0931/2023-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0931/2023-S1 Sucre, 2 de agosto de 2023

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad

Expediente: 42058-2021-85-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 44/2021 de 29 de julio, cursante de fs. 21 a 23, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ángel Arias Morales en representación sin mandato de Patricio Pérez Colque contra Yván Noel Córdova Castillo, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 29 de julio de 2021, cursante de fs. 8 a 11, el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Determinación que al ser impugnada por el denunciante y el imputado fue resuelta a través del Auto de Vista 384/2021 de 22 de julio, emitido por el Vocal demandado que no se pronunció en relación a su agravio relativo a la revocatoria de la detención domiciliaria de los fines de semana; además, si bien en el acápite "3.1" se reconoce la carga de la prueba prevista en el art. 231 Bis V del Código de Procedimiento Penal (CPP); no obstante, de manera contradictoria paso a analizar y valorar la prueba aportada por su persona cuando no le corresponde desvirtuar o acreditar nada, aspecto que denota incongruencia en el fallo.

Alega que el Ministerio Público ni el denunciante solicitaron fundadamente la restricción de su libertad, pese a ello, actuó de manera oficiosa; asimismo, se tiene que ninguna de las partes reclamo como agravio la "situación" de su domicilio en Oruro, ni su actividad laboral en una "provincia paceña", empero, el Vocal ahora demandado superando la competencia prevista en el art. 398 del CPP cuestionó la Resolución 420/2021, señalando que la misma no tiene la correcta coherencia o congruencia suficiente, ya que no tomó en cuenta que su persona trabaja como fiscal de materia en "SORATA" y vive en "ORURO" (consignando al respecto distancias y horas, entre ambos lugares), sin embargo, la aludida Resolución, si tomó dichos aspectos, determinando por ello la detención domiciliaria solo los fines de semana.

Por otra parte, en el Auto de Vista 384/2021 no valoró en su real dimensión el título de propiedad que presentó, el cual reúne todas las condiciones para ser un documento público y que tiene fe probatoria, y tampoco los otros elementos de prueba acompañados que demostraron oportunamente la habitabilidad y habitualidad.

Sumado a lo anterior, pese a que el art. 234.1 del CPP determina que el imputado no tenga domicilio o residencia habitual, ni familia, negocios o trabajos asentados en el país, la autoridad judicial demandada transgrediendo dicha disposición oficiosamente cuestionó su residencia en Oruro cuando la norma es expresa al señalar domicilio o residencia en el país; además, el Auto de Vista 384/2021 desconoció los alcances de la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, que sostuvo que cuando se restringe el derecho a la libertad, la resolución debe considerar criterios de razonabilidad y no debe fundarse en meras suposiciones; no obstante, en su caso, la autoridad judicial demandada se amparó en suposiciones de horas y distancia del domicilio real y la fuente laboral; y, no se aplicó el mandato previsto en el art. 231 bis II del CPP en relación a los principios que hacen a las medidas cautelares de carácter personal.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos congruencia, valoración de la prueba, fundamentación, motivación, y legalidad, citando al efecto los arts. 115.II, 119.II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga dejar sin efecto el Auto de Vista 384/2021 y se ordene se dicte una nueva resolución: "...resolviendo solamente todos y cada uno de los agravios expuestos, sin extralimitarse en agravios y fundamentos no invocados, cumpliendo con el principio de limitación por competencia; fundamentando objetiva y probatoriamente la nueva resolución y sea igualmente CONFIRMANDO en parte la resolución apelada manteniéndose las medidas sustitutivas y dejando sin efecto la detención domiciliaria los fines de semana" (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

La audiencia pública de consideración de la presente acción de defensa, se realizó el 29 de julio de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 18 a 20, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

I.2.3. Resolución

En la vía de aclaración, enmienda y complementación, el peticionante de tutela solicitó la complementación de la parte dispositiva de la Resolución 44/2021 respecto a no solo disponer dejar sin efecto el Auto de Vista 384/2021, sino también actuados posteriores, entre ellos, el mandamiento de detención preventiva librado contra su persona.

Al respecto, el Tribunal de garantías complementó su determinación ordenando que "...queda sin efecto las actuaciones posteriores como el mandamiento de detención preventiva, entre tanto no sea resuelto a través del Auto de Vista que podrá determinar lo que en derecho corresponda" (sic).

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 31 de agosto de 2022 (fs. 35), a solicitud de la Magistrada Relatora se dispuso la suspensión del plazo a objeto de solicitar documentación complementaria para resolver la causa; habiéndose remitido la misma, se reanudó el plazo a partir del día siguiente hábil de la notificación con el Decreto Constitucional (fs. 67) notificado a las partes el 23 de agosto de 2023, de acuerdo a antecedentes; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del plazo legal.

Al no haber obtenido consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis, consideraciones a partir de las cuales, el presente fallo constitucional es pronunciado dentro del plazo legal establecido por el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Auto Interlocutorio 420/2021 de 1 de julio, emitido por la Jueza de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz, que dispone la aplicación de medidas cautelares de carácter personal en favor del peticionante de tutela, consistentes en:

"1. La DETENCIÓN DOMICILIARIA del imputado en su domicilio acreditado con la previa verificación de la Secretaria del Juzgado, concediéndole salidas laborales con la aclaración de que deberá de solicitar ante el Fiscal Departamental o Fiscal General del Estado su cambio de Fiscalía a los efectos de no afectarle el derecho fundamental al trabajo y su salida laboral será realizada entre lunes y viernes debiendo de guardar su detención domiciliaria los días sábados y domingos.

2. Su arraigo por ante la dirección General de Migración.

3. La obligación de presentarse ante este despacho judicial todos los días vienes debiendo registrarse en un libro de registro con respecto a su presentación.

4. Se le prohíbe concurrir a determinados lugares específicamente a la Fiscalía de la Localidad de Sorata.

5. Se le impone la Fianza Personal de 2 garantes económicamente solventes los cuales en caso de fuga del imputado deberán de oblear la suma de Bs 10,000 esto a los efectos de su recaptura.

6. Se le prohíbe tener contacto con los testigos del hecho que investiga el Ministerio Público." (sic [fs. 3 a 7]).

Al respecto, la parte imputada ahora peticionante de tutela manifestó al no haberse presentado documentación que acredite los riesgos procesales, la Jueza de control jurisdiccional dispuso la detención domiciliaria y "...en aras de la respuesta que corresponde de parte de imputado a la apelación que ha presentado en audiencia la parte querellante al no haberse desvirtuado ni haberse en la presente audiencia presentado alguna documentación que pueda acreditar de que mi defendido o esa ampliación de riesgos procesales que se habrían presentado al Juez Cautelar no se podría argumentar que ahora la solicitud de detención preventiva que está pretendiendo la parte querellante, por lo tanto, vamos a contestar de esa manera, y vamos a pedir se rechace esa solicitud de revocatoria de la resolución 420/2021..." (sic).

"...la defensa se siente agraviada puesto a que la defensa ha presentado varios documentos que han desvirtuado los peligros establecidos y fundamentados por el fiscal y tomados en cuenta por la Sra. Juez en ese entonces, establecidos en el Art. 234.1 y Art. 234.2 del Código de Procedimiento Penal, la defensa ha presentado para acreditar esa habitabilidad y habitualidad del domicilio, la documentación consistente en facturas de luz, facturas de agua, el derecho propietario de ese inmueble que está a nombre de mi cliente el Dr. Patricio Pérez, así también ha presentado un muestrario fotográfico del inmueble donde se puede apreciar la habitualidad y habitabilidad de mi defendido en dicho inmueble, por lo tanto, estos antecedentes no han sido considerados por la Juez A quo, es decir, hemos presentado documentación suficiente para acreditar que mi cliente vive y habita en el inmueble en la C. Oscar Soruco, Esq. Juancito Pinto, N° 4, de la Ciudad de Oruro, ahora bien si vemos el Art. 234 ultima parte del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal (...) entonces se ha acreditado con documentación pertinente ante la Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer N° 2 de la Ciudad de El Alto, esa habitualidad y esa residencia habitual, por tal sentido, esta documentación no ha sido valorada por la Juez A quo al haber ratificado todas medidas solicitadas por el Fiscal, es decir, que para la Juez A quo no se habría desvirtuado lo que refiere el Art. 234 núm. 1) en su elemento domicilio evidentemente trabajo y familia ya lo habíamos desvirtuado, puesto evidentemente el Sr. Patricio Colque, es funcionario del Ministerio Público.

(...)

...no resulta congruente que al momento de la resolución del proceso en su Resolución N° 420/2021, disponga la detención domiciliaria, puesto a que se habría solicitado por la defensa en esa oportunidad la libertad pura y simple puesto a que se habría desvirtuado lo que yo le he referido que mi cliente tiene domicilio, por lo tanto la Juez A quo también ha dispuesto la detención domiciliaria de mi defendido, en tal sentido, esta medida ha sido apelada (...) también habría solicitado también como medida cautelar (...) cambie de asiento fiscal, puesto a que el cumplía funciones en la localidad de Sorata evidentemente mediante esa resolución 420/2021, se ha realizado el cambio a la provincia de Luribay, donde actualmente cumple sus funciones como fiscal de materia, pero es a esa disposición emitida por la Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer N° 2 de la Ciudad de El Alto, es que nosotros no estamos de acuerdo puesto a que como lo he referido hemos desvirtuado el presupuesto del domicilio y evidentemente para la defensa se solicita y solicitamos en esta audiencia, se pueda revocar en cuanto a esta detención domiciliaria y se pueda otorgar a mi defendido dadas las circunstancias y otras que se tiene dentro de presente proceso, la libertad con medidas sustitutivas a la detención preventiva, es decir, se revoque esa detención domiciliaria y se conceda a la libertad de mi defendido con algunas medidas sustitutivas que ya han sido impuestas por parte de la Juez..." (sic).

Así, a la apelación incidental planteada por la parte imputada -ahora impetrante de tutela-, la parte víctima manifiesta:

"...no nos ha dicho que derecho se ha vulnerado, que elemento, que vertiente, ha dada más bien como que estaría sentado el riesgo del domicilio, cuando lo ha fundamentado la parte víctima, en forma totalmente confusa, en forma incongruente, incoherente la argumentación vertida, cómo puede pretender revocar una resolución para que este señor esté con libertad pura y simple, cuando ha sido encontrado en flagrancia con Sus. 500, cómo puede pretender desoír a una situación evidente de probabilidad de autoría del Art. 233 núm. 1) de la 1970, existiendo otros riesgos además, como el Art. 234 núm. 7), Art. 235 núm. 1) y 2), entonces aquí la parte apelante, en ningún momento ha demostrado ningún agravio, es decir no ha objetado la existencia del Art. 234 núm. 7), no ha objetado la existencia del Art. 235 núm. 1), no ha objetado la existencia del Art. 235 núm. 2), consiguientemente para que su autoridad pueda en parte revocar la resolución debió haber expresado cuales son los motivos cual la incongruencia de la resolución que en este caso no lo ha hecho ..." (sic [fs. 53 a 56 vta.]).

II.3. Mediante Auto de Vista 384/2021 de 22 de julio, Yván Noel Córdova Castillo, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dispone admitir los recursos de apelación incidental presentados por ambas partes, declarando la improcedencia del recurso de apelación planteado por el imputado, y procedente las cuestiones alegadas por el querellante, revocando el Auto Interlocutorio 420/2021 y en su mérito dispone la detención preventiva de Patricio Pérez Colque, a ser cumplida en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, por el plazo de tres meses (fs. 24 a 25).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento:

El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre1; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio2, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:

En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio3, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.

La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013² citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.

En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.

III.2. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, precedida por la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento:

Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013² -citadas anteriormente-, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP; asimismo, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en una resolución judicial que resolvió una medida cautelar en apelación, interpretó el art. 398 del mismo Código.

En el marco de lo anotado, el art. 236 del CPP, exige que la resolución que disponga la detención preventiva, se encuentre debidamente motivada sobre los presupuestos que dieron lugar a su determinación.

Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:

La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla (resaltado añadido).

Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:

...la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.

Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia.

Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero², en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:

...la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.