0920/2022-S3

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia; se disponga:

1. a)Dejar sin efecto los Autos de 17 de marzo de 2021, que rechaza el incidente de nulidad de obrados, convocatoria de terceros al proceso y regularización de procedimiento planteado por su persona y de 1 de abril de igual año, que dispone la emisión del mandamiento de apremio contra su persona;
2. b)Se dicten nuevas resoluciones aplicando el enfoque diferencial e interseccional respecto a los derechos de las personas adultas mayores; y,
3. c)Se condenen costas, costos, daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia.

El accionante a través de sus representantes legales en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo manifestó que:

1. 1)Si bien en el presente caso, es necesario señalar que mediante testamento los herederos hubiesen sido desheredados; sin embargo, no es menos cierto que "hasta la fecha" no existe una sentencia declarativa que establezca que esas personas fueron desvinculadas de la sucesión hereditaria, circunstancia que tampoco fue considerada por la Jueza ahora accionada; y,
2. 2)La medida dispuesta por la mencionada Jueza constituye una medida de hecho, por carecer de causa jurídica aparente que identifique el motivo por el cual se emita un mandamiento de apremio contra una persona adulta mayor, que no reúne las condiciones de representante legal del Colegio San Agustín de Quillacollo del departamento de Cochabamba, por la existencia de la necesidad de convocar a los herederos y que ellos sean los que definan quien o quienes serán el o los representantes legales de ese Colegio.

Martha Esthela Coca Revollo, Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante informe presentado el 13 de abril de 2022, cursante de fs. 544 a 545, manifestó que:

1. i)En el proceso de beneficios sociales tramitado en su despacho, por la hoy tercera interesada contra el accionante en representación legal del Colegio Particular San Agustín de Quillacollo del referido departamento, se emitió la Sentencia 61/2019; posteriormente, mediante Auto de Vista 056/2020, se revocó en parte la Sentencia de primera instancia, solo referente al pago de primas;
2. ii)En ejecución de sentencia el accionante formuló incidente de nulidad y solicitó convocatoria al proceso de herederos y pidió regularización de procedimiento, que fue rechazado por Auto de 17 de marzo de 2021, dicho Auto fue impugnado mediante recurso de apelación que fue concedido mediante Auto de 27 de abril de igual año, que se encuentra pendiente de resolución por el Tribunal de alzada; no obstante, encontrándose el proceso en ejecución de sentencia, se procedió la causa, considerando que los procesos que adquirieron la calidad de cosa juzgada, no pueden suspender su ejecución, por ningún recurso ordinario ni extraordinario, conforme dispone el art. 400.I del Código Procesal Civil (CPC), aplicable al caso por permisión del art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT); por ello, se extendió el mandamiento de apremio contra el accionante en su calidad de representante legal del citado Colegio, ello en función de que el recurso de apelación en ejecución de sentencia procede en el efecto devolutivo, de acuerdo al art. 260 del CPC y los efectos del recurso de apelación concedidas en efecto devolutivo, permiten la prosecución del trámite en lo principal, sin perjuicio de la alzada, conforme al art. 259 del CPC;
3. iii)El recurso de apelación al Auto de 17 de marzo de ese año, que se encuentra pendiente de resolución, no es óbice para continuar el proceso, tomando en cuenta que el estado de la causa, es ejecución de sentencia; es por ello que; ordenó la extensión del mandamiento de apremio contra el accionante mediante Auto de 1 de abril de ese año; lo señalado, se encuentra respaldado con las SCP 0308/2018-S1 de 9 de julio y SCP 1168/2014 de 10 de junio; es así que, conforme a la jurisprudencia constitucional, el mandamiento de apremio, es una medida de naturaleza compulsiva, que tiene por objeto forzar al empleador el cumplimiento inmediato de una obligación que se encuentra inserta en la sentencia cuya ejecución no puede ser suspendida; y,
4. iv)El accionante alega ser persona adulta mayor, aspecto que puede ser evidente; sin embargo, se debe considerar que la extensión del mandamiento de apremio es la única medida compulsiva para que el nombrado pueda cancelar la deuda social por concepto de beneficios sociales, de derechos laborales y liberarse de esa medida compulsiva y pretender dejar sin efecto el mandamiento de apremio; por ser una persona vulnerable, se va contra todo principio protectivo del trabajador consagrado en los arts. 46 y 48 de la CPE, considerando que ante el incumplimiento de la deuda social, se cuenta con el mandamiento de apremio a los efectos de obligar al accionante a cancelar la deuda social, ello con la finalidad de proteger la alimentación, vivienda y educación de la ahora tercera interesada y de toda su familia y el empleador tuvo cerca de cuatro años, -tiempo que duro el proceso- para proveer el pago de la deuda social, en consecuencia no procede la suspensión del mandamiento de apremio.

Valentina Huayhua Ramos, a través de su abogado en audiencia manifestó que:

1. a)En el presente caso, la Sentencia 61/2019 apelada y confirmada por Auto de Vista 056/2020, tiene el valor de cosa juzgada material y sustancial no modificable por ningún recurso extraordinario para las partes principales en el proceso en primera instancia. Asimismo, en materia de asistencia familiar y pago de beneficios sociales está vigente el apremio corporal en ejecución de sentencia, aclarando que en esa fase en el presente proceso laboral no se aplica por los derechos personales del accionante, sino por ser el representante legal del Colegio Particular San Agustín de Quillacollo del departamento de Cochabamba;
2. b)No existe jurisprudencia constitucional ni normativa legal alguna que establezca que cuanto el representante legal del empleador sea de la tercera edad o una persona adulta mayor, no proceda al apremio corporal no existe ninguna disposición constitucional o tratado que establezca que cuanto un representante legal de personas adultas mayores gocen de impunidad sin que pueda someterse a una ejecución laboral, siendo que de acuerdo al Auto de Vista de 12 de octubre de 2020, tiene el valor de cosa juzgada y es el accionante en su calidad de representante legal del referido Colegio, quien debe pagar los beneficios sociales, no como persona particular; ya que, la demanda no se hizo como persona natural sino como persona jurídica, no se puede exigir el cumplimiento de aquellas obligaciones a otras personas; es decir, a supuestos herederos que no aceptaron la herencia y que no cursa en antecedentes la sucesión hereditaria; es asunto interno dentro de la familia del accionante y no afecta a la esencia de la cosa juzgada que establezca que quienes deben cumplir la obligación laboral es el representante legal del referido Colegio; y, no así otras personas que no son parte en la sustanciación de la demanda principal;
3. c)Es evidente que la normativa nacional e internacional referente a los adultos mayores pregona en favor de ellos el acceso a la justicia, trato preferencial, igualdad, la protección imparcial, el enfoque diferenciado; sin embargo, no disponen o prohíben que cuando funjan como representantes legales la parte empleadora no pueda ser sujeto de apremio corporal, se aclara que el apremio no es por actos de derechos personalísimos del accionante sino en su condición de representante legal del referido Colegio; de ser así, todas las entidades empleadoras podrían burlar sus obligaciones laborales ante los trabajadores si designarían como representantes legales a personas adultas mayores y ese hecho conllevaría grandes conflictos jurídicos; y,
4. d)La pretensión del accionante referente a su libertad de locomoción no corresponde ser atendida en la vía de acción de amparo constitucional; puesto que, no es la vía correcta para el derecho de locomoción sino una acción de libertad conforme establece el art. 125 de la CPE, siendo falso que existan otros bienes muebles o inmuebles del Colegio que hayan sido sujetos de embargo o que estén pendientes de ejecución de mandamiento de embargo.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 033/2022 de 19 de abril, cursante de fs. 554 a 559 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)De acuerdo a la demanda se puede constatar que el accionante no llega a explicar claramente de qué forma se estuviesen cometiendo las medidas de hecho, simplemente refiere "que no se ha resuelto el tema de la responsabilidad pecuniaria y la condición de los otros coherederos, dentro la presente demanda aboral por cobro de beneficios sociales. Y se responsabiliza solo a su persona en el pago de un monto exhuberante por solo su condición de representante" (sic);
2. 2)El accionante se ampara en ser una persona adulto mayor y que; por lo tanto, se encuentra inmerso dentro el grupo de personas de atención prioritaria y al emitir el mandamiento de apremio que se pretende ejecutar, sin esperar el resultado de sus recursos de apelación interpuestos ante la instancia superior, se estuviesen vulnerando sus derechos;
3. 3)El accionante en audiencia tampoco llegó a explicar los fundamentos de su demanda, los presupuestos que se deben cumplir cuando se denuncian medidas de hecho; ya que, la carga probatoria atribuible al accionante para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria y la finalidad de la justicia constitucional en su ámbito tutelar, es el resguardo de derechos fundamentales; por cuanto, a través de esa instancia se debe cumplir con las cargas señaladas precedentemente y en el presente caso no se cumplen con los presupuestos y se limita a señalar que el accionante cuenta con sesenta y un años de edad, se encuentra inmerso en el grupo de personas de vulnerabilidad, además de exponer solo cuestiones que ya fueron puestas a conocimiento del Tribunal de alzada en grado de apelación, la inobservancia en la precisión o identificación de los derechos supuestamente vulnerados, derivan en la ausencia de la relación de causalidad entre los hechos y los derechos supuestamente vulnerados; es decir, el accionante además no presenta los cargos necesarios que permitan mostrar entre otros, cada uno de los derechos que denuncia como vulnerados, pretendiendo que ese Tribunal actúe como instancia adicional o supletoria, aspectos que debieron ser expuestos para que dicho Tribunal excepcionalmente quede habilitado para revisar las determinaciones asumidas en primera instancia por la Jueza hoy accionada;
4. 4)El petitorio es contradictorio y no guarda relación de causalidad entre los hechos y derechos o garantías constitucionales denunciados y cuya tutela judicial se solicita, confundiendo al accionante con una instancia procesal casacional, contraviniendo lo ya establecido en la SCP 0718/2015-S3 de 3 de julio; y,
5. 5)El accionante interpuso recurso de apelación contra el Auto de 17 de marzo de 2021, encontrándose actualmente pendiente de resolución y la presente acción de amparo constitucional, sin esperar el resultado de la impugnación, de igual forma en su petitorio vuelve a pedir se dejen sin efecto los Autos de 17 de marzo y 1 de abril de 2021 y se disponga la emisión de una nueva resolución; y ante la situación descrita se debió aplicar el razonamiento de la SCP 0728/2020-S3 de 6 de noviembre y lo establecido por el art. 53 inc. 1) del CPCo; puesto que, debido a la interposición del recurso de apelación en la vía jurisdiccional ordinaria y la presente acción tutelar en la jurisdicción constitucional, se configura la activación de vías paralelas o simultáneas acontecimiento inadmisible que impide ingresar a resolver el fondo de la problemática expuesta por el accionante; por lo que, al encontrarse la problemática planteada dentro de los presupuestos de improcedencia de la acción de amparo constitucional, corresponde declarar su improcedencia por ir contra resoluciones cuya ejecución estuviese suspendida por efecto de recurso ordinario interpuesto por el nombrado.