0925/2019-S2

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0925/2019-S2 Sucre, 4 de octubre de 2019

SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional

Expediente: 29187-2019-59-AAC Departamento: Pando

En revisión la Resolución de 24 de mayo de 2019, cursante de fs. 171 a 173 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jaime Quiñones Ugarte, Presidente de la Comunidad Campesina Gran Cruz, municipio de Nueva Esperanza, provincia Federico Román del departamento de Pando contra Dimar Mérida Baldelomar, Responsable a.i. de la Unidad Operativa de Bosques y Tierras (UOBT) de Riberalta de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 8 de mayo de 2019, cursante de fs. 78 a 86, la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso administrativo sancionador seguido por la ABT contra la Comunidad Campesina Gran Cruz, mediante memorial de 9 de abril de 2019, se planteó incidente de nulidad de notificación por edictos; dado que, las notificaciones realizadas con:

a)El Auto Administrativo AD-ABT-RIB-PAS 006-2018 de 1 de febrero, de la UOBT Riberalta de la ABT, que dispuso el inicio del referido proceso administrativo sancionador por la presunta infracción forestal de desmonte ilegal cometida por la citada Comunidad; y,
b)La Resolución Administrativa RU-ABT-RIB-PAS 303-2018 de 20 de marzo, de dicha UOBT, que declaró a la mencionada Comunidad, responsable del supuesto desmonte ilegal, imponiéndole la sanción de multa de Bs21 296,55.-(veintiún mil doscientos noventa y seis 55/100 bolivianos), equivalente al producto de UFV190.- (ciento noventa unidades de fomento a la vivienda), por 112.0871 ha afectadas, que deberán ser depositados en la cuenta fiscal de la ABT 1-3553365 del Banco Unión Sociedad Anónima (S.A.), conforme al Reglamento Administrativo Sancionador aprobado mediante "...Resolución Administrativa 42/2016..." (sic), fueron cumplidas mediante edictos -003/2018 de 5 de febrero y 042/2018 de 15 de mayo, respectivamente- en Radio Norte Riberalta, cuya emisión no tiene alcance hasta la indicada Comunidad -según certificación de 23 de marzo de 2019, emitida por la misma entidad-, tampoco, tienen una antena repetidora que transmita la señal de la emisora; por cuanto, no se tomó en cuenta éstos extremos, y tuvo como efecto la falta de conocimiento del mencionado proceso; pese que se conocía al contraventor y su domicilio mediante imágenes satelitales que identificaron a la referida Comunidad (según Informe Técnico-Legal ITL-ABT-RIB-024-2018 de 1 de febrero y su anexo); es decir, los edictos no cumplieron con la finalidad de hacer conocer el proceso.

La autoridad administrativa de la UOBT Riberalta de la ABT, emitió providencia PR-ABT-RIB-005-2019 de 11 de abril, por la cual se declaró sin competencia para resolver; puesto que, el proceso se encontraba ejecutoriado, por lo que, rechazó el incidente planteado. Ante el recurso de revocatoria que se presentó mediante memorial de 25 de abril de 2019, dicha autoridad pronunció providencia PR-ABT-RIB009-2019 de 29 de igual mes, a través de la cual ratificó la referida providencia impugnada, señalando que se debe estar a lo resuelto; y que cualquier acto administrativo sin competencia implicaría desnaturalizar el espíritu del proceso administrativo sancionador. En sujeción al Decreto Supremo (DS) 26389 de 8 de noviembre de 2011 modificado por el Decreto Supremo (DS) 27171 de 15 de septiembre de 2003 -art. 31.II-, la última providencia no admite recurso ulterior; por consiguiente, queda expedita la vía constitucional para la interposición de la presente acción de amparo constitucional.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Alegan la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la igualdad de oportunidades entre las partes, a la presunción de inocencia; y, al principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115.II, 116 y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga la anulación de las actuaciones del proceso administrativo hasta el informe de desconocimiento de domicilio "...hasta FS. 24..." (sic); también de las notificaciones que imponen la sanción, asimismo, de la notificación con la ejecutoria de la "...Resolución Administrativa AD-ABT-DDPA-PAS-039/2010..." (sic); y de cualquier otra acción que signifique dicho efecto y se ordene realizar nuevas notificaciones debidamente.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 24 de mayo de 2019, según consta en acta cursante de fs. 168 a 170 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante a través de su abogado ratificó el tenor íntegro de su demanda tutelar.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Dimar Mérida Baldelomar, Responsable a.i. de la UOBT Riberalta de la ABT, presentó informe escrito cursante de fs. 115 a 120, indicando que:

1)En el proceso administrativo sancionador ABT-DDB-RIB-004-2018, la Resolución emitida se declaró ejecutoriada; por lo que, perdió competencia para efectuar actuaciones administrativas de cualquier índole, además un mismo órgano no podrá anular su propio acto administrativo, porque una vez definida una controversia y emitida la resolución, ésta ingresa al tráfico jurídico y ya no está bajo la competencia de la autoridad que la dictó, sino de la comunidad, razones por las que, no se estimó el incidente de nulidad de notificación mediante edictos planteado por la parte accionante;
2)Ante el recurso de reposición presentado, reiteró el argumento del rechazo del incidente y confirmó la decisión; puesto que, al estar ejecutoriada ya se remitió para la realización del proceso coactivo fiscal, cuya demanda se presentó el 18 de septiembre de 2018, emitiéndose el "...AUTO INTERLOCUTORIO 154/2018 y PLIEGO DE CARGO 085/2018, ambos de 26 de septiembre, por el JUEZ COACTIVO FISCAL DE LA CIUDAD DE TRINIDAD..." (sic), autoridad competente ante la cual la parte accionante, puede plantear los incidentes y/o recursos para determinar si es o no procedente una posible nulidad, conforme a las normas civiles aplicables con carácter supletorio, por cuanto, se advierte la inexistencia de hechos vulneratorios y la indefensión en el proceso administrativo; y,
3)Existe otro medio o recurso legal que puede ser planteado por la parte accionante ante la indicada autoridad jurisdiccional, para la inmediata protección de sus derechos y garantías restringidos; en consecuencia, ésta es la autoridad a quien deben recurrir para restituir sus derechos y garantías. Por lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional del departamento de Pando, mediante Resolución de 24 de mayo de 2019, cursante de fs. 171 a 173 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto las actuaciones procesales posteriores al Auto de Inicio de Proceso y la suspensión de cualquier otra acción judicial o extra judicial referida al presente caso.

Determinación asumida sobre la base de los siguientes fundamentos jurídicos:

i)La respuesta al rechazo del incidente de nulidad; no era una resolución definitiva, por lo que, se debió acudir directamente a la vía constitucional; puesto que, en procesos administrativos, los incidentes no pueden ser tratados fuera del proceso principal; es decir, una vez concluido el proceso;
ii)La parte accionante, asumió conocimiento del proceso administrativo sancionador el 8 de noviembre de 2018 y planteó la presente acción de defensa el 8 de mayo de 2019, encontrándose la presentación dentro de plazo;
iii)En el proceso sumario seguido por Cristian Cárdenas Muzumbita contra la Comunidad Campesina Gran Cruz; la notificación realizada mediante edictos con el Auto de Inicio y la Resolución Administrativa final, se cumplió por recomendación de informe jurídico sin que en obrados conste el acta de desconocimiento de domicilio, no se tomó en cuenta que la mencionada Comunidad fue identificada mediante imágenes satelitales, y no se advirtió ningún intento de notificación personal al representante identificado como "Oscar Ferrufino"; y,
iv)No se realizaron gestiones ante entidades como el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), Servicio de Registro Cívico (SERECI) o la Policía Boliviana que cuentan con los datos personales y domicilio de los bolivianos, para la realización de los actos de comunicación, siendo necesaria la presencia del sumariado para la instalación de la audiencia conforme lo establece el art. 33.I del Reglamento de Procesos Administrativos Sancionadores 293/2014 de la ABT; empero, en el caso objeto de análisis, se continuó y concluyó el proceso incumpliendo la mencionada norma, vulnerando los derechos al debido proceso, a la defensa y a la presunción de inocencia.

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