0930/2019-S4

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0930/2019-S4 Sucre, 22 de octubre de 2019

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional

Expediente: 29463-2019-59-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 93/2019 de 13 de junio, cursante de fs. 101 a 104 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Luis Alberto Ruiz Guerrero y Limberg Rosemberg Baigorria Quiroz en representación legal de Ela Suárez Gómez de Villarroel contra Rufo Nivardo Vásquez Mercado, Gregorio Aro Rasguido y Elva Terceros Cuellar, actuales y ex Magistrados, respectivamente, de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 10 de mayo de 2019, cursante de fs. 37 a 41 vta., la accionante a través de sus representantes legales, manifestó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso de saneamiento del predio "La Esperanza", ubicado en el municipio de Santa Ana del Yacuma de la provincia Yacuma del departamento de Beni, ejecutado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), se dictó la Resolución Administrativa RA-SS 1299/2017 de 27 de octubre, adjudicando en favor de su representada la superficie de 5 000.000 ha; y, recortando como tierra fiscal una extensión de 4 926.3370 ha, en contravención de lo dispuesto por el art. 399 final de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece la irretroactividad de la ley para la posesión y propiedades agrarias, y que el límite máximo de 5 000.000 ha, previsto en el art. 398 de la Ley Fundamental, solo se aplicaría con posterioridad a la vigencia de la nueva Norma Suprema de 2009; sin considerar que el fundo en cuestión cumple en un 100% con la Función Económico Social (FES), a través de la actividad ganadera, conforme prevé el art. 167.I.a) y b) del Decreto Supremo (DS) 29215 de 2 de agosto de 2007.

En tales circunstancias, formuló demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Agroambiental, impugnando la referida Resolución Administrativa RA-SS 1299/2017 y denunciando la errónea aplicación de los arts. 398 y 399 de la CPE, sustentando sus argumentos en la , que dejando sin efecto la "Sentencia Nacional Agroambiental S2 051/2014", que motivó la interposición de una acción de amparo constitucional, corrigió y modificó el sentido correcto de la aplicación de los referidos artículos de la Ley Fundamental, dando lugar a la emisión de la nueva Sentencia Agroambiental Nacional S1 23/2016 de 28 de marzo, que estableció que el INRA no efectuó una adecuada lectura de los preceptos constitucionales antes mencionados (arts. 398 y 399 CPE), siendo que la Norma Suprema constitucionalizaba la superficie máxima de la propiedad agraria, no más allá de las 5 000 ha, con una salvedad respecto a dicha restricción: que los predios hubieran sido constituidos con posterioridad a la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado; consecuentemente, quedaban a salvo aquellos cuya posesión y propiedad eran de existencia anterior a su promulgación.

No obstante, los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental -ahora demandados-, emitieron la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2ª 62/2018 de 29 de octubre y apartándose de la jurisprudencia constitucional antes citada y de sus propios precedentes jurisprudenciales, interpretaron equívoca y caprichosamente el alcance de los arts. 398 y 399 de la CPE, sin establecer siquiera los motivos por los cuales se había inaplicados dichos criterios doctrinarios, sustentando su decisión en la Disposición Adicional Segunda parágrafo IV de la Ley Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras -Ley 477 de 30 de diciembre de 2013-, sin tomar en cuenta que por mandato del art. 399.I de la Norma Suprema, los nuevos límites de la propiedad agraria zonificada se aplicaran a predios que se hayan adquirido con posterioridad a la vigencia de la Ley Fundamental; motivo por el cual, la decisión asumida por las autoridades demandadas, incurre en una aplicación contradictoria del principio de igualdad ante la ley, que implica el derecho de toda persona a recibir un trato no discriminatorio en relación a otros que se encuentren en idéntica situación.

Si bien la interpretación de la legalidad ordinaria se halla restringida a los tribunales de justicia ordinaria y no a la jurisdicción constitucional, no es menos evidente que por previsión jurisprudencial, ésta última puede ingresar a valorar la actividad desarrollada por la primera, ante la existencia de violación a derechos fundamentales y garantías constitucionales, en miras de brindar la tutela necesaria; en este contexto, precisaron que:

a)Las autoridades de todos los sistemas de justicia, al encontrarse sometidos a la Constitución Política del Estado, se encuentran compelidos a ejercer una actividad hermenéutica que parta de la Ley Fundamental e irradie todo el ordenamiento jurídico, resultando en consecuencia impreciso hablar de una legalidad ordinaria;
b)Los métodos de interpretación formalistas, resultan útiles en la obtención de un resultado interpretativo; empero, no agotan todas las posibilidades del intérprete de satisfacer los principio, fines y valores previstos en la Norma Suprema;
c)Es cierto que la revisión de la actividad interpretativa no es labor de la justicia constitucional; sin embargo, es insoslayable que las autoridades de otras jurisdicciones se encuentren impedidas de vulnerar derechos fundamentales; dimensión en la cual la jurisdicción constitucional se habilita para vigilar que en toda decisión, las autoridades judiciales se sometan a la Constitución Política del Estado; y,
d)A efectos de que la justicia constitucional analice la actividad interpretativa de los tribunales de justicia, es preciso que se efectúe una relación clara de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa-argumentativa desarrolladas, demostrando que es viable abrir la competencia de la justicia constitucional en miras de revisar un actuado jurisdicción, sin que ello implique que se constituya en una instancia casacional, impugnaticia o supletoria de la actividad de jueces o vocales.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela a través de sus representantes legales, alegó la lesión de la posesión agraria, a la irretroactividad de la ley y el derecho a la propiedad y a la igualdad, citando al efecto los arts. 56, 398 y 399 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, dejando sin efecto la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2ª 62/2018, disponiendo que las autoridades demandadas, emitan nuevo fallo, en base a los argumentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, cuidando la irretroactividad de la normas constitucionales, respecto a que el límite máximo de 5 000 ha, solo surte efecto para el futuro y no para el pasado, dejando incólume los derechos de posesión independiente del derecho de propiedad, que cumpla con la FES, como el caso del predio La Esperanza.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Efectuada la audiencia pública el 13 de junio de 2019, conforme se evidencia del acta cursante de fs. 92 a 100, presente la parte solicitante de tutela y el representante legal del tercero interesado, ausentes las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante a través de su abogado, ratificó en audiencia los argumentos expuestos en su memorial de demanda.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Rufo Nivardo Vásquez Mercado y Elba Terceros Cuellar, actual y ex Magistrados, respectivamente, de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, mediante informe escrito de 21 de mayo de 2019, cursante de fs. 55 a 59, así como en audiencia, señalaron que:

1)El proceso de saneamiento de mayo del predio "La Esperanza", fue desarrollado por el INRA en estricto apego y observancia a la normativa agraria vigente, contenida en la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) -Ley 1715 de 18 de octubre de 1996- y el DS 29215;
2)El fallo agroambiental se refirió de forma fundamentada, motivada y congruente respecto a los puntos demandados, por la ahora accionante, sin apartarse de los marcos de objetividad y razonabilidad, cimentando la decisión en razonamientos de hecho y de derecho que permiten comprender las razones fácticas y jurídicas de la resolución;
3)La solicitante de tutela pretende convertir a la acción de amparo constitucional en una instancia más para la tramitación del proceso, desnaturalizándola;
4)En cuanto a la interpretación equívoca y caprichosa de los arts. 398 y 399 de la CPE, referente a la irretroactividad de la ley sobre el límite máximo de 5 000.000 ha y la no aplicación de la , en el caso particular, si bien la parte accionante cumplía con la FES sobre la totalidad de su extensión y solamente se le reconoció la superficie de 5 000.000 ha y el restante espacio de 4 926.3370 ha, se declaró tierra fiscal, es preciso considerar que la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2 17/2018 de 10 de mayo, estableció que la posesión en materia agraria, no conlleva el mismo significado implícito que el manejado en materia civil, siendo que se constituye en un derecho independiente del derecho a la propiedad, de donde se infiere que el derecho de acceso a la tierra en el derecho agrario boliviano, se reconoce tanto por propiedad (con antecedente dominial) o por posesión, siempre que se cumpla con dicha función; por consiguiente, es posible reconocer la posesión hasta el máximo señalado por ley, siendo que en el caso particular, en ningún momento se acreditó derecho de propiedad preexistente; por lo que, correspondió reconocer como posesión legal, la superficie de 5 000.000 ha, habiendo el ente administrativo encargado del saneamiento, realizado una correcta aplicación de los preceptos constitucionales, al reconocer el derecho adquirido de la posesión, conforme a lo estatuido por el art. 399.I de la CPE, a través de la Resolución Administrativa RA-SS 1299/2017, emitida con posterioridad a la promulgación de la Ley Fundamental de 2009, cuyo texto normativo establece los límites superficiales que pueden ser reconocidos;
5)De acuerdo a lo previsto por el art. 396.I de la Norma Suprema, que dispone evitar la acumulación de tierras en extensiones mayores a las determinadas por ley, texto que concuerda con el contenido del art. 399.I del mismo cuerpo legal, resultando evidente que a los poseedores es posible reconocer derecho de posesión, pero hasta el límite que establece la Constitución Política del Estado, aspectos que fueron cumplidos a cabalidad por el INRA, en el marco de la Disposición Adicional Segunda parágrafo IV de la Ley 477, que resulta ser una norma de desarrollo constitucional, que integra y complementa el alcance del referido art. 399.I de la Norma Suprema, delimitando la posibilidad de que la parte accionante, en su condición de poseedora, pueda acceder a la tenencia de tierras en una cantidad mayor a la concedida mediante el proceso de saneamiento;
6)La , al tratarse de un caso aislado, no puede ser aplicada por el Tribunal Agroambiental; máxime si existe jurisprudencia constitucional que determina que tanto el derecho de posesión como el de propiedad, son reconocidos y respetados, siendo posible su otorgación en los predios en los cuales se acredite la posesión legal y el cumplimiento de la FES, de acuerdo a la norma prevista al efecto -entre ellas, las ; y -; consecuentemente, en el objeto de la presente acción de defensa, se precauteló la superficie máxima de acuerdo a lo previsto por la Constitución Política del Estado y las leyes de desarrollo constitucional;
7)En cuanto al alegado trato discriminatorio y desigual, por haberse dejado subsistente la decisión asumida por el INRA, que determinó el recorte de la superficie del predio "La Esperanza", cabe manifestar que los impetrantes de tutela, a nombre de su mandante, pretenden forzar una interpretación de la norma que les sea favorable, siendo que de la revisión de los actos ejecutados por el ende administrativo encargado del saneamiento, se advirtió que aquellos se realizaron en estricto apego a las disposiciones legales vigentes en la materia, aplicándose correctamente los arts. 397 y 398 de la CPE, ajustándose además, a la reglas prestablecidas y a los principios jurídicos de la materia, con la finalidad de que el Estado reconozca y otorgue derecho propietario, mediante Título Ejecutorial, sobre los predios en posesión y propiedad;
8)La jurisdicción constitucional, se encuentra impedida de valorar o revisar la valoración de cuestionamientos analizados y resueltos por Tribunales especializados; y,
9)La acción de amparo constitucional tutela derecho y no principios, no resultando viable atender el reclamo formulado respecto al principio de irretroactividad; consecuentemente, no siendo evidente las acusaciones realizadas por la parte accionante, solicitaron se deniegue la tutela impetrada.

Contestando a la Sala Constitucional, el representante de los demandados, manifestó que, el fundamento para concluir que solo deben concederse 5 000.000 ha, se traduce en el hecho de que la Constitución Política del Estado data de 2009 y la regularización del derecho propietario, a través del proceso de saneamiento y su correspondiente Resolución Final, culminó el 2017, en vigencia de la Ley Fundamental que solo manda proteger aquellos derechos adquiridos con anterioridad, lo contrario implicaría reconocer derechos a todos los predios; asimismo, absolviendo la pregunta referida a la no aplicación del precedente jurisprudencial contenido en la , manifestó que correspondía a otro tema y que se estaba preparando una representación ante el Tribunal Constitucional Plurinacional; de igual forma, refiriéndose a la irretroactividad de la ley prevista en el art. 399 de la CPE, indicó que independientemente se trate de un derecho de propiedad o posesorio, no puede exceder el límite de 5 000.000 ha y que en el caso particular, sobrepasó las 9 000.000 ha.

Gregorio Aro Rasguido, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, no se hizo presente en audiencia y tampoco remitió informe escrito alguno, pese a su legal notificación cursante a fs. 61.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Roberto Luis Polo Hurtado, Director Nacional a.i. del INRA, legalmente representado por Óscar Pablo Pérez Coarite y Lizbeth Arancibia Estrada, mediante informe escrito de 12 de junio de 2019, cursante de fs. 87 a 90 vta., en su calidad de tercero interesado, manifestó lo siguiente:

i)El proceso de saneamiento efectuado al interior del predio La Esperanza, se sujetó a las disposiciones legales en vigencia, efectuándose la valoración íntegra de los actuados procesales que componen la carpeta de saneamiento y que fueron cumplidos en estricto apego a la normativa agraria; procedimiento que fue sometido a control jurisdiccional del Tribunal Agroambiental, mediante demanda contencioso administrativa, sustanciada en mérito al principio de control de legalidad, donde se compulsaron todos los antecedentes del caso;
ii)La parte accionante no demostró contar con antecedentes de derecho propietario sobre el referido fundo;
iii)La Resolución Administrativa RA-SS 1299/2017, fue objeto anteriormente de otra demanda contenciosa administrativa que culminó con la emisión de la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2a 62/2018 que declaró improbada la demanda y concluyó que el proceso de saneamiento, había sido ejecutado en cumplimiento de los parámetros de publicidad establecidos en la Ley 1715 y su Reglamento;
iv)Si bien la impetrante de tutela a través de sus representantes legales, manifestaron que debieron aplicarse los entendimientos contenidos en la , no señalaron ni demostraron la afectación de sus derechos y garantías, limitándose a señalar la forma en la que debió pronunciarse el fallo agroambiental que atacan; y,
v)Durante el proceso de saneamiento e incluso posteriormente, la impetrante de tutela tuvo la oportunidad de exponer sus reclamos; por lo que, mal puede pretender ahora, mediante la presente demanda, la reparación de supuestos derechos vulnerados, cuando la decisión del Tribunal Agroambiental, cumplió su finalidad y no adolece de errores que ameriten su revocatoria; en tal sentido, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

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