0935/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0935/2019-S1 Sucre, 12 de septiembre de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional

Expediente: 28822-2019-58-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución de 3 de mayo de 2019, cursante de fs. 59 a 62, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marcos Arce Gandarias, Fiscal de Materia de la Fiscalía Corporativa de Trata Tráfico y Feminicidio de la Fiscalía Especializada en Víctimas de Atención Prioritaria (FEVAP) Santa Cruz contra Mirael Salguero Palma y Victoriano Morón Cuellar, Vocales de Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; Ismael Burgos Olmos, Lilian Zabala Zambrana, Any Milenka Kruscaiha Guillen Zabala, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo del referido departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de julio de 2018, cursante de fs. 21 a 28 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia Elva Justiniano Añez contra "Gaby N.N." (sic), el 29 de abril de 2013, el Fiscal de Materia presentó inicio de investigación en contra de Tania Jallaza Quintanilla por la presunta comisión del delito de trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual y comercial, realizando actuaciones de orden procesal como el requerimiento conclusivo, acusación formal y remisión del proceso al Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de Santa Cruz, hasta que en audiencia de celebración de juicio oral y público el 1 de noviembre de 2017, el abogado de la imputada -ahora tercera interesada-, presentó excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso; circunstancia que, fue realizada sin cumplir los requisitos mínimos para su consideración, pues no existía ofrecimiento de prueba idónea que demuestre cuáles eran los actos dilatorios para el cómputo de plazos, no se especificó a quien se le atribuía la mora en la que se incurrió, no se individualizó las piezas procesales y tampoco se tomó en cuenta las circunstancias extraordinarias que generaron la dilación procesal como la sustracción del cuaderno jurisdiccional por más de dos años y la disolución del Tribunal de Sentencia citado; por lo que la decisión asumida el 6 de noviembre de 2016 por el referido Tribunal, al declarar fundada la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, vulneró los derechos de motivación y fundamentación.

En esa secuencia procesal y como efecto de la apelación incidental presentada por el Ministerio Público el 24 de noviembre de 2017; los vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunciaron el Auto de Vista 04 de 20 de febrero de 2018, confirmando la determinación del Tribunal de Sentencia, supra referido, fundada en un mero cálculo sin considerar las circunstancias y conflictos del proceso, pues mencionaron que el Ministerio Público, debió presentar los requerimientos necesarios para impulsar el proceso; olvidando la obligación del órgano jurisdiccional de cumplir plazos; no consideraron que la imputada no presentó reclamo alguno; que sólo se valoró el informe policial, pues el plazo en la etapa preparatoria fue empleado para defensa de la acusada, que el requerimiento de imputación y acusación fiscal se realizaron en un plazo, que no reviste mora considerable; que el motivo principal de ello emerge de la sustracción, pérdida u ocultamiento del cuaderno jurisdiccional en estrados judiciales durante más de dos años; pero los vocales ahora demandados no mencionaron los actos dilatorios de la imputada, no consideraron la disolución del Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo; no exigieron a la imputada el impulso procesal y que el único parámetro para determinar la extinción usada por los jueces, fue el paso del tiempo, pues incumplieron lo preceptuado por los arts. 314 y 315 Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-; no expresaron nada sobre la prueba presentada por el Ministerio Público y tampoco la valoraron; no se consideró el accionar de la imputada con la presentación de recusación de Fiscales de Materia asignados al caso, ni la denuncia ante la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía y menos realizó pronunciamiento sobre la imprescriptibilidad de los delitos de trata y tráfico de personas.

I.1.2. Derecho y principios supuestamente vulnerados

El peticionante de tutela denunció la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, vinculados con el principio de seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, citando al efecto los arts. 4, 8.II, 9.1, 115.II, 117.I 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, dejando sin efecto el Auto Interlocutorio de 6 de noviembre de 2017 y el Auto de Vista 04 de 20 de febrero de 2018, ordenando se valore la prueba ofrecida por el Ministerio Púbico; se pronuncie sobre la imprescriptibilidad de los delitos de "...los delitos de Trata de personas y en coherencia con los postulados internacionales..." (sic), y se reconozca la trata y tráfico de personas como crimen de lesa humanidad.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 3 de mayo de 2019, según acta cursante de fs. 58 a 59, se produjeron los siguientes actuados: