de impuestos; finalmente, encargó su cumplimiento al Ejecutivo Municipal, a través de sus secretarias y direcciones correspondientes. Luego de recibir información ampliatoria de los funcionarios del Ejecutivo Municipal respecto al proceso de expropiación y presupuesto asignado para ese efecto, varios afectados decidieron indagar al respecto, y encontraron que el Concejo Municipal no tendría atribución para emitir la declaratoria de necesidad y utilidad pública para la expropiación de bienes inmuebles, en ese sentido llegaron a la conclusión que la Ley Municipal 128/2017 "habría nacido muerta", pues sería nula de pleno derecho; por lo que, señala que la referida atribución estaría reservada a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Gobierno Autónomo Municipal. Ante esa situación, mediante memorial de 25 de octubre de 2017, junto con otros afectados solicitó al Alcalde Municipal que se paralice el proceso de expropiación y se deje sin efecto todas las instructivas, publicaciones, decretos y notificaciones; y, se realice la devolución de la documentación entregada; sin embargo, dicha solicitud fue denegada bajo el argumento que el referido trámite debía continuar. Al respecto, a través de memorial de 6 de diciembre de igual año, solicitaron al Presidente y Concejales del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, la abrogación de la Ley Municipal 128/2017 por ser nula de puro derecho al haber sido emitido por un ente sin la debida competencia, señalando la atribución para determinar la declaratoria de necesidad y utilidad pública para la expropiación de una propiedad privada es exclusiva de la MAE, misma que fue respondida de manera negativa mediante CITE: M.C./DIR/ 857/2017 de 19 de diciembre. Finalmente, mediante memorial de 13 de marzo de 2018, reiteró su solicitud; sin embargo, a través de CITE: C.M.C./DIR/ 262/2018 de 3 de abril, el Concejo Municipal la rechazó habiendo sido notificado el 13 de igual mes y año. Cabe señalar que el Concejo Municipal de Colcapirhua, al haber sancionado la Ley Municipal 128/2017, ha vulnerado su derecho a la propiedad privada. Por otro lado, refiere que la declaratoria de necesidad y utilidad, pública para la expropiación de bienes inmuebles privados es una competencia del Órgano Ejecutivo Municipal, misma que se puede ejercer a través de resoluciones o decretos municipales, instrumentos que pueden ser objeto de impugnación, incluso de una demanda contenciosa administrativa; sin embargo, al haber sido promovida a través de una Ley Municipal no es susceptible de impugnación por las vías señaladas, dando lugar a la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos al juez natural y a la defensa. Finalmente, siendo que la citada norma municipal no es susceptible de impugnación, refiere agotada la instancia previa para acudir a la acción de amparo constitucional. I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados Denuncia la lesión de sus derechos a la propiedad privada, al debido proceso en sus elementos al juez natural y a la defensa, citando al efecto los arts. 56 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio Solicita se le conceda la tutela y disponga:

1. a)La nulidad de la Ley Municipal 128/2017 emitida por el Concejo Municipal de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, órgano que no es competente para disponer la expropiación de un bien inmueble;
2. b)La nulidad de la publicación de la referida Ley, efectuada en el periódico Los Tiempos; y,
3. c)Que los hoy demandados cancelen las costas procesales. I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías Celebrada la audiencia pública el 9 de mayo de 2019, según consta en el acta cursante de fs. 132 a 134 vta., produciéndose los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación de la acción La parte accionante, mediante su abogado, ratificó el contenido de la acción tutelar presentada. I.2.2. Informe de las autoridades demandadas Mario Severiche Bustamante, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito cursante de fs. 94 a 97 vta. y en audiencia señalaron que:
4. 1)Mediante memorial de 25 de octubre, el hoy accionante junto a Martha Estrada de Vera y Victoria Rojas Mamani solicitó paralizar y dejar sin efecto el proceso de expropiación, mediante Resolución Municipal Administrativa MAE-EXP-01/2017 de 29 de noviembre se negó dicha solicitud, misma que fue notificada mediante cédula en el domicilio real del aludido, conforme establece el art. 33.V de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-, sin embargo, la referida determinación no fue objeto de impugnación, dando lugar a que la presente acción sea improcedente por no haberse agotado la subsidiariedad señalada;
5. 2)Por otro lado, de manera equivocada el aludido plantea una acción de amparo constitucional solicitando se determine la nulidad de una Ley Municipal por falta de competencia, siendo el instrumento correcto a esos efectos el recurso directo de nulidad, así lo establece el art. 122 de la CPE concordante con el art. 143 del Código Procesal Constitucional (CPCo);
6. 3)Por otra parte, la presente acción de amparo constitucional fue interpuesta el 18 de octubre de 2018 y la respuesta a su petición fue legalmente notificada el 30 de noviembre de 2017; por lo que, se colige que han transcurrido más de once meses entre esta última fecha y la primera;
7. 4)Asimismo, en el numeral tercero de la referida acción de defensa, el demandante señaló que el Concejo Municipal rechazó su solicitud de abrogación de la Ley Municipal 128/2017, respuesta con la cual fue notificado el 13 de abril de 2018, de donde se extrae que la interposición de esta acción es extemporánea, pues ha transcurrido más de seis meses entre una fecha y otra; y,
8. 5)Respecto a la SCP 0836/2016-S2 de 12 de septiembre, citada por el accionante en su demanda, la misma no guarda relación con el proceso de expropiación que se encuentra en trámite; asimismo, se tiene que en el referido proceso se ha cumplido con el procedimiento administrativo establecido por ley. Wilmer Jaillita Mendia, Presidente del Concejo, Aleida Angulo Cuevas, ex Presidenta del Concejo, David Suárez Rivero, Silvia Flores Aranda, Julio Nelson Plaza Rodríguez, Lucelia Gómez Balderrama, Nelly Otalora Ferrufino, Giovana Marzana Veizaga y Cresencia Padilla Flores, Concejales, todos del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua mediante informe y en audiencia señalaron que:
9. i)El 5 de julio de 2017 ingresó al Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua la Nota Cite: G.A.M.C./DESP/C.M. 189/2017 a través de la cual el Alcalde del referido Municipio remitió el proyecto de ley de expropiación de terrenos colindantes al Cementerio Municipal de Colcapirhua, acompañando al respecto informes técnico, legal, topográfico, avalúo catastral, certificación presupuestaria, entre otros; en cuya virtud y conforme a lo establecido en el art. 16 numerales 4 y 35 se "recomendó la autorización de la Ley de Expropiación de los terrenos colindantes con el cementerio";
10. ii)Por otro lado, en la presente acción de defensa no se ha identificado qué derechos habría vulnerado este ente deliberante, así al autorizar la Ley Municipal de Expropiación de Bienes Privados se actuó conforme a la normativa legal vigente;
11. iii)Respecto al derecho a la defensa, se tiene que el Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua ha dado cumplimiento a cada una de las etapas del proceso de expropiación, en cuyo marco el hoy accionante podía haber hecho uso de los recursos en cada una de las instancias del referido proceso; sin embargo, el aludido no realizó ninguna actuación al respecto;
12. iv)Con relación a la supuesta vulneración del derecho al debido proceso, es pertinente señalar que el referido ente "al haber emitido una Ley Municipal no ha juzgado sino ha emitido una ley" (sic); y,
13. v)Finalmente, solicitan se deniegue la tutela solicitada. I.2.3. Intervención del Tercer interesado Martha Estrada de Vera, en su calidad de tercer a interesada, a través de su abogada, en audiencia se adhirió a todo lo manifestado en la presente acción de amparo constitucional. I.2.4. Resolución El Juez Público Mixto e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante la Resolución de 9 de mayo de 2019, cursante de fs. 135 a 138 vta., "declaró improcedente" la acción de amparo constitucional interpuesta; bajo los siguientes fundamentos: a) Respecto a la solicitud de paralizar y dejar sin efecto el proceso de expropiación realizado por el hoy accionante a través del memorial de 25 de octubre de 2017, se emitió la Resolución Municipal Administrativa MAE-EXP-01/2017 de 29 de noviembre, que rechazó dicha solicitud, determinación con la cual pese a haber sido notificado el 30 de igual mes y año, el aludido no interpuso ningún recurso de impugnación, de donde se advierte que no habría agotado esa instancia, requisito indispensable para la procedencia de la presente acción de defensa; b) No obstante, mediante memorial de 6 de diciembre de 2017, el referido solicitó ante el Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua, la abrogación de la Ley Municipal 128/2017, solicitud que mereció la Nota Cite: C.M.C./DIR 857/2017 de 19 de diciembre, luego mediante memorial de 14 de marzo de 2018, reiteró la referida petición, obteniendo como respuesta la Nota Cite: C.M.C./DIR 262/2018 de 3 de abril que rechazó la misma, con la que fue notificado el 13 de igual mes y año, extremo que se corrobora por lo esgrimido por el accionante en su acción de amparo constitucional; c) En ese marco y de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, el cómputo del plazo de los seis meses se efectúa a partir de la última vulneración alegada o en su caso del último reclamo efectuado por el agraviado, que en el caso de autos es la referida Nota Cite: C.M.C./DIR 262/2018 de 3 de abril, con la cual el aludido fue notificado el 13 de abril de 2018; asimismo, se advierte que la presente acción de defensa fue interpuesta el 18 de octubre de 2018; es decir, fuera del término establecido en el art. 129.II de la CPE concordante con el art. 55.I del CPCo, incumpliendo de esa manera el principio de inmediatez que rige a este tipo de acción constitucional. Posteriormente, en la vía de la complementación y enmienda, el accionante señaló que habría presentado una acción de amparo constitucional misma que se tuvo por no presentada. Al respecto, el Juez de garantías, complementó señalando que además de la copia del Auto de 16 de octubre de 2018 que cursa en obrados, a través de la cual el anterior titular de ese Juzgado dispuso "tener por no presentada la acción" interpuesta por el hoy accionante en contra de Aleyda Angulo Cuevas y otros, no existen mayores datos para presumir que se trata de un proceso con la misma causa, objeto y sujetos; extremo que tampoco fue alegado por el impetrante de tutela en audiencia; en ese sentido, al no haber mayores antecedentes probatorios que demuestren lo aseverado por el aludido demandante, no es posible atender lo solicitado en esta vía. II. CONCLUSIONES De la revisión y compulsa de los antecedentes cursantes en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Ley Municipal 128 de 24 de agosto de 2017, a través de la cual el Concejo Municipal de Colcapirhua del departamento de Cochabamba dictó "Declaratoria de necesidad y utilidad pública para la expropiación de bienes inmuebles para la ampliación del cementerio general de Colcapirhua"; asimismo, en su art. 2.3 la referida norma establece "Se declara de necesidad y utilidad pública para la expropiación de los bienes descritos a continuación: propiedad de Idelfonso Peñaranda Llanos y Sra., con una extensión superficial de 611,00 m2. Lote a expropiar de 611,00 m2 y construcción a expropiar de 119,00 m2; colindancias al Norte con David Vera Gandarillas, Al Sud Andres Gómez Melgarejo, al Este calle La Paz y al Oeste Cementerio General de Colcapirhua" (fs. 12 a 13). II.2. Publicación de 27 de agosto de 2017, en el medio de prensa Los Tiempos de la Ley Municipal N° 128 de 24 de igual mes y año (fs. 14). II.3. Corre memorial de 6 de diciembre de 2017, a través del cual Idilfonso Peñaranda Llanos solicitó a los miembros del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua la abrogación de la Ley Municipal 128 (fs. 15 a 17); misma que fue atendida mediante Nota CITE: C.M.C./DIR. 857/2017 de 19 de diciembre (fs. 18). II.4. Mediante memorial de 14 de marzo de 2018, Idilfonso Peñaranda Llanos reiteró la solicitud de abrogación de la Ley Municipal 128 (fs. 19); empero, a través de CITE: C.M.C./DIR. 262/2018 de 3 de abril, Aleida Angulo Cuevas y Wilmer Jallita Mendia, Presidenta y Concejal Secretario, ambos del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua, rechazaron dicha solicitud (fs. 20). III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO El accionante, alega la vulneración de sus derechos a la propiedad privada, al debido proceso en sus elementos al juez natural y a la defensa, señalando que el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, sin competencia, sancionó la Ley Municipal 128/2017 de 24 de agosto sobre "Declaratoria de necesidad y utilidad pública para la expropiación de bienes inmuebles para la ampliación del cementerio general de Colcapirhua", pues esa atribución corresponde al Ejecutivo Municipal y puede ser ejercida a través de resoluciones o decretos municipales. En revisión, corresponde, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional