Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0919/2019-S2 Sucre, 4 de octubre de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad
Expediente: 29839-2019-60-AL Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución 07/2019 de 5 de julio, cursante de fs. 109 a 112, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Beymar Jesús Mita Monzón y María Belén Guerra Flores en representación sin mandato de Agustín Curagua Aguilar contra Gualberto Quispe Alba, Juez de Instrucción Penal Primero de Villa Tunari; y, Silvia Clara Zurita Aguilar y Pablo Antezana Vargas, Vocales de la Sala Penal Cuarta, todos del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 4 de julio de 2019, cursante de fs. 75 a 88, el accionante a través de sus representantes sin mandato, expresaron los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la Jueza Pública Mixta e Instrucción Penal Primera de Shinahota del departamento de Cochabamba, dispuso su detención preventiva por concurrir los requisitos establecidos en el art. 233 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.1, 2 y 10; y, 235.2 del mismo Código; no obstante, que el Ministerio Público solicitó la aplicación de medidas sustitutivas.
Con la finalidad de modificar su situación jurídica, solicitó distintas audiencias de cesación a la detención preventiva, produciéndose los siguientes actuados:
- a)El 25 de febrero de 2019, presentó nuevos elementos de convicción con la finalidad de acreditar domicilio y trabajo, desvirtuar el art. 234.1 del CPP y el riesgo de obstaculización; sin embargo, fue rechazada fuera del marco de razonabilidad;b) El 1 de abril de igual año presentó las pruebas que acreditaban que no era un peligro para la víctima, las cuales no fueron aceptadas; por ello, apeló, empero los actuados no se remitieron en los plazos establecido por ley; en audiencia de apelación, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, anuló la Resolución impugnada disponiendo que el Juez a quo vuelva a dictar resolución;
- c)El 22 de mayo del citado año, el Juez a quo dictó nueva Resolución dando por acreditado el domicilio, pero no respecto al trabajo, haciendo exigencias subjetivas con relación al art. 234.10 del CPP;
- d)El 3 de junio del indicado año, presentó nuevos elementos de convicción; sin embargo se rechazó sin una debida fundamentación y motivación; resolviendo el recurso de apelación, la Sala Penal Cuarta del citado Tribunal, dio curso al art. 234.1 y 2 del CPP; y, respecto al art. 234.10 lo declararon improcedente; y,
- e)El 28 de igual mes y año, interpuso acción de libertad contra las autoridades demandadas que fue denegada por el Tribunal de garantías, sin ingresar al análisis de fondo con el argumento que no se contaba con el acta de apelación impugnado.
Añade que, ningunas de las autoridades aplicaron el Protocolo de Medidas Cautelares, desconociendo las características de instrumentalidad, proporcionalidad, provisionalidad entre otras; y, que esa actuación lo dejó en indefensión.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, defensa, igualdad y presunción de inocencia; citando para el efecto los arts. 125, 126 y 127 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga la anulación en parte del Auto de Vista de 18 de junio de 2019 y se pronuncie una nueva resolución realizando una compulsa integral de todos los elementos de convicción del cuaderno procesal para desvirtuar los riesgos procesales.
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 5 de julio de 2019, según consta en acta cursante de fs. 105 a 108, produciéndose los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación de la acción
El accionante, a través de sus abogados, reiteró los fundamentos expresados en su demanda tutelar.
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
Pablo Antezana Vargas y Silvia Clara Zurita Aguilar, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 5 de julio de 2019, cursante de fs. 102 a 104, solicitaron se deniegue la tutela e informaron lo siguiente:
- 1)El accionante no identificó de forma clara y coherente los criterios de interpretación de legalidad ordinaria, tampoco se estableció el nexo de causalidad entre el criterio de interpretación utilizado y el principio constitucional del debido proceso vulnerado, sin determinar de qué manera el Auto de Vista dictado por este Tribunal vulneró sus derechos;
- 2)El peticionante de tutela pretende que como Tribunal de garantías, realicen una labor de revisión de resoluciones pronunciadas por la jurisdicción ordinaria, sin considerar que la acción de libertad no es una instancia casacional supletoria; y,
- 3)Sobre el Auto de Vista de 18 de junio de 2019, se consideró los preceptos legales pertinentes al caso con la finalidad de establecer la procedencia o improcedencia del recurso planteado, sin dejar de lado el derecho al debido proceso, presunción de inocencia y los establecidos en la Constitución Política del Estado; toda vez que, la Norma Suprema otorga una protección preferente a la condición de mujer y más aún cuando la víctima se encontraba en estado de gestación; y, que la conducta agresiva del imputado desde el momento en que sucedieron los hechos aún siguen investigándose, lo que pone en evidente riesgo de vulnerabilidad de la víctima, por ello, debe aplicarse una protección reforzada del Estado.
I.2.3. Resolución
La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 07/2019 de 5 de julio, cursante de fs. 109 a 112, denegó la tutela solicitada, en mérito a los siguientes fundamentos:
- i)De acuerdo a los datos recabados del sistema de gestión procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, se evidencia que existe un pronunciamiento constitucional que ya resolvió la pretensión que ahora busca el demandante de tutela mediante la presente acción de defensa; cual es la Resolución de 29 de junio de 2019, emitida dentro de una acción de libertad por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba -constituido en Tribunal de garantías- que denegó la acción; y,
- ii)Al existir un anterior pronunciamiento de otro Tribunal de garantías, respecto a la falta de fundamentación en el Auto de Vista de 18 de junio de 2019, no corresponde ingresar al análisis de fondo, toda vez que, conllevaría a la duplicidad de fallos constitucionales no deseados por el sistema de ordenamiento jurídico.
I.3. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional
Al no existir consenso en la Sala, de conformidad con el art. 30.I.6 de la Ley de Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se convocó al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.
II. CONCLUSIONES
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente:
II.1. Cursa Acta de audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de 24 de enero de 2019, actuado procesal en el que por Auto Interlocutorio de igual data, la Jueza Pública Mixta e Instrucción Penal Primero de Shinahota del departamento de Cochabamba, dispuso detención preventiva contra Agustín Curagua Aguilar -ahora accionante-, determinando que concurrían los requisitos establecidos en el art. 233 del CPP y los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.1, 2 y 10; y, 235.2 del mismo Código, a cumplir en el Centro Penitenciario San Pedro de Sacaba del citado departamento (fs. 20 a 25 vta.).
II.2. En audiencia de cesación a la detención preventiva solicitada por el accionante, el Juez de Instrucción Penal Primero de Villa Tunari del departamento de Cochabamba -ahora demandado-, mediante Auto Interlocutorio de 3 de junio de 2019, rechazó la solicitud argumentando, entre otros aspectos, que no se enervó trabajo, así como el art. 233.1 del CPP, con relación a la probabilidad de autoría y los riesgos procesales establecidos en el art. 234.1, 2 y 10; y, el art. 235.2 del CPP (fs. 54 a 59 vta.).
II.3. Efectuada la audiencia de apelación incidental interpuesta por el accionante contra el Auto Interlocutorio de 3 de junio de 2019, Silvia Clara Zurita Aguilar y Pablo Antezana Vargas, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora codemandados-, a través del Auto de Vista de 18 de igual mes y año, declararon procedente en parte el recurso de apelación, dejando subsistentes los riesgos procesales de los arts. 234.10 y 235.2 del CPP, manteniéndose firme la detención preventiva (fs. 60 a 65 vta.).
II.4. Cursa Audiencia y Resolución de acción de libertad de 29 de junio de 2019, emitida dentro de la acción de libertad interpuesta también por el ahora accionante contra Gualberto Quispe Alba, Juez de Instrucción Penal Primero de Villa Tunari; y, Silvia Clara Zurita y Pablo Antezana Vargas, Vocales de la Sala Penal Cuarta, todos del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante la que el Tribunal de garantías denegó la tutela solicitada sin ingresar al análisis de la problemática (fs. 66 a 70 vta.).
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
El accionante denuncia que se vulneró sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, defensa, igualdad y presunción de inocencia; toda vez que, el Juez de Instrucción Penal Primero de Villa Tunari y los Vocales de la Sala Penal Cuarta, todos del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a tiempo de resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva y la Resolución de la apelación incidental, respectivamente, mantuvieron subsistentes los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.10 y 235.2 del CPP, sin efectuar una debida fundamentación y motivación ni aplicar el Protocolo de Medidas Cautelares, desconociendo las características de instrumentalidad, proporcionalidad, provisionalidad, entre otras; por lo que, solicita se conceda la tutela impetrada; y, se anule en parte del Auto de Vista de 18 de junio de 2019 y se pronuncie una nueva resolución realizando una compulsa integral de todos los elementos de convicción del cuaderno procesal.
En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas:
- a)El debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación de las resoluciones y el principio de congruencia;
- b)La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico:
- b.1)El equilibrio entre los derechos de la víctima y del imputado en el Estado Constitucional y su análisis en las acciones de defensa;
- b.2)El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación y el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género;
- b.3)Las normas especiales de la Ley 348 aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género;
- b.4)El enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa;
- c)Sobre el riesgo procesal de fuga de peligro efectivo para la víctima o el denunciante en delitos relacionados a violencia contra la mujer; y,
- d)Análisis del caso concreto.
III.1. El debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia
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