Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0937/2019-S1 Sucre, 12 de septiembre de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional
Expediente: 28770-2019-58-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 56/2019 de 30 de abril, cursante de fs. 120 a 125, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Said Canelas Lozada en representación legal de Lourdes Choque Condori contra Omar Michel Durán y Dolka Vanessa Gómez Espada, Consejeros del Tribunal Disciplinario de Segunda Instancia del Consejo de la Magistratura.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 20 de marzo y 1 de abril, ambos de 2019, cursantes de fs. 35 a 46 y 49 a 52 vta., la parte accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Su mandante fue denunciada por la supuesta comisión de las faltas disciplinarias previstas en el art. 187.10 y 14 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010- por parte de Virginia Colque Calle, ex Presidenta de la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, indicando desde la posesión de Lourdes Choque Condori -ahora impetrante de tutela-como Secretaria de dicha Sala desconocería e incumpliría sus obligaciones establecidas en el art. 94 de la LOJ, como no pasar los escritos a despacho en el día o cargar de manera equivocada los memoriales en procesos que no corresponden, maltratar al personal subalterno, no saber cómo recibir memoriales, expedientes, ocasionando mora procesal y reposiciones al desconocer y desobedecer instrucciones superiores, no labrar correspondencia ni sortear las causas o entregar oportunamente los expedientes sorteados a los Vocales, siendo amonestada con memorándums de llamadas de atención.
Realizada la denuncia, se dictó el Auto de apertura del proceso disciplinario, desarrollando el mismo hasta la emisión de la Resolución Administrativa Disciplinaria de Primera Instancia 24/2017 de 23 de noviembre, pronunciada por la Jueza Disciplinaria Segunda del departamento de Oruro, imponiendo una sanción de suspensión del ejercicio de sus funciones por el lapso de un mes sin goce de haberes, contra dicha determinación planteó recurso de apelación, señalando los siguientes agravios:
- a)Se la responsabilizó por actos que no eran de su competencia sino de la autoridad judicial, quien debía velar que los decretos y resoluciones estén correctamente redactados con artículos vigentes, actuados de los cuales el Secretario se limita a dar fe, lo contrario implicaría delegación de funciones que sería una falta gravísima; por lo cual, concluye que no incurrió en retardación de justicia y si el personal subalterno no declaró contra la aludida denunciante fue por temor a represalias;
- b)Los "...Memorándums de Llamadas de Atención 03, 04, 05 y 07/2017, por supuesto incumplimiento de obligaciones..." (sic), no se demostraron con prueba documental, tampoco se valoró su informe, tomando solamente en cuenta la atestación de la Vocal, Auxiliar y Oficial de Diligencias, todos de la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro pero no así de la Auditora de la referida Sala; sobre el hecho de no labrar correspondencia y los audios presentados como descargo, no fueron valorados como prueba de manera objetiva;
- c)No se estimó que el sorteo de causas era elaborado por la mencionada Auxiliar de Sala por instrucción de la denunciante, según se corrobora por la declaración del aludido Oficial de Diligencias; además, que tal aspecto fue instruido por la prenombrada;
- d)La denunciante puso horarios para el ingreso a su despacho; lo cual, obstruía su trabajo;
- e)La documentación observada era corregida en el día, sin que se cause demora alguna;
- f)Elaboraba las actas de acción de amparo constitucional y el registro de otros libros propios de la indicada Sala, así como el registro de otros libros, no siendo evidente que le estuviera recargando el trabajo a la auxiliar; a ello no se consideró que su mandante realizaba otras actividades en dicha Sala; y,
- g)No se dio valor probatorio a los audios adjuntados como descargo, en los que se acreditaba el maltrato psicológico e impedimento a la efectivización de sus funciones por parte de la denunciante.
Sorteado que fue proceso disciplinario, el "...Consejo de la Magistratura emitió la Resolución SP-AP N° 157/2018 de 15 de agosto..." (sic), confirmando en todas sus partes el fallo de la Jueza a quo, pero sin resolver los agravios expresados en su recurso de apelación con relación a la queja de no haber recibido la atestación de la auditora de Sala; así, como sobre la supuesta falta de no labrar correspondencia y los audios presentados como prueba de descargo; las cuales, no fueron valoradas de manera objetiva, pese a que tenían la finalidad de revertir la decisión del fallo de primer grado.
La cuestionada Resolución expresa fundamentos contradictorios; por cuanto, en un fundamento se señala que las declaraciones de la Oficial de Diligencias y Auxiliar de la referida Sala fueron corroboradas por uno de los "Vocales" y en la segunda, se afirma que dichas declaraciones testificales comprobaron lo manifestado por la propia denunciante, indicándose asimismo que por los errores en los que había incurrido, la autoridad jurisdiccional dispuso que sea la Auxiliar quien cumpla las obligaciones de la Secretaria; en una segunda fundamentación, se refiere que debido a la equivocación y retraso de la Secretaria en la realización del sorteo de causas y el cómputo de plazos, la Presidenta de Sala encargó a la Auxiliar colabore con la realización de dicha obligación, de donde no se advierte si la denunciante dispuso que en definitiva la aludida funcionaria cumpla con el sorteo de expedientes o simplemente ayude en esta obligación; lo cual, debía ser esclarecido; inclusive, en audiencia de careo de 30 de junio de 2017, la denunciante indicó que su mandante no debía hacer nada, implicando ello que no podía ejercer sus funciones habituales, siendo en consecuencia incongruente la Resolución al pretender sancionarla por hechos que no fueron cometidos voluntariamente, sino por instrucciones superiores, debiendo considerarse que los Memorándums de 9, 10, 15 y 17 de agosto de 2017 -respecto a supuestas omisiones cometidas-, se emitieron después de que se dispusiese que no realice sorteo alguno.
I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado
La impetrante de tutela, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso, en sus elementos de congruencia, fundamentación, motivación y defensa, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela impetrada, dejando sin efecto la Resolución SP-AP 157/2018 de 15 de agosto, ordenándose la emisión de nueva Resolución congruente, fundamentada y motivada, resolviendo los agravios expresados en el recurso de apelación.
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
Celebrada la audiencia pública el 30 de abril de 2019, según consta en el acta cursante de fs. 113 a 119 vta., se produjeron los siguientes actuados:
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