Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0926/2026-S2 Sucre, 18 de mayo de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 61905-2024-124-AAC Departamento: Potosí
En revisión la Resolución 01/2025 de 8 de enero, cursante de fs. 461 a 469 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Nelly Julia Villanueva Gareca contra Julio Alberto Miranda Martínez y Jaime Vladimir Jiménez Vidaurre, ex Vocales; y, Eugenio Marca Arce y Walter Mendo Colque, Vocales, todos de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 24 de enero de 2024, cursante a fs. 1 y 184 a 198, la accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito previsto en el art. 252 del Código Penal (CP) durante la etapa investigativa, concretamente luego de su aprehensión, funcionarios policiales procedieron a la toma de muestras de residuos de disparo de arma de fuego mediante hisopado practicado en sus manos, actuación que posteriormente derivó en la elaboración del informe pericial MP-12, diligencia que fue realizada sin presencia de abogado defensor ni persona de confianza, sin consentimiento válido y sin que existiera constancia objetiva que acreditara que las muestras efectivamente le correspondían, aspecto que comprometía la cadena de custodia, la autenticidad de la evidencia y la legalidad de la prueba científica producida.
En audiencia de juicio oral de 17 de marzo de 2021, una vez ofrecido el informe pericial MP-12 como prueba de cargo por el Ministerio Público, interpuso incidente de exclusión probatoria solicitando que dicha prueba fuera excluida por haber sido obtenida con vulneración de derechos fundamentales y contraviniendo las garantías previstas por los arts. 13, 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), así como las reglas de obtención de evidencia establecidas en el Código de Procedimiento Penal; sin embargo, mediante Auto Interlocutorio pronunciado en la misma fecha, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villazón del departamento de Potosí rechazó el incidente bajo el argumento de que la observación a la legalidad de la toma de muestras debió realizarse en etapa preparatoria y no en juicio oral, operando en consecuencia el principio de preclusión, esa decisión resultaba arbitraria, porque el agravio no radicaba únicamente en la existencia de la pericia, sino en la incorporación y utilización en juicio de una prueba obtenida ilícitamente, cuestión que podía y debía ser revisada en la etapa de juicio oral al momento de su producción. Posteriormente interpuso recurso de apelación restringida y apelación incidental el 9 de agosto de 2022, denunciando falta de fundamentación, indebida valoración probatoria y vulneración del debido proceso, recursos que fueron resueltos por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Auto de Vista 58/23 de 5 de julio de 2023, declarando improcedente el agravio. Los Vocales demandados concluyeron que como imputada tenía conocimiento de la toma de muestras desde la ampliación de imputación formal de 22 de mayo de 2019 y que, por tanto, debió reclamar oportunamente durante la etapa preparatoria, consolidándose la preclusión procesal; asimismo, razonaron que el art. 206 del Código de Procedimiento Penal (CPP) no establecía expresamente la obligación de contar con abogado defensor o persona de confianza durante la obtención de muestras corporales para fines periciales, descartando la existencia de vulneración al derecho a la defensa.
Por otra parte, durante el juicio oral fue designado como perito "Franklin Vargas", especialista en balística, quien emitió criterios técnicos orientados a determinar si los residuos químicos hallados en sus manos podían explicarse no necesariamente por la realización de un disparo, sino por contaminación derivada del auxilio prestado a la víctima o por contacto indirecto con partículas residuales, el referido perito sostuvo que para arribar a una conclusión científica fiable era necesario realizar pruebas comparativas complementarias consistentes en disparos de control, recolección de nuevas muestras y remisión de éstas al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para su análisis químico cuantitativo; en atención a ello, durante la inspección ocular realizada el 28 y 29 de julio de 2021, en presencia del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villazón del departamento de Potosí, las partes procesales y el perito, se procedió a la obtención de muestras y ejecución de actos experimentales vinculados a la teoría de defensa; no obstante, posteriormente dicho Tribunal emitió Auto Interlocutorio de 29 de igual mes y año, rechazando la solicitud de remitir dichas muestras al IDIF, argumentando que ello implicaría producir prueba de oficio y excedería las facultades jurisdiccionales del Tribunal, esta determinación constituyó una restricción indebida a su derecho a la defensa y a la producción de prueba de descargo, pues las muestras ya habían sido obtenidas legítimamente dentro de una pericia admitida y la remisión al laboratorio únicamente constituía un acto de cooperación judicial necesario para viabilizar el análisis técnico.
Contra esa determinación interpuso recurso de apelación; sin embargo, el Auto de Vista 58/23 de 5 de julio de 2023, confirmó nuevamente la actuación del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villazón del departamento de Potosí, señalando que la remisión al IDIF implicaría generar nuevos medios probatorios provenientes de una fuente distinta y no simplemente complementar una pericia ya existente resultando ese razonamiento contradictorio e incongruente, debido a que las muestras fueron recolectadas dentro de actuaciones judicialmente autorizadas y bajo control jurisdiccional, por lo que impedir su análisis técnico vació de contenido real a la prueba pericial de descargo ofrecida.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
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