0916/2022-S3

Bajo esos antecedentes, la Jueza Disciplinaria coaccionada emitió la Resolución Administrativa Disciplinaria de Primera Instancia "15/2018" -lo correcto es 16/2018- de 15 de agosto, que declaró probada la denuncia, sancionándolo con la suspensión del ejercicio de sus funciones por un mes sin goce de haberes, por la comisión de la falta disciplinaria denunciada, señalando que:

1. a)Respecto al registro tardío en el Libro de Tomas de Razón del Juzgado -al que suplía-, de las Resoluciones -Autos Interlocutorios 370/2018 y 371/2018-, emitidas en audiencia de 21 de mayo de 2018, no era su responsabilidad como autoridad jurisdiccional. En cuanto a la remisión del recurso de apelación incidental dentro de las veinticuatro horas conforme establece el art. 251."II" del CPP, se debe entender, cuando todos los recurrentes apelan en audiencia; sin embargo, esa situación no aconteció, ya que cuatro de los imputados apelaron con posterioridad a dicha audiencia y la última recurrente lo hizo el 24 de mayo de igual año, no siendo gravitante para los sujetos procesales el tiempo empleado en la elaboración del acta y la emisión del Auto Interlocutorio 371/2018;
2. b)Se advirtió demora en la emisión del Auto de señalamiento de piezas para la elaboración del testimonio de apelación "...tomando en cuenta la efectivizarían de los recursos de apelación que fue el 1ro de junio de 2018, momento a partir de la cual recién el Fiscal de Materia contaba con el término de 72 horas para apelar o no el recurso de apelación incidental, por lo que se hubiera emitido en el plazo correspondiente" (sic); y,
3. c)La retardación indebida denunciada relativa a lo estipulado por el párrafo segundo del art. 251 del CPP, implicó que unificados los recursos planteados por los imputados, "el Sr Juez" no solo debió señalar las piezas procesales del testimonio de apelación, sino efectivizar la remisión del testimonio de apelación dentro de las veinticuatro horas siguientes ante el Tribunal de alzada, sin ninguna otra formalidad; sin embargo, el argumento que ninguna de las partes proveyó lo necesario para la elaboración del referido testimonio que debió ser conformado por fotocopias legalizadas de aproximadamente diez cuerpos de "200 fs." cada uno; lo que sucedió recién el 28 de junio de 2019, cuando la coimputada Noemí Sonia Ágreda Rodríguez proveyó dichos recaudos; en ese sentido, se indicó que la falta de provisión de recaudos no podía ser utilizado como justificativo para dilatar la remisión de obrados porque contravenía los principios de celeridad y gratuidad, y que su persona pudo oficiar ante Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro o a la Oficina Departamental de Oruro del Consejo de la Magistratura para cumplir con los plazos. Asimismo, evidenció que los imputados recurrentes no se encontraban con detención preventiva, ni estaba en riesgo su libertad, condición que no eximía a su persona de agotar los mecanismos necesarios para la remisión del testimonio del recurso de apelación en plazo.

Se señaló la falta de motivación y fundamentación de la Resolución apelada:

1. 1)En cuanto a las labores jurisdiccionales y administrativas existentes dentro de un proceso judicial;
2. 2)Debido a que no se estableció cual es el fundamento jurídico para manifestar que la labor de la autoridad jurisdiccional no concluye con emitir el Auto de señalamiento de piezas procesales para la elaboración del testimonio de apelación, sino que indicó que debió hacerse efectiva la remisión del citado testimonio dentro de las veinticuatro horas siguientes, sin ninguna otra formalidad;
3. 3)Sobre el momento en que concluye la labor del Juez en un proceso o actuado procesal, más aun cuando dispuso la remisión de la apelación con nota de cortesía, la que debió ser cumplida por el Secretario del Juzgado;
4. 4)Respecto a las obligaciones que tienen los Secretarios de los Juzgados de realizar trámites administrativos;
5. 5)De la negligencia en la que incurrieron las partes del proceso, al no proveer el "material" para la elaboración del testimonio de apelación; ya que de los cuatro apelantes solo una proveyó los recaudos para ese fin, y el denunciante -hoy tercero interesado-, no lo hizo;
6. 6)Sobre la razón para que su persona solicite al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro o al Encargado de la Oficina Departamental de Oruro del Consejo de la Magistratura, proveer las fotocopias para la elaboración del referido testimonio siendo que no existe norma que disponga esa situación; y,
7. 7)Con relación al perjuicio que se habría ocasionado a las partes, así como la culpabilidad de su conducta sobre el hecho, a pesar de señalar que ante la falta de presupuesto para la emisión del citado testimonio, acudió a la DAF del Órgano Judicial, obteniendo una repuesta negativa de dicha instancia.

En cuanto a los principios procesales de legalidad, taxatividad y certeza, se vulneran los mismos por la Resolución Administrativa Disciplinaria de Primera Instancia 16/2018; puesto que, lo estipulado por el segundo párrafo del art. 251 del CPP, no indica que la remisión sea por el Juez o personal de apoyo judicial, careciendo la misma de taxatividad y certeza, para concluir que dicho Juez se encuentra obligado a cumplir esa disposición legal; tampoco esa Resolución identificó una base legal que disponga que su persona deba acudir ante el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro o a la Oficina Departamental de Oruro del Consejo de la Magistratura, a efectos de solicitar presupuesto para la elaboración de un testimonio de apelación de diez cuerpos. El recurso de apelación formulado por su persona fue resuelto mediante Resolución SP-AP 465/2018 de 17 de diciembre, por la Sala Plena del Consejo de la Magistratura como Tribunal de segunda instancia, confirmando totalmente la Resolución Administrativa Disciplinaria de Primera Instancia 16/2018, manifestando respecto al primer agravio que se realizó la clasificación de cada una de las pruebas, identificando las relacionadas a:

1. i)La denuncia por retardación indebida en la suscripción y firma del acta y el Auto de la audiencia de 21 de mayo de 2018, que recién se efectuó el 24 del citado mes y año;
2. ii)La retardación en el señalamiento de piezas procesales a ser remitidas al Tribunal de alzada, que se realizó el 5 de junio de igual año; es decir, quince días después; y,
3. iii)La tardía remisión del testimonio del recurso de apelación incidental al referido Tribunal; hechos que habrían sido probados por la prueba presentada, no resultando evidente lo manifestado por su persona, al evidenciarse coherencia entre la denuncia, el fundamento de la sanción disciplinaria y la parte dispositiva. Esa aseveración es contradictoria con la citada Resolución de primera instancia y el recurso de apelación interpuesto; en virtud a que los dos primeros supuestos fueron considerados por la Jueza Disciplinaria coaccionada como emitidos en plazos razonables y "correspondientes"; sin embargo, la Resolución de segunda instancia -SP-AP 465/2018-, concluyó que existía coherencia entre la denuncia, el fundamento de una sanción disciplinaria y la parte dispositiva, lo que le deja en total incertidumbre sobre los criterios de ambas Resoluciones; y la sanción de manera incongruente manifestó que todos los hechos fueron probados por la prueba presentada, estableciendo retardación indebida.

La Resolución SP-AP 465/2018, no motivó ni fundamentó sobre:

1. a)El agravio relativo a la falta de una actividad intelectiva por parte de la Jueza Disciplinaria coaccionada, al momento de valorar la prueba, fundamentalmente la consistente en el Informe emitido por el Asesor Legal de la DAF del Órgano Judicial; prueba que no fue valorada por el Tribunal de Apelación;
2. b)El dolo y la culpa en su actuar, ya que la falta de culpabilidad es eximente de toda sanción;
3. c)El agravio por el cual se le pretende atribuir facultades estipuladas para el personal de apoyo jurisdiccional a autoridades judiciales, estando prevista la remisión del testimonio de apelación como una función exclusiva del personal de apoyo; sin embargo, este agravio no fue contestado por el Tribunal de segunda instancia; y,
4. d)No se tomó en cuenta el agravio expuesto para desvirtuar el argumento de que pudo oficiar a Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro o al Encargado de la Oficina Departamental de Oruro del Consejo de la Magistratura, para cumplir los plazos y así agotar los mecanismos para remitir el testimonio de apelación.

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia:

1. 1)Se anule obrados hasta la emisión de la Resolución Administrativa Disciplinaria de Primera Instancia "15/2018" -lo correcto es 16/2018- inclusive, dejando sin efecto el memorándum de suspensión de funciones; y,
2. 2)Se disponga la condenación en costas, daños y perjuicios.

Mirtha Gaby Meneses Gómez y Marvin Arsenio Molina Casanova, Consejeros del Consejo de la Magistratura, mediante informe escrito, cursante a fs. 58 y vta., así como en audiencia, a través de su representante legal, manifestaron que:

1. i)Asumieron el cargo desde el 16 de agosto y 29 de julio, ambos de 2021, respectivamente; por lo que, no fueron relatores de la Resolución SP-AP 465/2018; sin embargo, cumplirán la determinación que se asuma en calidad de Consejeros que conforman actualmente la Sala Disciplinaria; no correspondiéndoles informar sobre el fondo de la acción tutelar;
2. ii)El impetrante de tutela realizó observaciones que ya fueron expuestas en su recurso de apelación y resueltas por la Sala Plena del Consejo de la Magistratura como Tribunal de segunda instancia; pretendiendo con la interposición de esta acción de defensa, que el Tribunal de garantías se convierta en una instancia más de revisión de los actos y etapas que son propias de un proceso disciplinario previsto en la Ley del Órgano Judicial;
3. iii)El Tribunal de apelación mediante la Resolución SP-AP 465/2018, confirmó la Resolución Administrativa Disciplinaria de Primera Instancia 16/2018 manifestando que existe coherencia entre la denuncia, el fundamento de la sanción disciplinaria y la parte dispositiva; indicando que la carga procesal no puede ser considerada como un medio que exima de responsabilidad, que la conducta omisiva es sancionada ligada a la retardación indebida y que la Jueza Disciplinaria coaccionada efectuó una correcta valoración de la prueba cursante en obrados; y,
4. iv)No se evidenció que las resoluciones disciplinarias de primera y segunda instancia lesionaron los derechos alegados por el peticionante de tutela; puesto que, ante la existencia de una denuncia se siguió el procedimiento establecido por la Ley del Órgano Judicial; motivo por el que pidieron se deniegue la tutela impetrada.

Ingrid Peláez Mamayeff, Jueza Disciplinaria Primera de la Oficina Departamental de Oruro del Consejo de la Magistratura, en audiencia, señaló que:

1. a)Emitió el Auto de admisión de denuncia e inicio de investigación de 10 de julio de 2018, contra el accionante; dicha investigación abarcó tres puntos que fueron la base de la denuncia;
2. b)El impetrante de tutela señala que se vulneró su derecho al debido proceso en sus elementos de legalidad, especificidad, congruencia, motivación y fundamentación; sin embargo, en su recurso de apelación señaló que se vulneró los derechos al debido proceso, a la igualdad y a la defensa; lo que no sucedió, ya que todos los actuados fueron de su conocimiento y tuvo la oportunidad de plantear todos los recursos y de contestar en su oportunidad de manera amplia e irrestricta;
3. c)Respecto a la congruencia, motivación y fundamentación, así como la legalidad, el reclamo trata sobre el hecho de que tenía la obligación de verificar el cumplimiento del principio de gratuidad, así como el de celeridad; al respecto la SCP 0007/2018-S4 de 6 de febrero, estableció que no se puede basar o poner como premisa que se tenga que cumplir aspectos pecuniarios para el logro de la efectividad del recurso de impugnación. La SCP 0942/2015-S1 de 13 de octubre, relativo al tema de fotocopias que se deben proporcionar y elevar en grado de apelación, señalando que la autoridad jurisdiccional debe extremar todos los esfuerzos para que se haga viable el recurso de apelación incidental;
4. d)La obligación de las autoridades jurisdiccionales no se limita a celebrar las audiencias y a dictar las resoluciones, sino también al trámite posterior de impugnación, efectuando un control de las actividades que realiza su personal de apoyo. En este caso, el peticionante de tutela al emitir su informe no señaló que el Secretario o el Auxiliar incumplieron sus funciones, y como director del proceso tiene la obligación de controlar a su personal, así lo entendió el SC 0348/2011-R de 7 de abril;
5. e)Se debe tomar en cuenta que el juez de instrucción penal, es el contralor de garantías constitucionales durante el desarrollo del proceso; por lo que, el accionante con mayor razón tenía la obligación de observar el cumplimiento de todos los principios y garantías constitucionales, y no alegar que la DAF del Órgano Judicial no le otorgaría fotocopias debido a que -la parte imputada- tenía su abogado defensor. El hecho de que una persona tenga un abogado defensor no implica que cuente con recursos económicos suficientes y la Constitución Política del Estado no hace diferenciación en sentido que las personas que cuentan con un abogado no puedan ser atendidas o no puedan acceder al principio de gratuidad;
6. f)No se encontró responsabilidad por los otros dos aspectos denunciados, siendo razonables sus argumentos de defensa; y,
7. g)Las fotocopias necesarias pudieron ser solicitadas por el impetrante de tutela oficiando a Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro o a la Oficina Departamental de Oruro del Consejo de la Magistratura; en razón a que esas instancias pueden otorgar dichas fotocopias ante la solicitud y exposición de imposibilidad de cumplir con la remisión del recurso de apelación, lo que es de conocimiento de los servidores judiciales del Órgano Judicial; de igual forma, los Vocales en materia penal, en ciertas ocasiones permiten "que saque" fotocopias de las actuaciones que correspondan para dar gratuidad a los usuarios. Por lo expuesto, pide se deniegue la tutela impetrada.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, -con la aclaración que se convocó a la Vocal de su similar Primera- mediante Resolución 88/2021 de 24 de septiembre, cursante de fs. 104 a 115 vta., denegó la tutela solicitada, sin imposición de costas ni otra sanción por entender excusable aquella actuación, considerando además que los ahora accionados son servidores públicos; decisión asumida bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)Mediante la acción de amparo constitucional planteada se atribuyó legitimación pasiva a dos instancias del proceso disciplinario; sin embargo, de acuerdo con la doctrina y jurisprudencia constitucional, dicha vía solo se activa contra la autoridad de segunda instancia, la cual debe resolver todas las cuestiones y reclamos formulados en el recurso de apelación, y al no hacerlo genera la vulneración de derechos; empero, en el presente caso la acción tutelar se dirigió también contra la autoridad de primera instancia, aspecto que se consideró razonable porque en el desarrollo de los hechos se manifestó también la vulneración de otras normas de orden supra constitucional que pueden ser aplicadas de manera preferente; motivo por el cual, se admitió la participación de la Jueza Disciplinaria coaccionada, que en circunstancias regulares se habría determinado que carecía de legitimación pasiva, por cuanto sus actos bien pudieron ser revisados por una segunda instancia y precisamente a esa autoridad se le atribuye la falta de motivación, fundamentación y valoración de la prueba, situación similar a las autoridades de segunda instancia en la emisión de la Resolución SP-AP 465/2018, atribuyéndoles además la vulneración de los principios de legalidad, taxatividad y certeza;
2. 2)No resulta clara la petición de anular el proceso hasta el momento de dictarse una resolución de primera instancia; en razón a que, no se advirtió elementos de relevancia constitucional, que "ordene" a esa Sala considerar dicha posibilidad;
3. 3)Todos los agravios del recurso de apelación fueron identificados y respondidos en la citada Resolución SP-AP 465/2018, salvo uno que se pretendió utilizar para justificar la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de legalidad y taxatividad, relativo a la obligación de cumplir determinados actos que son de responsabilidad de los secretarios de juzgado; no obstante, en ningún momento se señaló que la responsabilidad disciplinaria debió recaer en el Secretario, independientemente que el "Tribunal Constitucional", al respecto, moduló la jurisprudencia en sentido de ampliar la legitimación pasiva a secretarios, y no solamente a jueces;
4. 4)En el presente caso, bajo el marco de la legalidad o taxatividad, el peticionante de tutela debió reclamar en primera instancia que la responsabilidad era compartida o caso contrario que se trataba de una responsabilidad disciplinaria vinculada al Secretario de su despacho; sin embargo, en su memorial refirió que eso no constituía causal suficiente para deslindar responsabilidad o justificar la misma;
5. 5)El principio de legalidad o taxatividad se vincula a la interpretación cabal de la ley; si la norma estableciera que la remisión de los recursos de apelación incidental en el plazo de veinticuatro horas es de responsabilidad exclusiva del secretario de un juzgado y el proceso disciplinario opta en una aplicación por analogía procesando a un juez, en efecto se vulneraría dicho principio; sin embargo, en el presente caso ese aspecto no fue adecuadamente desarrollado por el accionante;
6. 6)Se reclamó que no se valoró la prueba referente al Informe de la DAF del Órgano Judicial, en sentido de la imposibilidad física, económica y administrativa de proveer recaudos en causas particulares; si bien eso resulta ser relativamente cierto; sin embargo, bajo el principio de relevancia constitucional, ello no puede activar una vulneración constitucional; puesto que, la jurisprudencia constitucional manifestó que no es necesaria la remisión de fotocopias legalizadas en testimonio de apelación, ya que para cumplir el plazo de veinticuatro horas para la remisión, y dar por "concluida" esa "norma" basta con la remisión del acta y de la resolución, ya que será responsabilidad de las autoridades de segunda instancia atribuir esas consecuencias a las partes negligentes u omisiones que no hubiesen cumplido con dicho deber de otorgar los "materiales" necesarios y pertinentes; por lo tanto, ese elemento no podía activar una vulneración de esa naturaleza que invalide determinados actuados administrativos; y,
7. 7)En cuanto al reclamo de la carga procesal que no fue considerado; se tiene que las resoluciones de primera y segunda instancia expresaron que la carga procesal no es eximente de responsabilidad; asimismo, la jurisprudencia constitucional estableció ampliar excepcionalmente el plazo de veinticuatro horas a tres días cuando se justifique impedimento o carga procesal; en tal sentido, las aseveraciones de las autoridades administrativas no se encuentran revestidas de la suficiente relevancia constitucional para entenderlas como lesivas de derechos.

En vía de aclaración, complementación y enmienda, el impetrante de tutela a través de su abogado, solicitó a la Sala Constitucional se complemente la Resolución 88/2021, en virtud a que:

1. i)Nuevamente se vulneró la falta de motivación y fundamentación, por cuanto el Tribunal de segunda instancia no identificó los agravios específicos descritos en la acción tutelar ni dio respuesta a todos los agravios del recurso de apelación; y,
2. ii)Respecto a la alegación de que el Tribunal Constitucional Plurinacional ya tenía delimitada una línea jurisprudencial en casos en los que no se cumpla con el presupuesto de la elaboración del testimonio de apelación, en cuyo caso debe remitirse al Tribunal de alzada únicamente el acta y la resolución.

En mérito a esa solicitud, la Sala Constitucional, señaló que:

1. a)En el desarrollo de la Resolución 88/2021, se manifestó que el Tribunal de segunda instancia, identificó los agravios, y expresó que los cuatro agravios precisados fueron respondidos con una observación que también fue aclarada "...que el resultado sería intrascendente, la mención que se ha hecho a las obligaciones del secretario, vinculado a los principios de taxatividad y legalidad..." (sic); por ello, fueron objetivos y exhaustivos al señalar qué elementos fueron omitidos por el Tribunal de alzada, pero que no eran relevantes para determinar vulneración alguna; en consecuencia, la referida resolución fue clara respecto a ese elemento; y,
2. b)Con relación a la jurisprudencia constitucional, evidentemente existe esa "línea"; sin embargo, escapa memorizar el número de "resolución constitucional"; empero, los fallos constitucionales son de cumplimiento obligatorio y de conocimiento público en las instancias de publicidad del Tribunal Constitucional Plurinacional; por lo tanto, no se afecta a la legalidad de la resolución dictada.