0939/2019-S1

Ante el entonces Juzgado de Instrucción Civil y Comercial Noveno del departamento de Santa Cruz -ahora Juzgado Público Civil y Comercial Vigesimocuarto del mismo departamento-, planteó proceso interdicto de recobrar la posesión contra Sergio Mauricio Dávila Revuelta, sobre un inmueble ubicado en la Unidad Vecinal 52, manzana 80, lote 12, con una superficie de 543 m², en el que se emitió la Sentencia 58/2009 de 19 de septiembre, que declaró probada su demanda, ordenando se le restituya el inmueble, misma que fue declarada ejecutoriada por auto de 16 de abril de 2010. En ejecución de sentencia, tanto el demandado, como su madre -Dora Luz Revuelta de Dávila-, plantearon un serie de incidentes y apelaciones, que no permitieron que se llegue a ejecutar el mandamiento de desapoderamiento, para luego formular excepción de prescripción de la ejecución de sentencia, que fue rechazada por Auto 255/2017 de 15 de septiembre; empero, en grado de apelación, el Auto de Vista de 5 de abril de 2018, pronunciado por los Vocales demandados, revocó la resolución impugnada y se declaró la prescripción extintiva del derecho a la ejecución de sentencia. Sostiene que, el citado Auto de Vista no contiene una fundamentación que justifique la prescripción extintiva del derecho a la ejecución de sentencia, vulnerando asimismo, su derecho a una resolución congruente y motivada; se funda en una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad, por cuanto no toma en cuenta los antecedentes del proceso que evidencia que no se ha cumplido con el presupuesto de la prescripción, toda vez que el tiempo para prescribir se interrumpió constantemente por actos del mismo demandado, y se aplicó indebidamente el art. 1492 del Código Civil (CC), para justificar una prescripción que no se ha cumplido. Aduce que, no es cierto que haya actuado con desidia en la ejecución de sentencia y que nunca dejó de activar su ejecución; el plazo de prescripción no se ha cumplido, y la misma ha sido constantemente interrumpida por el mismo demandado; no se le puede atribuir la dilación en la ejecución de la sentencia, puesto que fue el demandado quien planteó incidentes y apelaciones, no existiendo normativa alguna que establezca la prescripción del derecho a la ejecución de la sentencia. I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados La impetrante de tutela considera como lesionados, sus derechos a la propiedad privada, a la protección oportuna y efectiva, al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación, a la defensa, y a los principios de legalidad, reserva legal y "seguridad jurídica", citando al efecto los arts. 56, 57, 115, 119, y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio Solicitó se conceda la acción tutelar disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista de 5 de abril de 2018, debiendo emitirse una nueva resolución. I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías Celebrada la audiencia pública el 3 de abril de 2019, según se tiene del acta cursante de fs. 905 a 907 vta., se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción La accionante, por intermedio de su abogada, ratificó la acción tutelar planteada y ampliando su argumentación señaló:

1. a)Nunca abandonó la ejecución de sentencia, no habiendo transcurrido cinco años continuos para aplicar indebidamente la prescripción, puesto que el referido plazo se interrumpió constantemente, por incidentes y apelaciones planteadas por el demandado y una acción de amparo constitucional que interpuso su madre; y,
2. b)No existe normativa alguna que disponga la prescripción del derecho a ejecutar la sentencia, puesto que la misma debe cumplirse en los términos en que fue redactada. En uso de la réplica, aclaró que sobre la verdad material argumentada por el tercero interesado, se debe considerar que el proceso interdicto, solo dirimió la posesión del inmueble, no el derecho propietario; asimismo, sostuvo que en el proceso, se apersonó Otto Ritter aduciendo ser el propietario -dueño del lote contiguo-, y la madre de la hoy impetrante de tutela también refirió ser propietaria.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas Alaín Núñez Rojas y Erwin Jiménez Paredes, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentaron informe escrito ni asistieron a la audiencia, pese a sus legales citaciones cursantes a fs. 878 y 880. I.2.3. Intervención del tercero interesado Sergio Mauricio Dávila Revuelta, tercero interesado, por intermedio de su abogado en audiencia, alegó:

1. 1)Se ha cumplido con el debido proceso, puesto que la ahora accionante, ha tenido la oportunidad de contestar a la excepción de prescripción, así como contestó el recurso de apelación planteado, mismo que fue resuelto por Auto de Vista de 5 de abril de 2018, aclarando que la ahora peticionante de tutela, no planteó "recurso" de complementación y enmienda;
2. 2)La Resolución impugnada, tiene suficiente fundamentación y motivación, misma que conforme a la "SC 1537/2012", no implica una amplia exposición de consideraciones y citas legales, sino que sea concisa, clara e íntegra; en el caso concreto, la misma accionante, señala que hace más de nueve años tiene una sentencia ejecutoriada que nunca la ejerció, lo que da lugar a que se aplique la prescripción extintiva; asimismo consta en el expediente que fue a desapoderar el inmueble en cuatro oportunidades;
3. 3)Sergio Mauricio Dávila Revuelta es propietario, y vive en el bien inmueble por más de diez años, con título inscrito en el Registro de Derechos Reales (DD.RR.), que refleja la verdad material a la que hace alusión la "SC 1662/2012"; y,
4. 4)Sobre la valoración de la prueba, es necesario recordar que en la acción de amparo constitucional, no se puede revalorizar la prueba de un proceso ordinario; por lo que, no habiéndose vulnerado ningún derecho constitucional, solicitó se deniegue la tutela. En uso de la dúplica, señaló que si Otto Ritter sería propietario, debió ser convocado como tercero interesado; reiterando, que como no se vulneró ningún derecho de la accionante, se deniegue la tutela. I.2.4. Resolución La Jueza Pública de Familia Decimoprimera del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 01/2019 de 3 de abril, cursante de fs. 907 vta. a 913, concedió la tutela, declarando la nulidad del Auto de Vista de 5 de abril de 2018, y disponiendo se emita una nueva resolución, en base los siguientes fundamentos:
5. i)Los fallos deben ser debidamente fundamentados, no siendo suficiente que se limiten a transcribir antecedentes procesales, los criterios del juzgador expuestos en la resolución en análisis, los fundamentos de las partes o una relación de normas legales, debe evidenciarse el iter lógico o camino de razonamiento que siguió el juzgador para arribar a sus conclusiones;
6. ii)Luego de citar la descripción del desarrollo del proceso interdicto, de su fase de ejecución de sentencia, y del Auto de Vista impugnado, se refirió al concepto de prescripción de Castán Tobeñas "...la prescripción libera al sujeto pasivo de la obligación que tenía con el sujeto activo, estableciéndose esta liberalidad que no es adquirida por nadie (excepto en la usucapión que es doble, extintiva y adquisitiva), en los demás derechos presupone el castigo para el sujeto activo que no puede reatar indeterminadamente al sujeto pasivo al cumplimiento de la obligación...", existe en la prescripción extintiva, un abandono subjetivo por parte del sujeto activo, que se transforma objetivamente en los actos, por un total abandono y falta de acción jurídica que libera forzosamente al deudor;
7. iii)Citó a la SCP 1413/2012 de 19 de septiembre, referida a la prescripción de la ejecución de sentencia, así como los arts. 1492, 1503, 1505 y 1506 del CC, estableciendo que la ahora accionante, jamás dejó inactivo el proceso por un tiempo mayor a cinco años;
8. iv)La dilación en la ejecución de la sentencia, consistente en el desapoderamiento, es atribuible a los continuos actos y recursos interpuestos por el tercero interesado; y,
9. v)Se debe aplicar el art. 1506 del CC, y es evidente la grosera interpretación realizada por los Vocales demandados, por lo que, el derecho a pedir el cumplimiento de la sentencia no ha prescrito y con base en la seguridad jurídica, la sentencia debe ser cumplida de forma inexcusable.