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TCP

0912/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
6 de mayo de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0912/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0912/2026-S2 Sucre, 6 de mayo de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 57805-2023-116-AAC Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución 073/2023 de 6 de julio, cursante de fs. 587 a 591 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rider Grover Ovando García contra Boris Benjamín Mendoza Méndez, Presidente; Víctor Chura Patzi, Vocal Permanente; y, Román Paco Rafael y Miguel Ángel Moncada Mendieta, Vocales Suplentes, todos del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 31 de mayo, 6, 15 y 20 de junio de 2023, cursantes a fs. 1 y 511 a 524; 527 a 531 vta.; 534 y vta.; y, 537, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso disciplinario iniciado en su contra, ante la emisión de la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental - Cochabamba 012/2021 de 18 de enero, que determinó su responsabilidad disciplinaria por la comisión de las faltas graves contenidas en el art. 12.21 y 38 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB), e impuso la sanción de retiro temporal de la institución policial con pérdida de antigüedad sin goce de haberes de un año, su persona interpuso recurso de apelación contra dicha determinación; no obstante, la misma fue confirmada mediante Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 302/2022 de 18 de octubre, en cuyo pronunciamiento se vulneró sus derechos y garantías, en razón a que, "Existe una infracción al principio de certeza del derecho a la defensa habida cuenta que las autoridades accionadas no observaron y más vulneraron la garantía contenida en el principio de congruencia..." (sic); por cuanto, el hecho que le fue atribuido al admitirse la denuncia respecto a que el 6 de mayo de 2019 aproximadamente a horas 23:00, habría subido con engaños a su vehículo a Fabiola Mendoza Ledezma -tercera interesada- cuando la misma se encontraba cumpliendo funciones como servidora pública policial en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) encañonándola con una pistola, no era congruente con la sanción impuesta en la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental - Cochabamba 012/2021. Asimismo, la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 302/2022 vulneró el derecho a la presunción de inocencia y el principio de legalidad respecto al principio de tipicidad; debido a que, se hizo una interpretación errónea del art. 6 de la LRDPB que establece que: "Se considera como falta disciplinaria a toda acción u omisión que en el ejercicio de sus funciones incurran las servidoras y los servidores públicos policiales, que estén previstas y sancionadas por la presente Ley. No constituyen falta disciplinarias las que no cumplan este requisito" (sic); ello, porque del contenido del Informe 039/2019 de 14 de mayo, efectuado por Edgar Aguilar Cuellar, Comandante de la Patrulla de Auxilio y Cooperación (PAC) dirigido a Raúl Grandy Cabero, se tiene que, durante el ejercicio de sus funciones no reportó ningún hecho extraordinario, problema o falta disciplinaria ya que el 6 y "7" de mayo de 2019, en que presuntamente cometió las faltas, no se encontraba de servicio, sino en descanso; por lo que, no se tenía elementos constitutivos de sus funciones que se adecue a las faltas disciplinarias.

Además, no se realizó la operación interpretativa respecto a la falta de tipicidad o vulneración del principio de tipicidad, pues omitió dar respuesta sobre el punto apelado, incurriendo en incongruencia omisiva; por lo que, se lesionó la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación y congruencia. Por otra parte, se reconoció que no existía pericia sobre la violencia psicológica; no obstante, extrapoló sus argumentos a la prueba de desdoblamiento de un audio en el que supuestamente existiría indicios de manipulación con la intención de conseguir un aparente desistimiento en otro caso o hecho -se asume, respecto a la misma víctima-.

Igualmente se lesionó la garantía del debido proceso en su vertiente valoración de la prueba, previsto en el art. 87 de la LRDPB que dispone: "...El Tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba producida, a la motivación y fundamentación de las resoluciones..." (sic); por cuanto, de manera grosera "contrabandean" prueba de cargo de otro caso signado FELC-V 105/2019 que por su naturaleza, correspondía se sustancie en la jurisdicción ordinaria, lo que tuvo incidencia directa en la decisión que se tomó en su contra, imponiéndole el retiro temporal de la institución con pérdida de antigüedad sin goce de haberes por un año. Tampoco se pronunció sobre su prueba de descargo producida. Todo ello trasunta en vulneración del principio de legalidad, pues dicho medio de prueba no tenía relación específica sobre el hecho por el que se le procesaba disciplinariamente, sino que se refería a un hecho posterior y fuera de sus funciones.

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