0909/2022-S3

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0909/2022-S3 Sucre, 21 de julio de 2022

SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad

Expediente: 40160-2021-81-AL Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 04/2021 de 29 de junio, cursante de fs. 1121 a 1124 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Yassir Steven Molina Lozada contra Hugo Michel Lescano, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de junio de 2021, cursante de fs. 992 a 1029, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público -a instancia del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Sucre y otros- en su contra, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal relacionado con los ilícitos de "fabricación", tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales y otros, el 13 de marzo de 2021 fue aprehendido y posteriormente sometido a audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares en la cual por Auto Interlocutorio de 15 de igual mes y año, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital -del departamento de Chuquisaca, en suplencia legal por turno- determinó su libertad irrestricta al no haberse acreditado de manera objetiva su participación en los hechos atribuidos y la probabilidad de autoría ni la concurrencia de riesgos procesales; determinación que fue apelada de forma oral por el Ministerio Público y los abogados de la institución supuestamente víctima, siendo remitida ante José Manuel Gutiérrez Velásquez, Vocal que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, quien asombrosamente fue recusado por el referido Ministerio Público, emitiéndose el Auto 95/2021 de 25 de marzo -de recusación-, por el cual se aceptó la misma, en consecuencia se remitió dicha impugnación ante Hugo Michel Lescano, Vocal de la indicada Sala Penal Segunda -ahora accionado-, quien convocó a audiencia para el 30 de ese mes y año, en la cual emitió Auto de Vista 109/2021, revocando la decisión asumida por la Jueza inferior, disponiendo su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Roque -del citado departamento- por el plazo de seis meses, debido a la concurrencia de la probabilidad de autoría y en ese momento de los peligros de fuga establecidos por el art. 234.1 y 7 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-.

Refirió que, el razonamiento del Vocal accionado para determinar su detención preventiva en cuanto a la probabilidad de autoría fue que su persona es el "'Líder de la Resistencia Juvenil Cochala'" (sic) y que ordenó y dirigió las protestas realizadas en puertas de la Fiscalía General del Estado el 5 y 6, ambos de octubre de 2020, en las cuales se habría "grafiteado" el edificio de dicha dependencia e impedido la salida de los servidores públicos de tales oficinas, eso con base en las declaraciones de dos personas que se remitieron a lo que se señaló en medios de prensa.

En cuanto al riesgo procesal previsto en el precitado art. 234.1 del CPP, señaló que su persona no contaría con domicilio; toda vez que, en una representación realizada por el Ministerio Público se indicó por parte de su abuela "Olga Coca" que no viviría en el domicilio ubicado en calle Rigoberto Paredes 3045 y que la declaración de la mencionada en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares no podía ser valorada porque trató de beneficiarle; y, en cuanto al peligro de fuga establecido por el art. 234.7 del Código Adjetivo Penal, el razonamiento del Vocal accionado radicó en que según su percepción, es un peligro efectivo para la sociedad, debido a que sería líder de la antes identificada Resistencia Juvenil Cochala, que se formó para cometer delitos y al tener esta calidad llevaría a ese grupo a que realicen otro tipo de ilícitos, porque su persona no reconoce el orden constitucional, ya que pese a ser beneficiado con una salida alternativa -se entiende dentro de otro proceso- no cumplió la misma.

Alegó que, con base en dichas afirmaciones que son totalmente subjetivas y no condicen con los elementos probatorios presentados, se restringió su derecho a la libertad de manera ilegal y arbitraria; puesto que, no es concebible que el Vocal accionado distorsione pruebas y omita intencionalmente valorar elementos de prueba que concluyen lo contrario a lo afirmado por el mismo.

Sostuvo como hechos que motivan la presente acción de libertad, la privación ilegal de libertad por vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de valoración "irrazonable" de la prueba para dar por concurrente el art. 233.1 del CPP -modificado por el art. 11 de la Ley 1173- con relación a la probabilidad de autoría, señalando que, pese a que la Jueza a quo determinó que no existían elementos suficientes para acreditar que de manera personal es con probabilidad autor de un hecho punible, el Vocal accionado revocó tal determinación cuando al resolver el primer motivo de apelación incidental del Ministerio Público y del GAM de Sucre razonó que dicha autoridad inferior habría realizado una defectuosa valoración de los elementos de convicción que fueron presentados por el citado Ministerio Público para acreditar este primer requisito para la procedencia de la detención preventiva; sin embargo, conjuncionó los hechos y no hizo la distinción de los diferentes tipos penales imputados, cuando además deben ser probados cada uno de los distintos elementos de convicción con base en una subsunción que determine dicha probabilidad de autoría, pero a contrario sin precisar qué delito estableció los siguientes elementos de convicción: entrevista informativa del testigo Delfín Romero Aguilar, Informe de 12 de octubre de 2020 emitido por Daniel Alejandro Peterito Llanos, -servidor público de la Fiscalía General del Estado-; notas de prensa de Correo del Sur y Opinión y el Informe del investigador asignado al caso de 9 de marzo de 2021; elementos probatorios que según el Vocal accionado acreditarían que es líder de la antes referida Resistencia Juvenil Cochala que constituye un grupo de cincuenta a sesenta personas que ocasionó los hechos delictivos investigados, no obstante, estos no condicen con la conclusión asumida y no son suficientes para acreditar su probabilidad de autoría, menos aún demostrar que la misma sea mediata, ya que la valoración antojadiza realizada por el Vocal accionado no evidencia que sean suficientes como exige el precitado art. 233.1 del CPP, considerando que si se hace una valoración acorde al art. 173 del indicado Código, la entrevista informativa del referido testigo, no tiene el valor ni la transcendencia que se le otorgó; toda vez que, el nombrado señaló que un grupo de personas aproximadamente sesenta, a la cabeza de su persona "grafitearon" el edificio de la Fiscal General -del Estado-, pero, indicó que se enteró de los hechos por los medios de comunicación y que cuando fue por el lugar en horas de la tarde estaba con llantas quemadas y grafitis en las paredes, en tal sentido, cómo puede ser este elemento suficiente para acreditar dicha probabilidad de autoría; así también el mencionado Informe emitido por el servidor público de esa institución, también refirió que se enteró por los medios de comunicación que su persona sería el cabecilla de la protesta, siendo un elemento que no tiene valor ni transcendencia como los arbitrariamente otorgados en alzada en razón a que mencionó que dicha Resistencia Juvenil Cochala hizo detonar explosivos en afueras de la indicada instancia fiscal; en cuanto a las nombradas notas de prensa, no son elementos objetivos al ser palabras de un periodista que escribe su opinión, no pudiendo sostener ese primer requisito, ya que un periodista no es una autoridad para determinar que su persona es líder del citado grupo y menos si fue quien ordenó a otras personas efectuar los actos de grafitis o detonación de petardos; de igual manera, el hecho de que haya dado alguna declaración a un medio de prensa no demuestra esa calidad, cuando solo hizo alusión a que se pedía la renuncia del Fiscal General -del Estado-; y, el Vocal accionado refirió a su experiencia al haber brindado la declaración, aspecto arbitrario, cuando se debe demostrar con elementos objetivos que realmente fue quien ordenó la protesta y liderizó tales hechos, como puso de manifiesto la Jueza a quo de manera objetiva e independiente; y, sobre el referido Informe del investigador asignado al caso, es simplemente una revisión de Discos Compactos (CD) y Discos Versátiles Digitales (DVD) de grabaciones de medios de prensa, en las cuales dio declaraciones, pero el Vocal accionado realizó una valoración arbitraria, al sostener que sin margen de error se le identificó como cabecilla de la tantas veces señalada Resistencia Juvenil Cochala, al dar esas declaraciones y realizar los hechos mencionados, cuando tal Informe no efectuó las afirmaciones señaladas en alzada. Por lo que, los elementos de convicción que sustentan su probabilidad de autoría tienen una sola fuente, los medios de comunicación; vale decir, que no son objetivos ni suficientes para acreditar su autoría en los siete delitos -imputados-, cuando en ninguno de ellos se demostró que lideró al indicado grupo y menos que fue quien ordenó a otras personas a realizar los actos de grafitis, detonación de petardos o quemar llantas. Por otro lado, el Vocal accionado también basa la probabilidad de autoría en grabaciones en videos de medios de comunicación que habrían seguido los hechos suscitados el 6 de octubre de 2020, con base en los cuales arbitrariamente concluyó que su persona es líder del antes referido grupo, por el solo hecho de dar declaraciones a la prensa, admitiendo incluso que se le habría identificado como líder, cuando los videos no muestran ello, además precisó que por experiencia el líder da declaraciones a los medios de prensa, sin señalar ningún caso análogo para ampararse en ese elemento, pero, de los videos se puede advertir que otras personas también brindaron declaraciones a la prensa, como el denominado "TONCHI" y el llamado "Mario Salazar", aspectos reflejados incluso en el antes citado Informe del investigador asignado al caso, lo que demuestra que dicha autoridad judicial hizo una antojadiza y arbitraria valoración de los videos y vio solo lo que quería ver o las partes que servían para perjudicarle y no así el contenido íntegro, e incluso su afirmación es contraria a ese elemento de convicción que también utilizó para acreditar la probabilidad de autoría, cuando en dichos videos simplemente se observa a su persona dando declaraciones a algunos medios de comunicación y de prensa; por lo que, si el Vocal accionado considera que las mismas implican dar directrices y organizar un grupo, tendría que haber establecido en cuál de los videos pudo observar ello y fundamentar en base al mismo, citando el momento exacto y la fuente, en el cual se evidencie que organizó el grupo y dio las directrices a los miembros de ese grupo; empero, sostuvo su afirmación sin respaldo alguno y menos de los videos; de igual manera, aseguró que según los indicados videos se demuestra que su persona es quien tenía el dominio de los hechos delictivos, controlando la toma de decisiones y ejecución de estos, aspectos que en ningún momento fueron demostrados con los videos reproducidos; por lo que, no se efectuó una valoración armónica de todos los medios de prueba, y las conclusiones como afirmaciones que realizó son producto de un actuar irrazonable, arbitrario e imaginario que solamente le perjudican, lesionando la valoración de la prueba con relación a los principios de la lógica, de derivación razonada de la prueba y de razón suficiente, apartándose de los marcos de razonabilidad y equidad; toda vez que, al decidir sobre su probabilidad de autoría y por ende su detención preventiva asumió conclusiones totalmente subjetivas sin respaldo del contenido de elementos que valoró y alejado de la valoración integral y racional de las mismas; además de ello, al momento de exhibirse en apelación incidental los videos no permitió que se los vean completos, impidiendo que se puedan observar las declaraciones a la prensa de las otras personas que también se hicieron en la fecha de los sucesos, incluso su defensa hizo constar ese aspecto que podrá ser corroborado al revisar el acta de audiencia de dicha impugnación.

Señaló que, el Vocal accionado lesionó el debido proceso en su elemento de la debida fundamentación con afectación directa a la libertad con relación al precitado art. 233.1 del CPP; toda vez que, aun de que la Jueza inferior, al no haber cumplido el Ministerio Público con demostrar su participación en los hechos investigados, al pretender probar una autoría mediata sin ningún elemento de convicción que acredite que se valió de otras personas para cometer ilícitos, determinó la no concurrencia de este primer requisito, pero en alzada sin cumplir con la fundamentación jurídica respecto a la tipificación de los hechos que le fueron atribuidos a tiempo de resolver el segundo motivo de los recurrentes, el Vocal accionado simplemente realizó la transcripción de la relación de hechos y afirmó de manera genérica y sin individualización para cada delito imputado que existían suficientes elementos de convicción de que su persona era con probabilidad autor de los hechos imputados; empero, no hizo un análisis de cuáles son esos elementos suficientes para determinar dicha concurrencia; es más, ni siquiera señaló cuáles son esos elementos que permiten adecuar su conducta a cada tipo penal atribuido; es decir, subsumió los hechos imputados a los elementos constitutivos de los tipos penales y no basó su entendimiento en elementos de convicción que acrediten cada uno de ellos de manera independiente, para determinar la concurrencia de ese requisito.

Así, con relación al delito de organización criminal, el Vocal accionado no estableció cuántos son los que componen la supuesta organización criminal, lo cual demuestra que no se tiene el primer elemento constitutivo de este tipo penal, cuando es el único imputado en el proceso penal y solo se tiene una investigación a una segunda persona de nombre "Mario Salazar"; sin embargo, no existen personas suficientes, porque el tipo penal exige la asociación de tres o más personas, aspecto que no fue fundamentado en alzada, tampoco se tienen elementos de convicción que establezcan que esta supuesta organización es permanente y que con base en reglas de disciplina está destinada solo a cometer delitos; por lo que, no se evidencia una fundamentación jurídica ni probatoria, tan solo una afirmación de que concurren suficientes elementos de convicción, pero se desconocen cuáles son ya que la conclusión del Vocal accionado es una copia de la relación de hechos sostenidos en la imputación formal; sobre el ilícito de atentado contra bienes públicos, no hizo subsunción del hecho al tipo penal de acuerdo a los elementos de convicción; en cuanto al delito de privación de libertad, no efectuó un análisis jurídico de los elementos del tipo penal y que en el caso concurran a partir de pruebas y solo se tiene la misma afirmación de que existen suficientes elementos de convicción y copia de la relación de hechos de la imputación formal; respecto al delito de impedir o estorbar el ejercicio de funciones, no señaló cuál el elemento de convicción que acredite los elementos constitutivos del tipo penal, no existe fundamentación probatoria y jurídica conforme a los elementos probatorios como exige el art. 233.1 del CPP; con relación al ilícito de destrucción o deterioro de bienes del Estado y riqueza nacional, no estableció cómo fue que incurrió en alguno de los elementos constitutivos del tipo penal y cuál de los elementos de convicción lo demuestran y solventan; y, sobre el daño calificado, debió determinar cuál el elemento de convicción que lo acreditaba y que subsumió su actuar al tipo penal imputado; en tal sentido, el hecho de que se encontraba en puertas de la Fiscalía General -del Estado- debía subsumirse a los elementos de los ilícitos imputados, por cuanto se tenía que explicar cómo ese hecho se adecua a cada delito en grado de autor mediato, debiendo basar su decisión en elementos de convicción que se encuentren directamente vinculados a los tipos penales, cuando además para ello incluso debía verificar si la Resolución de imputación formal cumplía con la fundamentación conforme el art. 302.4 del CPP -modificado por el art. 12 de la Ley 1173-; es decir que, la aplicación de la medida cautelar no debió basarse únicamente en la relación de hechos de dicho actuado fiscal como ocurrió en el caso, sino que debió aplicarse después de un análisis de los elementos de convicción y que realmente demuestran la probable comisión de un delito.

Señaló que, el Vocal accionado tenía la obligación de fundamentar por qué concurría la probabilidad de autoría mediata con relación a cada delito basándose en elementos de convicción; sin embargo, ese aspecto no fue acreditado, por el contrario, no se consideró la falta de autoría y debió resolver su situación jurídica en el marco de la responsabilidad penal que podría recaer sobre sus propios actos, ya que esta es personalísima; por lo que, no podía ser privado de su libertad por actos cometidos por otras personas, conforme el art. 24 del Código Penal (CP).

Alegó la privación indebida de libertad por vulneración del debido proceso en su elemento de debida fundamentación por valoración defectuosa y arbitraria e incluso omisión de valoración de los elementos de convicción con relación al riesgo procesal de fuga del art. 234.1 del CPP, en razón a que, respecto al elemento de domicilio estableció que la Jueza inferior efectuó una indebida fundamentación y una errónea aplicación del citado peligro de fuga en cuanto al mencionado elemento, estableciendo que existe una representación de un funcionario de la Fiscalía Departamental de Cochabamba, en la cual se habría identificado su domicilio en la Calle Rigoberto Paredes 3045 y que en una ocasión no habría sido encontrado por referencia de su abuela, quien supuestamente indicó que no viviría en ese lugar; así también señaló que existe la mencionada errónea aplicación de dicho precepto legal; empero, si se revisa el Auto Interlocutorio de 15 de marzo de 2021 no se aplicó la misma, por lo que mal se podría sostener tal errónea aplicación y además efectuó afirmaciones subjetivas y arbitrarias que no condicen con los elementos de prueba presentados en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, cuando contradictoriamente establece que el Ministerio Público fue quien identificó que su domicilio está ubicado en la dirección antes indicada, información que fue recabada de otro proceso; toda vez que, en ningún momento fue citado legalmente con la denuncia, aspecto que debió ser considerado; así también en todo momento hizo referencia de manera genérica a representaciones y no indicó a cuál de las pruebas o representaciones hizo mención, ya que de la prueba presentada en la imputación formal existen las representaciones de 27 de octubre, 27 de noviembre y de 17 de diciembre (manuscrita), todas de 2020, emitidas por el funcionario Erick Caero Crespo, y de la afirmación que realizó se estaría refiriendo a la primera señalada, de la cual queda acreditado que la dirección de su domicilio fue obtenido de otro proceso y se proporcionó como debía ser por su persona, aspecto no atendido por el Vocal accionado, quien haciendo una valoración defectuosa, subjetiva y arbitraria de la prueba para acreditar el aludido riesgo procesal solo consideró dicha representación, pero no tomó en cuenta las otras dos posteriores, que no fueron valoradas intencionalmente, en razón a que, si las apreciaba el resultado sería distinto y no se hubiese acreditado el invocado peligro de fuga, al demostrar las mismas que su domicilio es el mencionado y que incluso fue notificado con actuados procesales en dicho domicilio, aclarándose que su abuela incluso manifestó que no se encontraba en ese momento y firmó en conformidad las notificaciones que se realizaron; aspecto que desacredita la conclusión de la autoridad judicial accionada, caso contrario incluso las comunicaciones procesales practicadas en ese inmueble serían nulas; de igual manera su abuela en la citada audiencia aclaró que sí vivía en el referido domicilio desde hace cuatro años, lo cual no fue valorado armónicamente y al contrario arbitrariamente expuso que no se le puede dar valor alguno porque es lógico que trataría de ayudarle como su nieto, pero se basó en la alusión de la lógica; empero, para que una prueba tenga valor o no se deben establecer los sub elementos de identidad, contradicción del tercero excluido y razón suficiente, pero no señaló nada al respecto, simplemente no le dio valor e incurrió en omisión valorativa; toda vez que, en esa audiencia, a pesar de que la carga de demostrar la concurrencia de este riesgo procesal le corresponde al Ministerio Público, su defensa presentó elementos de prueba que no fueron mencionados por el Vocal accionado, tales como: Escritura Pública de una minuta de aclaración unilateral de corrección de datos técnicos en la cual se encuentra el Informe de Derechos Reales (DD.RR.), el Registro Catastral y el testimonio de propiedad -del inmueble- de su abuela; Certificación de domicilio de una Organización Territorial de Base (OTB) que señala que su persona vive hace más de cuatro años en el tantas veces indicado domicilio, las antes indicadas representaciones de 27 de noviembre y 17 de diciembre, ambas de 2020, además que le restó todo valor a la declaración como testigo de su abuela; ante esta omisión y solamente haber valorado el elemento consistente en la representación de 27 octubre de igual año, llegó a una conclusión errada sin respaldo probatorio, no aplicó las reglas de la sana crítica al vulnerar el principio de la lógica en su elemento de derivación razonada de la prueba y la apreció de forma conjunta con el objetivo de evitar una conclusión que le sea favorable, efectuando una valoración parcial y no integral de las pruebas, concluyendo subjetivamente que no cuenta con domicilio sobre meras presunciones abstractas alejadas de los elementos probatorios, cuando además el precitado art. 234.1 del CPP, establece que debe existir mayor raciocinio.

Precisó que, la privación indebida de libertad por lesión del derecho a la debida fundamentación y a la garantía de presunción de inocencia, con afectación directa del indicado derecho a la libertad, al darse por concurrente al peligro de fuga previsto por el art. 234.7 del CPP, con base en una argumentación arbitraria, por cuanto, al momento de resolver el tercero motivo del recurso de apelación incidental del Ministerio Público, el Vocal accionado no realizó una evaluación integral de las circunstancias existentes porque en ningún momento se demostró por la representación fiscal o la parte querellante que efectuó algún acto preparatorio de fuga, no tiene facilidades para abandonar el país ni de permanecer oculto, su comportamiento fue bueno en el proceso -penal-, no tuvo ni tiene antecedentes penales con relación a sentencia condenatoria ejecutoriada anterior; es decir, las circunstancias favorables son superiores a las que concurren según el Vocal accionado; tampoco se tiene ninguna de las cinco circunstancias para acreditar el peligro de obstaculización; por lo que, no existe ningún motivo para asumir que estando en libertad obstaculice la causa; consecuentemente, realizando el examen de concurrencia para acreditar los peligros de fuga y de obstaculización, por el principio de proporcionalidad no debería estar detenido preventivamente, pero no se valoraron las circunstancias de manera integral ni ponderaron las existentes. De igual manera, la falta de fundamentación se tiene en la peligrosidad sobre la cual la autoridad judicial accionada, señala que existe porque supuestamente es líder de un grupo de personas denominado Resistencia Juvenil Cochala, con base en publicaciones de medios de prensa y que por ello llevaría a este grupo a cometer delitos, así también porque fue beneficiado con una salida alternativa de suspensión condicional del proceso, que según afirma no fue cumplida y por el solo hecho de la existencia de esta se demostraría que cuenta con antecedentes por cometer un delito doloso; sin embargo, debió fundamentar y explicar por qué motivo es peligroso para la sociedad y por ello se encuentra en riesgo de fuga así como evadiría la acción de la justicia; puesto que, el sostener que lidera el referido grupo solo con base en publicaciones de medios de prensa es un hecho por el que fue imputado y por el que se le está procesando, además con esos argumentos se estaría asegurando que es culpable; no precisó elemento objetivo que evidencie que es un peligro para la sociedad y se apartó arbitrariamente de la SCP 0185/2019-S3 de 30 de abril, la cual se hizo referencia a tiempo de responder a la impugnación del Ministerio Público y del GAM de Sucre, que recondujo los lineamientos de la SCP 0056/2014⁴ y superó los entendimiento de la SCP 0070/2014-S1 -de 20 de noviembre-, aclarando que este peligro de fuga se acredita y se debe tener por concurrente únicamente si es que el imputado cuenta con sentencia condenatoria ejecutoriada anterior demostrada mediante el Certificado emitido por el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y no así dar por acreditado con base en una supuesta peligrosidad y que el delito sea de relevancia social, pero el Vocal accionado hizo caso omiso de ello y se amparó en la señalada SCP 0056/2014⁴ al establecer que conforme a los hechos atribuidos se tiene que es un peligro para la sociedad y señaló que es el líder de una organización basándose la probabilidad de autoría en reportes de medios de prensa que no acreditan que hubiese mandado a hacer grafitis en el Edifico de la Fiscalía General -del Estado-; tampoco valoró el Certificado del REJAP que demuestra que no cuenta con sentencia condenatoria ejecutoriada anterior como exige la indicada SCP 0185/2019-S3 que fue ratificada en varias fallos constitucionales como la SCP 0702/2020-S3 de 3 de noviembre, no obstante, afirmó que tiene antecedentes por haber sido beneficiado con una salida alternativa de suspensión condicional del proceso por el delito de lesiones leves, lo cual es una arbitrariedad total ya que la indicada jurisprudencia exige una sentencia condenatoria ejecutoriada y no así dicha salida alternativa para acreditar ese riesgo procesal, considerando que la jurisprudencia citada refiere que para su concurrencia debe contarse con elementos demostrables como la tantas veces señalada sentencia condenatoria ejecutoriada anterior; por lo que, sin fundamentos valederos, legales y probatorios se acreditó el señalado riesgo procesal.

Alegó la lesión del derecho al debido proceso con afectación directa del derecho a la libertad por fundamentación arbitraria con relación a la afectación de las reglas de proporcionalidad, por cuanto el Vocal accionado no efectuó fundamentación en cuanto a la referida proporcionalidad, en razón a que sostuvo arbitrariamente como argumento que la medida cautelar impuesta está plenamente justificada porque ante la eventualidad de que se hubiesen aplicado otras medidas menos gravosas no las cumpliría debido a que se le revocó una salida alternativa de suspensión condicional del proceso, argumento que no respetó el orden constitucional ni las normas legales, acudiendo con base en ello a presunciones, cuando además el plazo para el cumplimiento de dicha salida alternativa fue ampliado; al margen de esto, tampoco motivó el Auto de Vista 109/2021 en cuanto a la proporcionalidad de la medida impuesta conforme a los arts. 233 y 235 ter. del CPP, a partir de los cuales la medida extrema será aplicada únicamente cuando las demás medidas cautelares -personales- sean insuficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho, cuando además el referido principio de proporcionalidad en los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto debe ser revisado de oficio por el juez; sin embargo, el Vocal accionado no cumplió con verificar si existen medidas menos gravosas que igual cumplan con lo que se pretende que es evitar su fuga.

I.1.2. Derechos, principios y garantía supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela alega la transgresión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia -en su dimensión de incongruencia interna- valoración de la prueba -en su afectación defectuosa, arbitraria, omisiva, irrazonable e inequitativa y los principios de lógica en sus componentes de derivación razonada de la prueba y de razón suficiente-, y a la presunción de inocencia -invocada como principio y garantía-, con lesión directa en la libertad; citando al efecto los arts. 23.I y III, 115, 116.I, 117.I y 203 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia, se anule y deje sin efecto el Auto de Vista 109/2021, dictado por el Vocal accionado y se disponga que se emita uno nuevo, que resguarde el derecho al debido proceso y de esa manera también su libertad, respetando la normativa y la jurisprudencia constitucional.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 29 de junio de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 1108 a 1120; en presencia del peticionante de tutela asistido de sus abogados; y, los representantes del Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Gobierno, como terceros intervinientes; y, en ausencia el Vocal accionado; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de sus abogados, ratificó in extenso los argumentos expuestos en el memorial de la presente acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

I.2.4. Participación de terceros intervinientes

I.2.5. Resolución

En vía de aclaración, enmienda y complementación, el accionante a través de su abogado señaló que el Vocal integrante de la Sala Constitucional en su voto refirió que debía haber planteado una acción de amparo constitucional, en este sentido solicitó se explique de manera clara y concreta sobre el art. 231 bis. del CPP cuando ni siquiera el Ministerio Público argumentó ese aspecto.

En mérito a esa solicitud, el Vocal de la Sala Constitucional -relator-, sostuvo que, se pretende cuestionar una parte de los argumentos expresados en un voto particular; por lo que, no existe materia para proceder con la explicación, complementación y enmienda.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia del GAM de Sucre y otros, contra Yassir Steven Molina Lozada -hoy impetrante de tutela- y otros, por la presunta comisión de los delitos de destrucción o deterioro de bienes del Estado y otros, por Auto Interlocutorio de 15 de marzo de 2021, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Chuquisaca, en suplencia legal por turno, dispuso la libertad irrestricta del prenombrado; determinación que fue apelada por el Ministerio Público y el referido Gobierno Municipal (fs. 586 vta. a 594 vta.). II.2. Consta acta de audiencia pública de apelación incidental de medida cautelar de 30 de marzo de 2021 (fs. 789 a 810), en la cual Hugo Michel Lescano, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -hoy accionado- por Auto de Vista 109/2021 declaró la: "...PROCEDENCIA PARCIAL de los recursos de apelación presentados por LOS REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, ASÍ COMO POR LA REPRESENANTE LEGAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE. REVOCANDO LA RESOLUCIÓN APELADA, y DISPONIÉNDOSE LA DETENCIÓN PREVENTIVA DEL IMPUTADO EN LA CÁRCEL PÚBLICA DE SAN ROQUE, en aplicación del Art. 237 del Código de Procedimiento Penal, detención preventiva que tiene que durar los seis meses que dure la etapa preparatoria, debiendo la Jueza A-quo, de acuerdo al cómputo de plazo de la etapa preparatoria, señalar día y hora de audiencia, para revisar la situación jurídica del ahora imputado, y verificar si todavía es necesaria la detención preventiva" (sic [fs. 811 a 837]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Competencia de la jurisdicción constitucional respecto a la valoración de la prueba

III.2. De la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad y el incidente de actividad procesal defectuosa en materia procesal penal

Sobre el particular, la SCP 0584/2018-S1 de 1 de octubre, sostuvo que: "Se tiene establecido que las lesiones a la libertad física o de locomoción generadas dentro de procesos judiciales, están llamadas a ser restauradas por la misma jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, a través de los medios y recursos idóneos, oportunos y eficaces previstos en el ordenamiento jurídico para la restitución de derechos; y, solo en caso de ser agotados sin que se produzca el restablecimiento solicitado, es posible acudir a la justicia constitucional, ello en observancia al principio de subsidiariedad que establece que no debe existir otro medio procesal idóneo, efectivo y oportuno previo a la interposición de esta acción de defensa.

En ese sentido se ha pronunciado, entre otras, la SCP 1424/2016-S3 de 6 de diciembre, asumiendo los entendimientos sentados por el anterior Tribunal Constitucional, sosteniendo que: "...la SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció que: 'I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas'"" (las negrillas perteneces al texto original).

Según la línea jurisprudencial citada precedentemente, el incidente de actividad procesal defectuosa prevista en el art. 169 del CPP, es el medio idóneo para impugnar ante el Juez Contralor de Garantías Constitucionales, aquellas omisiones de procedimiento en que se hubiera incurrido en la tramitación del proceso y que causen agravio a las partes procesales" (las negrillas son del texto original).

III.3. El deber de observancia del parámetro de la debida fundamentación y motivación a los fines de la vigencia del derecho al debido proceso y su exigencia de cumplimiento por el Tribunal de alzada en relación las medidas cautelares de carácter personal

Sobre el particular, dentro de un marco general, la SCP 0875/2019-S1 de 12 de septiembre, sostuvo que: "...la SCP 0450/2012 de 29 de junio, luego de puntualizar la línea jurisprudencial establecida al respecto finalmente concluyó que: "La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: '...el razonamiento mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en la disposición legal...' (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1998, p. 7)".

Por su parte, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, a tiempo de establecer la diferenciación existente entre fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, precisó que: "...la fundamentación consiste en la justificación normativa de la decisión judicial, y la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto que se trate, se encuentra, por una parte probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las cuales considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal -contexto de justificación-. Por consiguiente, no basta que en el derecho positivo exista un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya que solo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente; de esta forma, se entiende que la fundamentación debe ser específica al caso de que se trate y la motivación explícita"".

En coherencia a dichos razonamientos jurisprudenciales, en temática de medidas cautelares de carácter personal, de igual manera se estableció la exigencia del Tribunal de apelación de fundamentar la resolución que disponga, modifique o mantenga la misma, así, la SCP 0025/2020-S3 de 12 de marzo, citando a la SCP 0339/2012 de 18 de junio, precisó que: "De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP".

III.4. El principio de congruencia interna como elemento constitutivo del debido proceso

En cuanto al elemento de la congruencia interna, la SCP 0913/2021-S3 de 10 de noviembre, refirió: "Sobre el particular, la SCP 0619/2018-S1 de 11 de octubre, reiterando los entendimientos asumidos por la SCP 1302/2015-S2 de 13 de noviembre, sostuvo: "Como se dijo anteriormente, la congruencia de las resoluciones judiciales y administrativas, constituye otro elemento integrador del debido proceso, al respecto la 0SC 0358/2010-de 22 de junio, señaló lo siguiente: 'la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes'.

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1083/2014 de 10 de junio, sostuvo que el principio de congruencia: '...amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva...'"" (las negrillas son nuestras).

III.5. Análisis del caso concreto

Identificadas como se tienen precedentemente las problemáticas planteadas dentro de esta acción de defensa, corresponde ingresar a resolver las mismas según corresponda.

Respecto a la cuestionada concurrencia del art. 233.1 del CPP

Como primer punto de reclamación, el accionante denuncia que el Vocal accionado incurrió en la irrazonable y arbitraria valoración de la prueba, al sostener que el fallo apelado realizó una defectuosa apreciación de los elementos de convicción que fueron presentados por el Ministerio Público; sin embargo, conjuncionando los hechos y sin señalar sobre qué delitos estableció los siguientes elementos de convicción: entrevista informativa del testigo Delfín Romero Aguilar, Informe de 12 de octubre de 2020 emitido por Daniel Alejandro Peterito Llanos, -servidor público de la Fiscalía General del Estado-; notas de prensa de Correo del Sur y Opinión y el Informe del investigador asignado al caso de 9 de marzo de 2021; los cuales según su criterio acreditaban que es líder del grupo denominado Resistencia Juvenil Cochala, pero los mismos no condicen con la conclusión asumida y no son suficientes para acreditar ese presupuesto, menos aún demostrar que su autoría sea mediata con relación a cada delito imputado; sin embargo, dicho aspecto no fue acreditado por el contrario no se consideró la falta de autoría y debió resolver su situación jurídica en el marco de la responsabilidad penal que podría recaer sobre sus propios actos, ya que esta es personalísima conforme el art. 24 del CP; siendo la valoración realizada antojadiza al no evidenciarse que sean suficientes como exige el precitado precepto procesal penal; toda vez que, si se efectuaba una apreciación acorde al art. 173 del CPP, la entrevista informativa del señalado testigo, no tiene el valor y la transcendencia que se le otorgó, al indicar el mismo que un grupo de personas aproximadamente sesenta, a la cabeza de su persona "grafitearon" el edificio de la Fiscalía General del Estado, pero también mencionó que se enteró de los hechos por los medios de comunicación y que cuando fue por el lugar en horas de la tarde estaba con llantas quemadas y grafitis en las paredes; así también el citado Informe emitido por el servidor público de esa institución, refirió que se enteró por los medios de comunicación que su persona sería el cabecilla de la protesta, siendo un elemento que no tiene valor como el arbitrariamente otorgado en razón a que hizo alusión a que dicha Resistencia Juvenil Cochala detonó explosivos en afueras de la indicada instancia fiscal; en cuanto a las nombradas notas de prensa, no constituyen elementos objetivos al ser palabras de un periodista que escribe su opinión, quien no tiene la competencia para determinar que su persona es líder de dicho grupo y menos si fue quien ordenó a otras personas a realizar los actos investigados; de igual manera el hecho de que haya dado alguna declaración a medios de prensa no demuestra esa calidad, cuando en las mismas solo hacen mención a que se pedía la renuncia del Fiscal General del Estado, cuando se debe demostrar con elementos objetivos que realmente fue quien ordenó la protesta y liderizó tales hechos; sobre el referido Informe del investigador asignado al caso, es simplemente una revisión de CD y DVD de grabaciones de medios de prensa, arbitrariamente valorado al sostener que sin margen de error se le identificó como cabecilla de la tantas veces señalada Resistencia Juvenil Cochala al brindar declaraciones y realizar los hechos mencionados, cuando tal Informe no efectuó esas afirmaciones; y, se basó en grabaciones en videos de medios de comunicación para de igual manera de forma arbitraria concluir que es líder del señalado grupo, por el solo hecho de dar declaraciones a la prensa, admitiendo incluso que se le identificó como líder lo que habría implicado que diera directrices y organizara el grupo, asegurando que los indicados videos reproducidos demuestran que tenía dominio de hechos delictivos, controlando la toma de decisiones y ejecución de los mismos, sin establecer en qué respalda esas afirmaciones cuando estos no demuestran ello, además argumentó que por experiencia el líder brinda declaraciones a los medios de prensa, sin mencionar ningún caso análogo para ampararse en dicho elemento, cuando de los referidos videos se puede advertir que otras personas también dieron declaraciones como el denominado "TONCHI" y el llamado Mario Salazar, aspectos reflejados incluso en el antes aludido Informe del investigador asignado al caso, en tal sentido, no consideró su contenido íntegro y cabal; por lo que, el sustento de la concurrencia del citado presupuesto para la imposición de la medida extrema tiene una sola fuente, los medios de comunicación, que son carentes de objetividad y suficiencia, conllevando a que no efectuó una valoración armónica e integral de todos los medios de prueba y las conclusiones a las que arribó son producto de un actuar irrazonable, arbitrario e imaginario, apartándose de los marcos de razonabilidad y equidad y desconociendo a los principios de la lógica de derivación razonada de la prueba y de razón suficiente.

A fin de dilucidar la viabilidad o no de este cuestionamiento constitucional, es necesario conocer los argumentos que sobre el mismo fueron asumidos por el Vocal accionado en el Auto de Vista 109/2021 de 30 de marzo que declaró procedente en parte los recursos de apelación incidentales formuladas por el Ministerio Público y el GAM de Sucre y revocó el Auto Interlocutorio de 15 de marzo de 2021, por el que la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Chuquisaca, en suplencia legal por turno, dispuso la libertad irrestricta del impetrante de tutela; determinado -en lo esencial- la detención preventiva del nombrado (Conclusión II.1 y II.2); siendo estos los siguientes:

Revisado el Auto Interlocutorio apelado, se puede advertir que efectivamente la Jueza a quo no realizó una correcta valoración de los elementos de convicción presentados, así como se puede evidenciar que omitió valorar, sin ninguna clase de fundamento, los videos como elementos de convicción, lo que derivó en una incorrecta fundamentación al momento de determinar la no concurrencia del art. 233.1 del CPP con relación a los delitos imputados, y la no existencia de los peligros de fuga contenidos en los numerales 1 y 7 del art. 234 del precitado Código, que serán desarrollados posteriormente.

En este sentido, en el Auto Interlocutorio de 15 de marzo de 2021 se tiene que la Jueza inferior básicamente estableció la existencia de los hechos delictivos, no obstante, de forma general y sin hacer una correcta valoración de los elementos de convicción presentados y omitiendo valorar los videos, señaló de manera general y sin fundamento que no se habrían indicado que el imputado pintó o destruyó los vidrios de la Fiscalía General -de Estado- o que se demostró que realizó alguna de las acciones delictivas que se le imputaron; al respecto, se tiene verificado que el íter lógico expresado en la fundamentación del fallo no se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano no existiendo motivación expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica.

En tal sentido, se debe tomar en cuenta que, la libertad de expresión es un derecho, pero cuando este va acompañado de explosivos que causan daño, que rompen vidrios, pintando paredes y puertas; es decir, cuando se lesionan bienes jurídicos tutelados se convierte en delito, de tal manera revisado el fallo impugnado se advierte que, el 6 de octubre de 2020 un grupo de aproximadamente cincuenta a sesenta personas, denominadas Resistencia Juvenil Cochala, se constituyeron en el edifico de la Fiscalía General -del Estado-, quienes utilizando diferentes explosivos, deterioraron dicha dependencia, rompiendo vidrios, pintando paredes y puertas, impidiendo y estorbando el normal desarrollo de las actividades de los servidores públicos de la misma e imposibilitando su salida; sin embargo, pese a estar establecidos los hechos delictivos, la Jueza inferior dispuso la libertad irrestricta del imputado -hoy peticionante de tutela-, concluyendo de manera equivocada que ningún elemento indicaba que hubiese ejercido estos actos delictivos, sin realizar una correcta valoración y omitiendo apreciar los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público.

Respecto a la incorrecta valoración de los elementos de convicción presentados, la Jueza a quo no apreció correctamente la entrevista informativa del testigo Delfín Romero Aguilar, el Informe de 12 de octubre de 2020 emitido por el Daniel Alejandro Peterito Llanos, así como las notas de prensa de Correo de Sur y Opinión y el Informe del investigador asignado al caso de 9 de marzo de 2021, por cuanto no es lógico que siendo que esos elementos dan cuenta que el accionante dirige el antes indicado grupo denominado Resistencia Juvenil Cochala, que deterioró paredes y puertas así como destruyó vidrios de la Fiscalía General -del Estado-, haya concluido que no existe la probabilidad de autoría, debido a que, revisada la indicada entrevista informativa, el testigo señaló que el nombrado es el cabecilla del mencionado grupo; del referido Informe de Daniel Alejandro Peterito Llanos, este testigo indicó que por los medios de comunicación y las redes sociales, tuvo conocimiento que el impetrante de tutela era cabecilla de los actos delictivos que se suscitaron, quien refirió que no pararían, para posteriormente producirse la rotura de vidrios y el pintado de paredes como puertas; de las referidas notas de prensa de Correo del Sur, se tiene que el peticionante de tutela es líder de dicha Resistencia Juvenil Cochala, al indicar a ese medio de prensa que se habría cumplido el plazo otorgado por los cívicos del país para que el Fiscal General -del Estado- renuncie a su cargo; revisadas las notas de prensa de Opinión, se tiene que es la cabeza de tal grupo, al indicar a dicho medio que haría cumplir la resolución de los comités cívicos; y, finalmente del referido Informe del investigador asignado al caso, se tiene que sin margen de error identificó al accionante como cabecilla del grupo antes indicado, quien en esa calidad daría las declaraciones y en el que se observaría que ese grupo de personas liderizados por el prenombrado, lanzaron explosivos y procedieron a cerrar las puertas de la dependencia fiscal.

Por otro lado, en cuanto a la omisión en la valoración de los videos presentados como elementos de convicción por el Ministerio Público, la Jueza inferior omitió apreciar sin ningún fundamento los antedichos medios de prueba que fueron legalmente obtenidos, debido a que no es lógica esta omisión cuando esos elementos de convicción dan cuenta que el impetrante de tutela dirige el al referido grupo denominado Resistencia Juvenil Cochala y de los cuales se tiene sin lugar a dudas que es líder y cabecilla del citado grupo, al establecerse de su reproducción que regía al mismo, daba declaraciones a la prensa identificándose como líder, siendo lógico y por experiencia se conoce que cuando un grupo de personas se reúnen, la que brinda declaraciones es la cabeza del grupo, denotándose también de dichos videos que no solo lo encabeza sino que fue identificado por los medios de prensa en tal condición siendo entrevistado e indicando que no se movería del lugar y que haría cumplir la resolución de los comités cívicos.

En esa línea de entendimiento y demostrado que el peticionante de tutela es líder y cabeza del referido grupo, que organiza y da las directrices al mismo, se tiene que el art. 233.1 del CPP, exige la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible, en el caso se tiene como hechos delictivos que el 6 de octubre de 2020 un grupo aproximado de cincuenta a sesenta personas lideradas por el nombrado se constituyeron en el edificio de la Fiscalía General -del Estado- y utilizando diferentes explosivos deterioraron el mismo, rompiendo vidrios, pintando paredes y puertas, impidiendo y estorbando el normal desarrollo de las actividades de los servidores públicos de dicha dependencia fiscal, no permitiéndoseles salir; por lo que, existen suficientes elementos de convicción para sostener que el imputado es con probabilidad autor de los citados hechos delictivos, en razón a que, de conformidad con el art. 20 del CP no solo es autor quien realiza el hecho por sí solo, sino también aquellos que lo efectúan de forma conjunta o por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso, estableciendo en el caso, que el imputado en todo momento tenía dominio de los hechos delictivos, controlando la toma de decisiones así como la ejecución de las mismas, debido a que, consta que era líder y cabeza de la Resistencia Juvenil Cochala, teniendo decisión de mando y dando las directrices a dicho grupo, lo que hace que al tener dominio de los hechos es autor de estos, no siendo necesario exigir que sea él quien haya pintado o lanzado los explosivos que destruyeron los vidrios del edificio de la Fiscalía General -del Estado-; consecuentemente, este motivo de apelación devino en procedente; y,

Ahora bien, dentro de la motivación planteada por el impetrante de tutela y la subsecuente verificación efectuada a la misma en cuanto a la posibilidad de su análisis constitucional se evidencia que sí cumplió con la exigida mínima manifestación de expresar en qué sentido se considera que la valoración efectuada por el Vocal accionado incurrió en los defectos jurisdiccionales de implicancia valorativa denunciados, en tal sentido corresponde ingresar a examinar la reclamación formulada.

De esta manera, -tal cual se tiene precisado- como primer enfoque del cuestionamiento valorativo asumido en el Auto de Vista 109/2021, el peticionante de tutela, cuestiona la apreciación que se le otorgó a la entrevista informativa del testigo Delfín Romero Aguilar, al Informe de 12 de octubre de 2020 emitido por Daniel Alejandro Peterito Llanos, -servidor público de la Fiscalía General del Estado-; a las notas de prensa de Correo del Sur y Opinión y al Informe del investigador asignado al caso de 9 de marzo de 2021, con base en los cuales se habría acreditado que es líder del grupo denominado Resistencia Juvenil Cochala, cuando estos -en criterio del accionante- no expresarían ello y no serían suficientes para acreditar su probabilidad de autoría, considerando que la responsabilidad penal debió ser establecida conforme el art. 24 del CP, pero la valoración efectuada fue antojadiza.