0939/2022-S3

El accionante reitero los argumentos de su demanda constitucional, y ampliándolo en audiencia, además de pronunciarse sobre los informes de las autoridades y particular accionados, manifestó que:

1. 1)Es falso lo señalado por Leticia Muñoz Daza, ya que "...no se ha citado a nadie, tengo en mis manos una orden de citación firmada por Leticia Muñoz Daza en contra de Jorge José Valda Daza..." (sic), la que tiene por propósito justificar un procesamiento ilegal e indebido;
2. 2)También es falsa la aseveración del particular coaccionado, puesto que el audio de la audiencia fue recolectado por la Fiscal de Materia, en una inspección que se hizo "...en el Tribunal el 5 de mayo..." (sic);
3. 3)Ni la Ley "1970 ni la 1173 ni la 1226...", (sic), disponen que el Fiscal de Distrito deba dirigir o señalarle a un Fiscal de Materia cuáles son los actos investigativos que cree pertinente que deben hacerse, porque dicha autoridad departamental no realiza investigaciones porque no está dentro de sus funciones y porque además no conoce las actuaciones que se hubieren realizado; lo que decanta en el procesamiento indebido y el riesgo de restricción sobre su derecho a la libertad;
4. 4)La primera resolución de rechazo, cumplió con las formalidades de la investigación; y que se hubiera sostenido en el "articulo 304 núm. 3" (sic), denota que la investigación fue realizada por una autoridad responsable, en la que no se verificó la comisión del hecho, por lo que se irrumpe con el principio de objetividad del Ministerio Público, el forzar mantener abierto un proceso penal en su contra; resultando que aparentemente esa Institución, confunde sus funciones con el propósito de encontrar algo contra de Jorge José Valda Daza por ser el abogado del Comité Cívico Pro Santa Cruz, solo para satisfacer ciertos intereses políticos;
5. 5)Cuando se argumenta persecución ilegal y procesamiento indebido, no se alude a la sola existencia de un proceso penal, que ha sido ilegalmente admitido desde su origen el 26 de octubre de 2020, si no que se denuncia la persecución ilegal a raíz de un documento falso que ha sido presentado en distintas instancias, en el que se atenta contra la imagen y dignidad de varias personas;
6. 6)No conoce a Mauricio Zamora Liebers ni a su contraparte ni al entorno familiar que está en conflicto; y si bien, conoce a sus abogados por más de quince años de ejercicio de la profesión, "...uno de los abogados de l otra pate hablando con su cliente, refieren el nombre de mi persona, refieren mis oficinas y refieren que habrían entregado un monto de dinero para realizar e ir asegurar una sentencia, para asegurar algo irreal y lo dice el Sr. Zamora, lo que dice ese chat se ha vuelto realidad..." (sic);
7. 7)Cuando se presenta esa supuesta prueba, "...en un primer proceso fue llamado la atención en el ámbito moral para que guarde respeto, pero en una segunda instancia este mismo conversatorio falso se presenta en un proceso penal que se sigue en contra, anuncia los autores para posteriormente concretar el proceso penal a una persona que le habría realizado falsamente un arraigo y esta persona que no conocemos el contexto del fondo de ese proceso lo que si conocernos es que como estaba esta transcripción en el cuaderno de investigaciones, dentro del proceso iniciado en abril del año 2019, se hacen distintos requerimiento para conocer la titularidad de estas líneas telefónicas, no solamente de quienes conversan si no también la línea telefónica que señalan me pertenecieran, están conversaciones se mencionan, señalan una de la líneas 76251117, le pertenece a un grupo familiar para un plan corporativo de la familia registrado a nombre de mi hermana Ana María Molina Daza..." (sic);
8. 8)El particular denunciante y coaccionado en esta demanda tutelar, señaló que no se conocen, pero afirmó los hechos sujetos a investigación penal en su contra producto de un documento de WhatsApp, del que se desconoce cómo tuvo acceso, si era porque la línea telefónica le pertenecía, siendo que si no fue así, el origen de este documento es ilícito por lo que no puede ser admitido; existiendo al respecto dos hipótesis, el hackeo o robo del teléfono, o que dicha prueba es falsa, ya que la transcripción de una conversación puede hacerla cualquier persona en una computadora;
9. 9)Con base a esa prueba ilícita, ya van dos años en los que se realizan requerimientos de flujo de llamadas, lo que fue denunciado en su momento cuando junto con el "...presidente del comité cívico estábamos pidiendo recuperar la justicia..." (sic), siendo llamativo que la denuncia se presente luego de las elecciones generales de la gestión 2020; denotando con ello que existe persecución;
10. 10)El "5 de mayo" se hizo la transcripción del acta en la cual se le impuso la sentencia al ahora accionado -denunciante del proceso penal en su contra- donde claramente fue transcrita la pena en su contra por tres meses y un mes, quedando desvirtuado así el argumento de éste; no obstante de ello, se sigue insistiendo una causa penal en su contra sobre una prueba nula; haciendo evidente de ello que se trata de una persecución política en su contra, por representar a organizaciones de derechos humanos que se enfrentan al gobierno y que tiene la finalidad de deshacer su integridad, dignidad y privacidad, pues sus conversaciones y llamadas serán monitoreadas por el Ministerio Público; y,
11. 11)En "...esta sentencia, se señala claramente de que cuando se procede al encausamiento de una persona, cuando el hecho ya hubiera sido considerado, cuando el hecho ya fue tratado por parte de otra instancia investigadora, como fuera el caso que llevo adelante la Dra. Pamela Portocarrero, se indago todo respecto a todo respecto a esta conversación telefónica, en este caso se determinó que la hipótesis del denunciante era equivocada, señala la parte la resolutiva y la parte vinculante de esta línea jurisprudencia, se hace patente el hostigamiento y la persecución ahora ves que se evidencia un afán de acoso, circunstancias que configuran la persecución ilegal ejercida contra el denunciante al margen de las razones originado por el Ministerio Público, no corresponde analizar el fondo de la causa, ni es materia de la acción de libertad que abre la acción de protección ante la persecución indebida..." (sic).