Texto del fallo
Texto de la resolucion
FUNDAMENTACIÓN DE VOTO ACLARATORIO Sucre, 12 de septiembre de 2019
SALA PRIMERA Magistrada: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional
Expediente: 28822-2019-58-AAC Departamento: Santa Cruz
Partes: Marcos Arce Gandarias, Fiscal de Materia de la Fiscalía Corporativa de Trata, Tráfico y Feminicidio de la Fiscalía Especializada en Víctimas de Atención Prioritaria (FEVAP) Santa Cruz, contra Mirael Salguero Palma y Victoriano Morón Cuellar, Vocales de Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; e, Ismael Burgos Olmos, Lilian Zabala Zambrana y Any Milenka Kruscaiha Guillen Zabala, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo del mismo departamento.
Departamento: Santa Cruz
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA
La suscrita magistrada, si bien comparte la decisión adoptada en la ; sin embargo, en aplicación del art. 10.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), considera necesario aclarar el voto de aprobación emitido en la referida Sentencia Constitucional Plurinacional, que resolvió concediendo la tutela respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación; y, denegando con relación a la vulneración de los principios de seguridad jurídica y tutela judicial efectiva.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL VOTO ACLARATORIO
De los hechos que motivaron la interposición de la acción, que se constituye en la causa para solicitar el resguardo de los derechos invocados por la accionante, se identifica como problema jurídico a resolver el siguiente:
El accionante denunció la vulneración del derecho al debido proceso, en sus elementos de fundamentación y motivación, vinculados a los principios de seguridad jurídica y tutela judicial efectiva; por cuanto, las autoridades demandadas a través del Auto de Vista 04 de 20 de febrero de 2018, sin la debida fundamentación y motivación, declararon admisible e improcedente el recurso de apelación interpuesto contra la resolución del Tribunal a quo, confirmando la misma, que declaró probada la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, sin considerar que no se cumplieron con los requisitos mínimos para declararla extinguida, conforme la apelación presentada por el Ministerio Público y menos emitieron pronunciamiento respecto a la imprescriptibilidad de los delitos de trata y tráfico de personas.
Expuesta la problemática, la , resolvió: "CONFIRMAR en parte la Resolución de 3 de mayo de 2019, pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Décimo Quinta del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela respecto a la vulneración del derecho al debido proceso, en sus elementos de motivación y fundamentación; y, 2° DENEGAR en relación a la vulneración de los principios de seguridad jurídica y tutela judicial efectiva".
En consecuencia, la suscrita Magistrada comparte la decisión adoptada; sin embargo, considera que, respecto a los fundamentos esgrimidos en el análisis respectivo y el contenido de la problemática, debió hacerse mayor énfasis sobre algunos aspectos y considerar otros elementos más que sustenten la decisión adoptada, razón por la cual, se efectúa el presente voto aclaratorio, a cuyo efecto se cita la siguiente jurisprudencia, como base de los fundamentos jurídicos:
II.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso
En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables1, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la , en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa.
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