0907/2022-S1

Bajo el marco señalado precedentemente, el mencionado Auto de Vista 129 incurrió en los siguientes agravios:

1. a)Refirió taxativamente que "el quantum de la pena o el grado de complicidad no implicaría la desaparición de la prohibición contenida en el art. 138 inc. 1 de la Ley 2298" (sic), realizando una interpretación sesgada del referido artículo, sin considerar que existirían precedentes contradictorios dictados por otros tribunales; y sin entender que autor, copartícipe y cómplice son considerados en razón de su participación del hecho, mereciendo un tratamiento distinto en la imposición y ejecución de la pena;
2. b)Respecto a la igualdad y no discriminación; existirían fallos como precedentes contradictorios, que en la misma casuística de determinar o no la redención por delitos de asesinato en grado de complicidad, se les dio curso; por lo que, no sería justo que no se dé aceptación a su solicitud, lo que le generaría inseguridad jurídica;
3. c)Con relación a la congruencia, en el recurso de alzada indicó que la Sentencia condenatoria no se pronunció respecto a que no tuviera derecho a indulto, además manifestó que se aplicaron precedentes contradictorios; aspectos que de la lectura del Auto de Vista recurrido en amparo constitucional, no se encuentran respondidos;
4. d)Solo se limitó a citar el art. 138.1 de la LEPS, sin explicar su pertinencia al caso de autos, ya que se reiteró que la condena impuesta en ninguno de sus acápites indicó que su pena no tuviera derecho a indulto; por lo que, simplemente se realizó una manifestación de sindicación normativa, sin explicar su pertinencia con la Sentencia y los alcances de la misma, incurriendo en una falta de fundamentación; y,
5. e)En cuanto a la motivación, indicó que "el delito es reprochable" (sic), y que el señalado Juez de Ejecución Penal, carecería de atribución legal para volver a juzgarle por la comisión de dicho ilícito, sin entender que autor y cómplice, no son lo mismo.

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia:

1. 1)Se ordene a los Vocales demandados, que dispongan la inmediata prosecución del incidente de redención en los plazos oportunos, dispuestos por la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, y su reglamentación, dentro de las veinticuatro horas; y,
2. 2)En consideración a la flagrante vulneración de derechos fundamentales, se ordene la respectiva remisión al régimen disciplinario del Consejo de la Magistratura, en aplicación del art. 39.II del Código Procesal Constitucional (CPCo).

La accionante a través de su abogado, en audiencia ratificó in extenso el contenido de la presente acción de amparo constitucional y ampliándola, manifestó que:

1. i)Fue juzgada por el delito de asesinato junto a otra persona que sería el autor, siendo sentenciada en calidad de cómplice a cumplir una pena privativa de libertad quince años de presidio en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; es así que el autor recibió la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto; en ese entendido, concluidas las dos quintas partes de la condena, planteó un incidente de redención; sin embargo, el Juez de la causa mediante Auto Interlocutorio 171/2020, rechazó el mismo bajo el argumento de que la redención no correspondería conforme el art. 138.1 de la LEPS, la cual hace referencia a no estar condenado por delitos que no permitan el indulto; decisión que fue apelada ante los Vocales ahora demandados, quienes emitieron el Auto de Vista 129, que declaró improcedente el recurso apelación incidental, en el sentido que por la gravedad del ilícito no es viable dicho beneficio, y que el hecho de haber sido condenada por el delito en complicidad de asesinato, no le eximiría de responsabilidad;
2. ii)Los Vocales ahora demandados, pasaron por alto aspectos que ya fueron considerados por la jurisprudencia; es decir, existirían casos concretos en los que las personas fueron beneficiadas con la redención cumpliendo requisitos; al respecto, no fundamentaron su determinación limitándose a establecer que no se cumplía el art. 138.1 de la LEPS; ya que no es lo mismo autor, copartícipe y cómplice, en el entendido de que el autor es el sujeto activo del delito, el cual puede ser inmediato, mediato según el caso; copartícipe es el colaborador directo de la comisión del ilícito; y, cómplice es la persona que sin ser autora de un delito coopera en su perpetración por otros actos anteriores o simultáneos; ya que la ahora demandante de tutela, mantenía una relación sentimental con el autor y precisamente por esa razón no tuvo participación, por lo que consideró que se vulneraron sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia e igualdad ante la ley; y
3. iii)En cuanto a la redención de las penas, la SCP 0579/2018 de 28 de septiembre², establece que las personas privadas de libertad gozan de iguales derechos y garantías, salvo las restricciones establecidas por la ley, el art. 74.I de la LEPS establece que es responsabilidad del Estado velar por la reinserción social de las personas privadas de libertad, por el respeto a sus derechos, su retención y custodia; asimismo, señala que las personas privadas de libertad tienen oportunidad de trabajar y estudiar en los centros penitenciarios; el art. 10 de la misma Ley, determina que la ejecución de penas se basa en el sistema progresivo que promueve la preparación de internos para la reinserción social; en ese entendido, la Sentencia 27, en ninguna parte indicó que la ahora accionante no tenga derecho al indulto, ya que no era autora del delito sentenciado, y que el grado de participación hizo referencia a la complicidad con la que hubiera actuado, por lo que tendría todo el derecho de beneficiarse con la redención y el indulto que solicitó ante el Juez de la causa; su único error fue mantener una relación sentimental con el autor del delito, mismo que evidentemente fue sentenciado a treinta años sin derecho a indulto, por lo que solicitó se conceda la tutela.

La Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 77/2021 de 1 de julio, cursante de fs. 90 vta. a 96 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:

1. a)La interpretación de la ley sustantiva Penal es competencia de los tribunales ordinarios, por lo que el Tribunal Constitucional Plurinacional no podría ingresar a valorar la legalidad ordinaria y mucho menos realizar una interpretación de las normas de contenido ordinario frente a lo que pudiese ser una eventual vulneración de derechos y garantías constitucionales;
2. b)El indulto es una medida política incorporada en la legislación boliviana, que determina ciertos grados de perdón y olvido; en ese entendido, de que sería aplicable o no el indulto para los grados de participación, es el tipo penal el que determina, y además la regulación del indulto, será la que permita o no la aplicación de este beneficio; y,
3. c)Las autoridades ahora demandas realizaron una interpretación correcta del alcance normativo de los arts. 23 y 252 del CP.

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la igualdad ante la ley, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; así como los principios de tutela judicial efectiva, favorabilidad e indubio pro homine; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra junto a otras personas, por la presunta comisión del delito de asesinato en grado de complicidad, previsto y sancionado por el art. 252.2 con relación al art. 23 del CP, presentó un incidente de redención, argumentando que cumplió dos quintas partes de su condena, tal como establece el art. 138.1 de la LEPS; sin embargo, el mismo fue rechazado mediante el Auto Interlocutorio 171/2020 de 1 de septiembre; el cual una vez apelado, fue declarado improcedente a través de Auto de Vista 129 de 23 de octubre de 2020, que incurrió en los siguientes agravios:

1. 1)Señala taxativamente que "el quantum de la pena o el grado de complicidad no implicaría la desaparición de la prohibición contenida en el art. 138 inc. 1 de la Ley 2298" (sic), realizando una interpretación sesgada del referido artículo, sin considerar que autor, copartícipe y cómplice son considerados en razón de su participación en el hecho, por lo que merecen un tratamiento distinto en la imposición y ejecución de la pena;
2. 2)Respecto a la igualdad y no discriminación; existen fallos como precedentes contradictorios, que en la misma casuística de determinar o no la redención por delitos de asesinato en grado de complicidad, se les dio curso; razón por la que, no es justo que no se dé curso a su solicitud, lo que le genera inseguridad jurídica;
3. 3)Con relación a la congruencia; en el recurso de alzada, indicó que la sentencia condenatoria no tenía un pronunciamiento respecto a que no tuviera derecho a indulto, además manifestó que se apliquen precedentes contradictorios; aspectos que de la lectura del Auto de Vista recurrido en amparo constitucional, no se encuentran respondidos;
4. 4)Solo se limita a citar el art. 138.1 de la LEPS, sin explicar su pertinencia al caso de autos, ya que se reitera que la condena impuesta en ninguno de sus acápites indica que su pena no tuviera derecho a indulto; por lo que, simplemente se realiza una manifestación de sindicación normativa, sin explicar su pertinencia con la Sentencia y los alcances de esta, incurriendo en una falta de fundamentación; y,
5. 5)En cuanto a la motivación, señala que "el delito es reprochable" (sic) y argumenta que el Juez de Ejecución Penal carece de atribuciones legales para volver a juzgarlo por la comisión del mismo, ignorando la distinción entre autor y cómplice.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para dicho fin, se analizarán las siguientes temáticas:

1. i)La identidad de objeto sujeto y causa: La cosa juzgada constitucional; y,
2. ii)Análisis del caso concreto.

La jurisprudencia constitucional entiende que la cosa juzgada constitucional, comprende dos aspectos:

1. a)Situaciones fácticas idénticas ya juzgadas; y,
2. b)La imposibilidad de interposición de recurso ordinario o extraordinario contra cualquier resolución constitucional, sea Sentencia, Auto o Declaración Constitucional Plurinacional.