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TCP

0910/2019-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
1 de octubre de 2019SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0910/2019-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0910/2019-S2 Sucre, 1 de octubre de 2019

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional

Expediente: 28930-2019-58-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 39 de 10 de mayo de 2019, cursante de fs. 132 vta. a 134 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Leyton Mancilla Flores contra Darwin Vargas Vargas y Janeth Fernanda Quiroga Aparicio, Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 3 de mayo de 2019, cursantes de fs. 115 a 121, el accionante expuso lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Conjuntamente con Claudia Delicia Ríos García, en el marco de su relación de concubinato, procrearon dos hijas: ZZZ (nacida el 13 de marzo de 2008) y ÑÑÑ (nacida el 13 de octubre de 2010). Con el paso del tiempo esta relación se fue deteriorando y de mutuo acuerdo suscribieron un "convenio transaccional" el 23 de diciembre de 2011, que cuenta con reconocimiento de firmas por ante la Notaria de Fe Pública 13, acordando que mensualmente el padre proporcionaría una asistencia familiar de Bs600.- (seiscientos bolivianos) a partir del 21 del mismo mes y año, compromiso que cumplió rigurosamente.

Añade que, además de las dos hijas mencionadas, tiene otros tres hijos con su actual pareja, de nombres: WWW (17 años), QQQ (4 años), YYY (1 año), de los que también se hace cargo.

El 23 de noviembre de 2016, Claudia Delicia Ríos García interpuso demanda de homologación de acuerdo transaccional de asistencia familiar ante el Juzgado Público de Familia Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, argumentando que durante todo este tiempo su persona no habría "...cancelado ni un solo centavo..." (sic) y que debe asistencia devengada desde el 23 de diciembre del 2011 hasta el 22 de noviembre de 2016, haciendo un monto total de Bs35 400.- (treinta y cinco mil cuatrocientos bolivianos); lapso de tiempo que correspondería al periodo entre la firma del acuerdo transaccional y la fecha de la demanda; no obstante que sí cumplió con la pensión de alimentos; pero no tiene forma de demostrarlo, pues no cuenta con recibos de entrega de los pagos efectuados.

Refiere igualmente que, la Jueza de primera instancia dictó la Sentencia 33/2017 de 8 de febrero, declarando probada la demanda de homologación de acuerdo de asistencia familiar y régimen de visitas; asimismo, reconoció que la asistencia empezó a correr desde la fecha de la citación con la demanda; de ese modo la Jueza a cargo del proceso, rechazó la petición de la demandante sobre el pago de los Bs35 400.- (treinta y cinco mil cuatrocientos bolivianos) fundamentado su decisión en el art. 117.I del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-.

En la línea de lo anterior, el 23 de febrero de 2017, la demandante apeló la indicada sentencia, recurso resuelto por Auto de Vista 062/2018 de 19 de octubre, que revocó en parte la Resolución de primera instancia, ordenando que la asistencia corra desde el momento de la suscripción del convenio; al resolver de este modo, los Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia y Violencia Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, han incurrido en actos y omisiones ilegales e indebidos en su contra, al no dar correcta aplicación de lo dispuesto por el art. 117.I del CF.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerados

El accionante, estima lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación; al "pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada" (sic), citando al efecto los arts. 109, 115, 119, 120 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

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