Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0936/2019-S4 Sucre, 22 de octubre de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional
Expediente: 29416-2019-59-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 87/2019 de 7 de junio, cursante de fs. 187 a 190 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Iber Antonio Pino O'Barrio, Presidente de la Agrupación Ciudadana Unidos Para Renovar (UNIR-Sucre) contra María Eugenia Choque Quispe, Lucy Cruz Villca, Edgar Gonzáles López, Antonio Costas Sitic, Idelfonso Mamani Romero y Lidia Iriarte Tórrez, todos miembros del Tribunal Supremo Electoral.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 13 de mayo de 2018, cursante de fs. 36 a 50 vta., y de subsanación el 23 de igual mes y año (fs. 54 y vta.), el accionante manifestó los siguientes fundamentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 27 de agosto de 2018, la Agrupación Ciudadana UNIR-Sucre, presentó solicitud de obtención de personería jurídica, habiéndoseles otorgado el 26 de septiembre del mismo año, los libros de registro de militancia; trabajo que se realizó diligentemente, llenándose cerca de ochenta y cinco libros -cuando solo eran suficientes cincuenta y cinco- que fueron entregados al Tribunal Departamental Electoral el 24 de octubre del señalado año; instancia que, el 31 de igual mes y año, se los devolvió a objeto de que, conforme prevé el art. 6 del Reglamento de Procedimientos para el Trámite de Reconocimiento de Personería Jurídica de Partidos Políticos, Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, en el plazo diez días calendario, subsanen las observaciones efectuados, procediéndose el 10 de noviembre del indicado año, a la presentación de la documental, con todas la enmiendas realizadas; sin embargo, el 18 de diciembre de 2018, en su calidad de Jefe Municipal, le fue notificada la Resolución TEDCH-SP/101/2018 4 de diciembre, que rechazó el trámite, no obstante de haberse superado la cantidad mínima de firmas requeridas por el Órgano Electoral, para el reconocimiento de su organización política, teniéndose como válidas, únicamente 3008 firmas.
El 20 de diciembre de 2018, se formuló recurso de apelación impugnando la referida Resolución TEDH-SP/101/2018, exponiendo siete agravios:
- a)Los informes "Final de Revisión" y "conjunto", no fueron puestos en conocimiento de la Agrupación Ciudadana UNIR-Sucre, por lo que se objetaban simultáneamente a la decisión de primera instancia;
- b)En lugar de conceder treinta días para la corrección de las partidas subsanables y duplicadas, se dictó resolución rechazando el registro de reconocimiento;
- c)La determinación asumida por la autoridad inferior, era oscura y poco clara, no habiendo identificado las partidas que no se encontraban en el padrón; cuáles eran insubsanables por "otras observaciones" (sic) y sin especificar por qué no lo eran;
- d)No se precisó qué partidas se denominaban como "incompletas";
- e)En una interpretación contraria y arbitraria del Reglamento, se consideró a las partidas duplicadas como "no subsanables, ocasionando una fluctuación entre las partidas revisadas subsanables y las que no lo eran, afectando también los porcentajes mínimos para la muestra y para las firmas sin similitud;
- f)La Resolución de primera instancia, solo tomo en cuenta la firma en el 5% de la muestra de las partidas para la comparación con los listados índice de otros procesos previos, sin tomar en cuenta las huellas dactilares para el contraste; y,
- g)Al remitirse antecedentes al Ministerio Público, no se respetaron los principios de subsidiariedad y última ratio; propios de la acción penal.
El 30 de abril de 2019, fue notificado con la Resolución TSE/RSP-JUR 006/2019 de 20 de febrero, por la cual se resolvió de manera superficial su recurso de apelación, habiéndose concentrado el Tribunal Supremo Electoral, únicamente en tres puntos, absteniéndose de referirse respecto a la mayoría de argumentos y agravios expuestos de manera fundamentada en su impugnación; por lo que, al no existir otro medio de reclamación, acude ante la jurisdicción constitucional.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
El accionante alegó la lesión del debido proceso, en sus elementos de una debida fundamentación, motivación y congruencia entre lo pedido y lo resuelto, citando al efecto los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 y 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
I.1.3. Petitorio
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