0923/2021-S4

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0923/2021-S4 Sucre, 29 de noviembre de 2021

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional

Expediente: 37876-2021-76-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución de 154/2020 de 10 de septiembre, cursante de fs. 383 a 386 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gualberto Lugo Huanaco representante legal de la Cooperativa Minera Veneros Porco Limitada (Ltda.) contra Jorge Fernando Oropeza Terán, Ministro de Minería y Metalurgia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memoriales presentados el 18 de marzo de 2020, cursante de fs. 80 a 90, y de subsanación de 28 de julio de igual año (fs. 93 y vta.), el impetrante de tutela expuso los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 6 de febrero de 2019, a través del periódico El Cambio se habría publicado el Cronograma 37 de inspecciones de reversión de derechos mineros en las áreas mineras de Potosí y Chuquisaca, entre las que se encuentra la Autorización Transitoria Especial (ATE) AGUA DE CASTILLA de su titularidad. La referida inspección se realizó el 21 de febrero de 2019, emitiéndose el Informe Técnico 1399-UCF 001/2019 de 14 de marzo, por los funcionarios del Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización, el cual fue remitido a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), por nota MMM-299 VPMRF-195/2019 de 18 de marzo, instancia que emitió la Resolución de Reversión de Derecho Minero AJAM/DJU/RRMM/22/2019 de 1 abril, a través de la cual se resolvió revertir a propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano la ATE AGUA DE CASTILLA de 13 pertenencias, con número de formulario 11365 ubicada en el municipio Porco de la provincia Antonio Quijarro del departamento de Potosí de titularidad de la Cooperativa Minera Veneros Porco Ltda., por inexistencia de actividades mineras.

Empero, siendo que no tuvieron conocimiento de la inspección, no asistieron a la misma y la Resolución de Reversión de Derecho Minero les fue notificada en Secretaria de la Regional Potosí de la AJAM el viernes 5 de abril de 2019, contraviniendo lo establecido en el art. 43 del Decreto Supremo (DS) 27113, pues la AJAM Potosí no podía maliciosamente notificarles el viernes, sino el lunes o jueves como señala la norma, es así que asumieron que la notificación fue realizada el lunes 8 de abril de 2019, cuando se lo hizo de forma personal a Alejandro Terrazas, conforme consta en el sello y quien firmó en constancia. Además, se debe considerar que su domicilio se encuentra en el municipio de Porco y la sede la Regional Potosí - Chuquisaca de la AJAM en la ciudad de Potosí, por lo que la impugnación debía plantearse en la AJAM nacional, cuyas oficinas se encuentran en Nuestra Señora de La Paz del departamento del mismo nombre. Es decir, un municipio diferente y notoriamente distante, por lo que existe ampliación de plazo de cinco días adicionales previsto en el art. 21.III de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA). Por consiguiente, siendo válida la notificación efectuada el lunes 8 de abril de 2019, se inició el cómputo desde el martes 9 de abril de 2019, conforme el art. 21.II de la misma norma, debiendo vencer los diez días hábiles administrativos el martes 23 de abril de igual año (no contando el viernes 19 de abril por ser éste "Viernes Santo", feriado nacional en aplicación del DS 21060) y considerando que se encontraban en otro municipio, el plazo se ampliaba a cinco días adicionales, es decir que, el plazo para presentar el recurso de revocatoria vencía el martes 30 de abril de 2019 a las 18:30; fecha en la cual fue presentado el mencionado recurso, es decir dentro de plazo, por lo que correspondía sea analizado por la AJAM y respondido en el fondo sobre todos los argumentos vertidos.

Sin embargo, la AJAM emitió la Resolución de Recurso de Revocatoria AJAM/DJU/RRR/8/2019 de 29 de mayo, resolviendo desestimar su impugnación bajo el argumento de que a partir del 8 de abril de 2019, corría el plazo de diez días hábiles administrativos para interponer el recurso de revocatoria, por lo que el 30 de abril de 2019, aquel recurso resultó ser extemporáneo. Razón por la que el 12 de junio de 2019, interpuso recurso jerárquico que mereció la Resolución de Recurso Jerárquico 199/2019 de 5 de septiembre, dictada por el Ministerio de Minería y Metalurgia, que resolvió confirmar la Resolución de Recurso de Revocatoria AJAM/DJU/RRR/8/2019, argumentando que la inspección programada para el 21 de febrero del mismo año, se publicó por el periódico el Cambio el 6 de febrero de igual año, no habiéndose apersonado ningún representante de la Cooperativa Minera Veneros Porco Ltda. a la inspección ni señalado domicilio procesal, en aplicación del parágrafo II del art. 7 del DS 1801 que establece: "Los titulares de ATE o CM señalarán domicilio procesal en la jurisdicción municipal de la Autoridad Regional Jurisdiccional Administrativa Minera, que corresponda para efectos de notificación, caso contrario se tendrá como domicilio procesal la secretaria de la Autoridad Regional Jurisdiccional Administrativa Minera" por ello se señaló como domicilio procesal la Secretaría de la Dirección Regional Potosí -Chuquisaca de la AJAM; añadiendo dicha Resolución que no se aplicaba la ampliación de plazo porque el domicilio procesal señalado era la Regional Potosí y no otro municipio.

La Cooperativa a la cual representa no tuvo conocimiento ni la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa en la inspección llevada a cabo el 21 de febrero de 2019, porque la misma fue publicada a través del periódico Cambio, mismo que no llega al domicilio de la Cooperativa, ubicado en el municipio de Porco, medio de comunicación que ni siquiera llega a la ciudad de Potosí en muchos ejemplares y fue utilizado en el anterior gobierno solo por aspectos políticos, evidenciándose con ello, que la publicación a través del periódico Cambio, no cumplió su finalidad de poner en conocimiento real y cierto el proceso de reversión de derechos mineros para poder ejercitar de manera oportuna y eficaz sus derechos.