Volver a sentencias
TCP

0910/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
6 de mayo de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0910/2026-S2

Proceso
—

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0910/2026-S2 Sucre, 6 de mayo de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 57658-2023-116-AAC Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución 065/2023 de 8 de agosto, cursante de fs. 803 a 809, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Elena Ustariz Rojas contra Nuria Gisela Gonzáles Romero, ex Fiscal Departamental de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 19 de julio de 2023, cursante de fs. 710 a 722, la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Inició un proceso penal contra Juan Arturo Cardona Márquez, Abraham Quinteros Virreira, Claudia Leclere Jiménez y Marisol Jordán Rojas -esta última fallecida en 2020- por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica, falsedad ideológica en certificado médico, incumplimiento de deberes y uso de instrumento falsificado.

El imputado Juan Arturo Cardona Márquez, médico especialista, emitió varios certificados médicos entre septiembre y noviembre de 2015, los cuales se originaron en la atención médica brindada a su madre -Ignacia Rojas Villarroel- en el Instituto Nacional de Neurología, Neurocirugía y Columna Vertebral "Hna. Ana Gregoria Rivas".

Así, en el Certificado de 29 de septiembre de 2015 -Formulario 2327783- se señaló el diagnóstico de demencia, sin precisar data de inicio. En el Certificado de 20 de noviembre del indicado año, hizo constar que: "'...LA HIJA REFIERE QUE ESTE CUADRO INICIA HACE MAS O MENOS 5 AÑOS ATRÁS...'" (sic). Finalmente, en el Certificado de 23 de noviembre de 2015 -Formulario 2360931- insertó dolosamente la frase: "'...QUE EMPEZARON DESDE EL AÑO 2010...'" (sic), fundado en una referencia familiar sin respaldo clínico ni científico, haciendo constar falsamente la data del cuadro.

Este hecho constituiría el delito de falsedad ideológica en certificado médico, pues de la correlación de estos elementos se desprende que la inserción del año 2010 en el Certificado del 23 de noviembre de 2015 sería contradictoria con el resto de los elementos de prueba del cuaderno de investigación, los cuales demostraban que:

  1. a)La historia clínica de Ignacia Rojas Villarroel evidenciaba que la misma recién acudió a consulta en septiembre de 2013, sin que se diagnosticara Alzheimer en esa ni en consultas posteriores hasta diciembre de ese año;
  2. b)Los informes tomográficos de 2013 y 2015 no mencionaban dicha enfermedad ni establecían data de antigüedad; y,
  3. c)La imputada Marisol Jordán Rojas reingresó al país en julio de 2015 tras quince años fuera de Bolivia; por lo que, carecía de conocimiento directo del estado de salud de su madre antes de esa fecha, imposibilitándole afirmar válidamente que el cuadro inició en 2010.

Asimismo, el intento de actualización del Certificado de 23 de noviembre de 2015 mediante nuevo documento emitido el 6 de mayo de 2016 -con el mismo contenido falso y sin revaluar a la paciente- reforzó la existencia de dolo directo en la conducta Juan Arturo Cardona Márquez.

A ello se suma que, el imputado Abraham Quinteros Virreira, Médico Forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Cochabamba emitió el Certificado Médico Forense de 26 de noviembre de 2015 copiando íntegramente el contenido del Certificado de 23 igual mes y año -considerado falso-, sin revisar la historia clínica ni solicitar exámenes complementarios para verificar la data de la enfermedad, incurriendo presuntamente en los delitos de incumplimiento de deberes y falsedad ideológica. Por su parte, la imputada Claudia Leclere Jiménez habría insertado falsamente el diagnóstico de "...principio de Alzheimer..." (sic) en un certificado del Geriátrico Escandinavo, hecho que tampoco fue valorado por la Fiscal de Materia a cargo de la investigación.

Pese a la existencia de dicha prueba documental idónea y suficiente para fundar acusación, el 18 de marzo de 2020, la Fiscal de Materia dispuso el sobreseimiento a favor de todos los imputados; por ello, impugnó dicha determinación ante Nuria Gisela Gonzáles Romero, entonces Fiscal Departamental de Cochabamba -hoy autoridad demandada-, denunciando expresamente la omisión valorativa, la falta de motivación y la incorrecta aplicación del derecho.

En respuesta, la autoridad demandada emitió la Resolución Jerárquica FDC/NGGR IS 781/2022 de 30 de diciembre, ratificando íntegramente el sobreseimiento; empero, en su emisión:

  1. 1)Se vulneró la garantía del debido proceso en su vertiente de legalidad, al aplicarse indebidamente los principios in dubio pro reo y "duda razonable" con base en la insuficiencia probatoria, cuando dicho análisis y valoración de la prueba corresponde exclusivamente a la etapa de juicio oral y no al Ministerio Público en fase preparatoria. Asimismo, sostuvo que los fines epistémicos del proceso son cumplidos esencialmente por los fiscales de materia y no por una instancia jerárquica omitiendo considerar que tenía el deber de revisar y controlar las actuaciones de los fiscales de materia conforme lo establecen los arts. 34.3 y 17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP);
  2. 2)Se lesionó la garantía del debido proceso en sus elementos congruencia, fundamentación, motivación y valoración, ya que no se compulsó los fundamentos de hecho y derecho de la Resolución Conclusiva de Sobreseimiento de 18 de marzo de 2020 ni los argumentos del recurso de impugnación. Asimismo, se omitió exponer el valor asignado -de forma individual y conjunta- a las pruebas documentales cursantes en el cuaderno de investigación, tales como los certificados médicos en sus diferentes fechas y formularios, los informes tomográficos de 2013 y 2015, la historia clínica, el certificado de flujo migratorio, entre otros. En su lugar, la autoridad demandada se limitó a una mera descripción numerada de dichos elementos, basando su decisión únicamente en fragmentos de declaraciones testificales de descargo, con desconocimiento de los principios de verdad material, razonabilidad, proporcionalidad y objetividad, supuesto que abre la excepción al control constitucional de la valoración probatoria; y,
  3. 3)Lesionó el derecho a la igualdad por inaplicación de precedentes jurisprudenciales como los Autos Supremos "256/2020" de 6 de julio y "653/2015" de 12 de agosto, que establecen la necesidad de realizar un diagnóstico diferenciado y pruebas complementarias para determinar un cuadro de demencia senil o Alzheimer, sin que baste la sola declaración de un familiar o un certificado médico sin respaldo clínico.
I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

Mostrando 18 de 86 parrafos.

Lee el fallo completo con Pixi Lector

Estás viendo aproximadamente el primer 20% del fallo. Activa Pixi Lector para acceder al texto íntegro y al PDF original completo.

Bs. 20/mesPixi Lector

  • Texto íntegro de las sentencias del TCP y TSJ
  • PDF oficial de cada resolución, listo para descargar
  • Citas listas para usar en tus escritos

¿Necesitas también el asistente IA? Compara todos los planes

Tribunal Constitucional Plurinacional6 de mayo de 20260910/2026-S2Fuente oficial