0910/2022-S1

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia se deje sin efecto:

1. a)La Resolución Administrativa de indulto 243/2021 de 31 de agosto, emitida por el Director Departamental de Régimen Penitenciario de Santa Cruz dependiente del Ministerio de Gobierno;
2. b)El Auto Interlocutorio Motivado 266/2021 de 5 de octubre, emitido por el Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz ; y,
3. c)Que en las siguientes 24 horas de concedida la acción, se restituya a Edgar Valerio Yampasi Espejo al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, a efectos de que cumpla su condena.

Alberto Moreira Claros, Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, en audiencia de forma oral señalo que:

1. 1)La "Ley 4461" -lo correcto es Decreto Presidencial 4461, de 18 de febrero de 2021- estableció el trámite administrativo y la jurisdicción ordinaria no puede admitir o rechazar un indulto, por ser competencia de las autoridades administrativas en el penal, y su persona solo se abocó a homologar el auto administrativo que niega o rechaza el indulto, en virtud al art. 8 núm. 1 que señala " ...se concederá indulto a todas las personas que no tengan antecedentes penales, quiere decir que no tengan una sentencia ejecutoriada, con una pena igual o menor de 8 años, sin cumplir parte de la condena." (Sic).
2. 2)Respecto el resarcimiento de daños y perjuicios, la parte tiene vía pertinente para ejecutar la misma, no alcanzando este aspecto al indulto; y,
3. 3)Quien debería responder a las denuncias efectuadas por el accionante es la Dirección Departamental y la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, por lo que solicita se deniegue la tutela.

Maritza Margarita Callex Arce, Encargada del Área Jurídica de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Santa Cruz, en audiencia refirió que:

1. i)Que, dio cumplimiento estricto a la "Ley 4461" -lo correcto es Decreto Presidencial 4461, de 18 de febrero de 2021- en cuanto a la concesión de indultos con relación art. 8 que señala; "...pueden beneficiarse al indulto todas las personas con sentencia condenatoria ejecutoriada" y la solicitud no se enmarco en el art. 9 y que deba cumplir alguna de las siguientes condiciones, teniendo únicamente como requisitos el art. 8 que se trate de una persona "no reincidente condenada pena privativa de libertad igual o menor a 8 años, sin que sea necesario el cumplimiento de una parte de la condena" (Sic);
2. ii)Emitió el informe en base a toda la documentación presentada por el sentenciado, consistente en sentencia de 10 de diciembre, informe 243/2021 de 30 de agosto emitido por el Director de Régimen Penitenciario, memorial de solicitud de indulto de fecha 27 de agosto, fotocopia simple de mandamiento de condena, copia del decreto de radicatoria, decreto del Tribunal Departamental de Justicia, certificado de permanencia y buena conducta; y,
3. iii)Refirió no hacer mayores fundamentaciones de orden legal, toda vez que su persona solo emitió el informe y no era su responsabilidad la elaboración de la resolución administrativa.

Mauricio Ariel Romero Catacora, Director Departamental de Régimen Penitenciario de Santa Cruz, en audiencia refirió que:

1. a)El Decreto Presidencial 4461, de 18 de febrero de 2021 ha establecido los requisitos de ingreso y trámite de indulto y amnistía, en el presente caso se cumplió con el ordenamiento jurídico y los requisitos al tratarse de un trámite administrativo en sede administrativa del Régimen Penitenciario;
2. b)Se cumplió con los parámetros del informe y la resolución para proceder a la homologación que correspondió al Juez de Ejecución Penal y demás medidas de seguridad; y,
3. c)El Decreto Presidencial 4461, de 18 de febrero de 2021 de Indulto y Amnistía, ha sido abrogado por Decreto supremo (no cita numero), por lo que considero que la acción de amparo constitucional presentada no tendría razón de ser, al haberse cumplido con los requisitos establecidos; por lo que pide se deniegue la tutela solicitada.

Valerio Edgar Yampasi Espejo a través de su abogado, en audiencia señaló:

1. 1)La accionante Carmela Alanoca Quispe no goza de legitimación activa para plantear el presente recurso, habiendo actuado en el proceso penal como apoderada;
2. 2)Existe subsidiariedad, si se consideraba que existía algún defecto formal tanto en la homologación del juez o del trámite, debió acudir al Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, a través de algún incidente o reclamo oportuno, denunciando porque no se le notifico y se puso en conocimiento el trámite de indulto, y no acudir de manera directa a la vía constitucional;
3. 3)En el escrito de acción de amparo constitucional se denunció la vulneración del debido proceso, igualdad jurídica, protección jurídica y tutela judicial efectiva, y en audiencia oral recién se alude la falta de fundamentación en el auto de homologación emitido por el Juez de ejecución penal, porque no se consignó NUREJ y otros argumentos fuera de lugar;
4. 4)Con la sentencia la parte civil tiene la vía para solicitar la reparación del daño, siendo allí donde concluye la participación de la víctima,
5. 5)El juez corrió traslado al Ministerio Publico con el fin de que el Fiscal Materia asignado al Tribunal verifique el cumplimiento de requisitos más allá de la respuesta del mismo, se concedió el indulto por el numeral 1 del art. 8.I del Decreto Presidencial 4461, de 18 de febrero de 2021, persona no reincidente condenada a pena privativa de liberad igual o menor a 8 años;
6. 6)Respecto al traslado a la víctima, el referido Decreto Presidencial -4461- en su art. 11, establece el trámite administrativo de solicitud de indulto con ocho requisitos, y en ninguna parte señala que el régimen penitenciario deba correr traslado a la víctima;
7. 7)No expresó de manera clara, cuales serían los efectos de anular el Auto Interlocutorio Motivado 266/2021 de 5 de octubre; y,
8. 8)Respecto a las presuntas amenazas, la accionante tiene las vías legales pertinentes, y si no se otorgó medidas a la víctima, es porque se trata de un trámite administrativo y no un beneficio penitenciario; así mismo, de la exposición oral se advierte que no se aclaró que resolución pretende anular, la homologación o el auto administrativo que origino esta; por lo que, solicitan se deniegue la tutela.

La Sala Constitucional Tercera del departamento de Santa Cruz, por Resolución 205 de 25 de octubre de 2021, cursante de fs. 162 a 166, denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos:

1. i)La accionante refiere lesionados su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, igualdad jurídica, protección judicial en relación con la víctima y su apoderada;
2. ii)El tercero interesado, argumentó que existen causales de subsidiariedad, lo que impediría el ingreso al análisis de fondo de la problemática; al respecto, el art. 129.I de la CPE, establece que la acción de amparo constitucional procede siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, cita a su vez el art. 54 del Código Procesal Constitucional y la SCP 1337/2003-R de 15 de septiembre, respecto de la naturaleza de esta acción tutelar como instrumento subsidiario;
3. iii)Invocó la SCP 442/2018-S2 de 27 de agosto, y el numeral 2 del art. 121 de la CPE que estableció que la víctima en un proceso penal podrá intervenir inclusive en ejecución de sentencia; toda vez que, el acceso a la justicia no se satisface con la emisión de una sentencia, sino también con su ejecución, conforme la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre;
4. iv)Respecto al recurso incidental de la resolución de Homologación de Indulto, invoco la SCP 304/2021-S4 de 7 de julio, que a su vez cita la SCP 1309/2013 de 12 de agosto, que establece que la homologación y aprobación del indulto, debe ser tramitado en la vía incidental y es el Juez de Ejecución Penal el competente para el control de derechos y garantías, y la resolución de homologación es susceptible de apelación incidental de conformidad al art. 180.II de la CPE concordante con los arts. 432 y 403 inc. 11 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y,
5. v)Del análisis del caso, se tiene como hechos no controvertidos el mandamiento de condena de 17 de mayo de 2021, en contra de Valerio Edgar Yampasi Espejo; asimismo, se tiene el informe legal 243/2021 de 30 de agosto, por el cual se declaró procedente la solicitud de indulto; se ordenó la remisión al Juzgado de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, que emitió el Auto Interlocutorio Motivado 266/2021 de 5 de octubre; homologó la Resolución Administrativa de indulto 243/ 2021 de 31 de agosto; otorgando al interno tres días desde su notificación para apelar el mencionado Auto ante la Sala Penal de Turno; por lo expuesto, consideró que de acuerdo a la jurisprudencia glosada, la resolución de rechazo del indulto al ser tramitada en la vía incidental es susceptible de impugnación vía recurso de apelación incidental, concordante con la SCP 304/2021-S4 con relación al art. 432 y 403 inc. 11 del CPP; por lo que, la presente acción de defensa no puede suplir la no presentación del citado recurso de apelación incidental; en consecuencia, no se agotó las vías de impugnación judicial, antes de acudir a la instancia constitucional, por lo que resuelve denegar la tutela impetrada por causal de subsidiariedad, sin ingresar al fondo de la problemática.