0920/2019-S2

El solicitante de tutela, a través de su defensa ratificó íntegramente el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando los términos de su demanda en audiencia señaló que:

1. a)Su declaración en su momento fue viciada debido a que no estuvo presente un intérprete en el acto procesal, la única que lo entendía era su madre, quien no se encuentra calificada ni es la persona idónea para el efecto;
2. b)La Jueza demandada hace mención a que se envió el cuaderno procesal al "Juzgado de Santa Ana"; sin embargo, ella en su primer actuado debió habilitar un intérprete; y,
3. c)La defensa pública acudió al Comité Departamental de Personas Discapacitadas (CODEPEDI) Trinidad del departamento de Beni, quienes se encargan de personas sordomudas, con cuyo personal acudieron al Centro Penitenciario Mocoví del departamento antes referido, los cuales realizaron respectivo informe sobre Jaime Vaca Correa, concluyendo que no puede entendérsele nada, debido a su deficiencia mental.

1. 1)Los hechos que dieron lugar a la imputación por parte de la Fiscalía, se suscitaron en la localidad de San Ramón cantón segundo de la provincia de Mamoré departamento de Beni, por información de los hermanos de la iglesia brindada a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de que en una quinta habría una niña de 6 años de edad que estaría siendo abusada sexualmente; por lo que una vez constituida la mencionada institución en el lugar, se percató que la víctima estaba a cargo de una señora ciega y de la tercera edad, situación que fue aprovechada por el accionante y otro imputado para cometer el delito de violación contra la menor;

1. 2)Se valoró los indicios presentados por la Fiscal, informe policial, denuncia por parte de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, acta de identificación de los agresores por parte de la menor, fotografías de la menor, acta de aprehensión por particulares, informe médico donde se establece que tiene perforación de himen y probablemente penetración anal, además de detallar físicamente a sus agresores;

1. 3)En la mencionada audiencia la Fiscal señala que al tener una discapacidad de sordera se utilizó un intérprete conforme establece el art. 10 del Código Penal (CP), solicitando su detención en el referido Centro penitenciario Mocoví del departamento de Beni, toda vez que en San Ramón quería hacer justicia por mano propia;

1. 4)Se le hizo saber que dicha medida era de carácter provisional en tanto se reúnan los requisitos exigidos para una cesación a la detención preventiva, además que podían hacer uso de los requisitos que franquea la ley, como ser la apelación de dicha resolución;

1. 5)Si bien el art. 13 de la CPE establece que los derechos no tienen jerarquía; en los grupos de vulnerabilidad en los que se encuentran los niños, niñas y adolescentes, debe velarse también el interés superior del niño, lo que en un acto de ponderación, se tomó en cuenta que es mayor el daño que se causa a un niña de 6 años de edad a cargo de su abuela ciega, quien se encuentra en una institución de acogida a la espera de que alguien le pueda dar una familia, respecto al solicitante de tutela, su discapacidad es la sordomudez, discapacidad que le impide escuchar y hablar, pero no le habilita a realizar actos que son considerados delitos, únicamente por el hecho de no escuchar ni hablar, pues las demás funciones fisiológicas se encuentra activas;

1. 6)El accionante vivía en la misma quinta que la menor, se alimentaba y vestía por sí mismo, la discapacidad no le impedía realizar las actividades cotidianas;
2. 7)El art. 193 inc. c) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014- se refiere a la presunción de la verdad, en base al cual toda autoridad debe considerar el testimonio de una niña, niño, adolescente como cierto, en tanto no se desvirtúe objetivamente el mismo; asimismo, aparte de este principio de verdad contamos con la declaración e identificación por parte de la menor contra el peticionante de tutela y el otro acusado;

1. 8)La situación sería diferente si se hubiera privado de libertad al impetrante de tutela, sin que hubiese existido un inicio de investigación o no se le hubiera hecho conocer sus derechos, pues consta en el cuaderno de investigación del Ministerio Público que su declaración fue tomada cumpliendo con el art. 10 del CPP, puesto que la intérprete era su madre, pues solamente ella comprendía lo que hablaba, sino fuera así no se habría llevado a cabo la audiencia de medidas cautelares; y,

1. 9)No se procesó ni privó de libertad indebidamente al demandante de tutela, sino que lo efectuó cumpliendo sus funciones y atribuciones como controladora de derechos y garantías; por lo que, finalizó solicitando la denegatoria de la presente acción.

El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Beni, en suplencia legal de su similar Primero constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 01/2019 de 1 de julio, cursante de fs. 30 a 31 vta., denegó la tutela solicitada, en virtud a los siguientes argumentos:

1. i)El accionante antes de activar la presente acción de defensa, debió acudir al Juez que conocía del proceso, concretamente el Tribunal de Sentencia, puesto que el informe señaló que el presente caso se encuentra con acusación, además que existe un control jurisdiccional que vendría a ser el Juez que está conociendo la causa, conforme lo establecido en el art. 54.I del CPP, más aun si los reclamos y solicitudes ante el juez cautelar son susceptibles de impugnación; y,
2. ii)Revisada la audiencia de medidas cautelares, en ésta se establece que tenían la posibilidad de recurrir en apelación incidental y en caso de persistir la lesión invocada recién acudir a la jurisdicción constitucional.