Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0930/2026-S2 Sucre, 18 de mayo de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad
Expediente: 58630-2023-118-AL Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 02/2023 de 21 de septiembre, cursante de fs. 40 a 44, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Abimael Jhasmani Villanueva Viza contra Benigna Paredes Flores, Directora Departamental de Régimen Penitenciario de Oruro; y, Edson Roberto Valdez Ramos, Gobernador del Centro Penitenciario de San Pedro del referido departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 20 de septiembre de 2023, cursante de fs. 1, 11 a 15 vta.; el accionante manifiesta lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la comisión del delito de robo agravado, mediante Sentencia ejecutoriada pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, se le impuso la condena privativa de libertad de seis años y seis meses. A la fecha de interposición de la presente acción de tutelar, se encuentra privado de su libertad por más de cinco años y cuatro meses; es decir, habiendo superado las dos quintas partes de la pena impuesta, circunstancia que, conforme al art. 138 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, lo habilitaba para solicitar el beneficio penitenciario de redención de pena.
Durante su permanencia en el Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de Oruro, desarrolló de manera continua actividades de estudio y trabajo bajo supervisión y control de la administración penitenciaria, las cuales fueron registradas por las instancias competentes de Régimen Penitenciario y por el Consejo Penitenciario del referido recinto.
En ese contexto, mediante memorial presentado el 21 de abril de 2023, solicitó a la Directora Departamental de Régimen Penitenciario de Oruro que, a través de las juntas de trabajo y estudio, se remitan ante la autoridad jurisdiccional competente todos los antecedentes vinculados a sus actividades laborales y académicas, así como los informes correspondientes, a objeto de tramitar el beneficio de redención de pena. No obstante, dicha solicitud no fue atendida oportunamente, puesto que transcurrieron más de cuatro meses sin que se remita la documentación requerida, siendo recién el 5 de septiembre de 2023 cuando se envió únicamente la documentación relacionada con las actividades de estudio.
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