Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0933/2019-S2 Sucre, 4 de octubre de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 29260-2019-59-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 60 de 26 de abril de 2019, cursante de fs. 427 a 429, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Karina Montaño Aras contra Hugo Juan Iquise Saca y Zenón Edmundo Rodríguez Zeballos, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 23 de enero y 17 de abril de 2019, cursantes de fs. 83 a 90 vta. y 412 a 415 vta., la accionante expresó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Mediante minuta de compra venta de 16 de junio de 2010, reconocida en la misma fecha, Gabriel Eduardo Abella Tarradelles con anuencia de su esposa Gabriela Antelo Miranda le vendió el inmueble ubicado en la zona Oeste, Urbanización Vecinal (UV) 57, manzana 14-A, lote 22, transferencia que se inscribió en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) con la matrícula 7.01.1.99.0039206. Dicha compra tiene relación con el contrato de préstamo obtenido del Banco de Crédito de Bolivia Sociedad Anónima (S.A.)
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Púbico a instancia de Richard Sequeiros Acuña contra Juan Carlos Marcelo Salvatierra Rojas, Gabriel Eduardo Abella Tarradelles y otros, Carmen Delia Moreno Ferreira, Fiscal de Materia, por requerimiento de 4 de diciembre de 2013, dispuso la anotación preventiva del mencionado inmueble, que se efectivizó el 6 del mismo mes y año. Dicha anotación preventiva no fue prorrogada, por lo cual caducó el 4 de diciembre de 2015.
En mérito a dichos antecedentes, el 3 de enero de 2017, presentó incidente de cancelación de anotación preventiva, que fue resuelto por el Tribunal de Sentencia Décimo Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Auto Interlocutorio 86 de 31 de agosto de igual año, disponiendo la cancelación de la anotación preventiva. Habiendo sido apelada dicha Resolución, los Vocales demandados, mediante Auto de Vista 146 de 9 de mayo de 2018, revocaron el Auto apelado y declararon improbado el incidente de cancelación de anotación preventiva, decisión que fue complementada mediante Auto de 10 de septiembre de dicho año. El mencionado Auto de Vista, contiene una motivación arbitraria debido a que:
- a)No explica cuál es la relevancia que tiene en la decisión de fondo la oportunidad en la que fue planteado el incidente de cancelación de la anotación preventiva, tampoco menciona la norma que establece el plazo en el que debe presentarse el mismo; puesto que, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 1553.I del Código Civil (CC), dicha cancelación debe solicitarse cuando haya transcurrido el plazo de vigencia de esa medida y como consecuencia de que ésta haya caducado; ya que, no puede pedirse antes del vencimiento del plazo de su vigencia;
- b)No explica cómo se llega a la conclusión que actuó de mala fe al haber esperado tres años para plantear la caducidad de la anotación preventiva y tampoco señala la norma legal que le permite llegar a dicha conclusión;
- c)Carece de motivación y fundamentación, porque no considera el documento de compraventa, los certificados alodiales ni las norma jurídicas que regulan la anotación preventiva, habiendo resuelto el caso con manifiesta arbitrariedad;
- d)Incurre en arbitrariedad al sostener que en el proceso penal no es aplicable la normativa civil sobre medidas cautelares, desconociendo que por disposición de los arts. 222 y 252 del Código de Procedimiento Penal (CPP) tanto el contenido material como el trámite procesal de las medidas cautelares se rige por la normativa civil; y asimismo, al argumentar sobre la finalidad de la medida cautelar y su carácter instrumental; y,
- e)Al mantener la medida cautelar a pesar de estar caduca, se le impide ejercer su derecho a la propiedad.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de interdicción de la arbitrariedad y aplicación objetiva del ordenamiento jurídico; y a la propiedad privada, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); y, 8 y 9 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (CADH).
I.1.3. Petitorio
Solicita se "otorgue" la tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin valor legal el Auto de Vista 146 y su complementario 154 de 29 de agosto de 2018; y se emita nuevo auto de vista sin violentar sus derechos.
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
La audiencia pública de consideración de la presente acción tutelar se celebró el 26 de abril de 2019, según consta en acta cursante de fs. 424 a 426 vta., produciéndose los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación de la acción
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