0942/2022-S4

Ante ello, planteó recurso de apelación recayendo esta vez en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, la que al momento de emitir el Auto de Vista 98/2021 de 23 de abril:

1. a)No valoró de forma integral la totalidad de la documentación presentada en calidad de prueba, menos explicó por qué no desvirtuarían los riesgos procesales existentes, señalando que: "el Juez ad quo, no realiza aparentemente una valoración integral de los elementos ofrecidos, sin embargo, en esta instancia de alzada no es viable la nulidad de modificación de medidas cautelares al estar detenido el justiciable, sino al tratarse de un tribunal de cierre,....ciertamente contradictorio..." (sic); toda vez que, en casos similares anuló resoluciones en proceso penal por el mismo delito;
2. b)Consideran insuficientes los certificados de no tener antecedentes delictivos sin explicar el por qué; que el peritaje psicológico no es pertinente al ser un análisis pos delictual y no tiene nada que ver con los motivos que dieron lugar a la detención preventiva como es el escenario del hecho y las características del delito; empero, no existe fundamento al respecto; toda vez que, debe ser post delictual, siendo precisamente la razón por la que se pidió el requerimiento para su obtención, como por ejemplo se hace con el trabajo a pacto futuro; y,
3. c)Se continuó manejando como elemento circunstancial "la SS.CC: N° 56/2014, que a la fecha ya ha sido modulada por las SS.CC. N° como las glosadas, SS.CC. N° 185/2019-S2; LA ss.cc. n° 702/2020, la SS.CC. N° 0220/2020-S2 a las que no hace mención en absoluto" (sic); afectando su libertad con una sentencia constitucional que a la fecha ya no tiene validez; por el simple hecho de haber sido sorprendido en flagrancia, nada tiene que ver con el peligro de fuga, vinculado con la peligrosidad, máxime si en la misma resolución de alzada se hace referencia a que dicha peligrosidad está vinculada a sus antecedentes anteriores a la comisión del delito, y obviamente que las certificaciones hacen entrever que su persona no tiene antecedentes vinculado a ningún delito; por lo que, es contradictoria en la parte considerativa y resolutiva.

El impetrante de tutela a través de su abogado ratificó los argumentos expuestos en su acción tutelar, además señalo que:

1. 1)En el caso en cuestión se encuentra detenido preventivamente, por resoluciones infundadas y sin motivación, sobre la base de un solo riesgo procesal, que es el de fuga, previsto en el art. 234.7 del CPP, por cuanto el previsto en el art. 235.2 del mismo Código, fue plenamente desvirtuado;
2. 2)En el caso de origen, ya existe una sentencia que no está ejecutoriada; por lo que, los testigos ya declararon; empero, no es el motivo de la acción de libertad, sino la falta de fundamentación;
3. 3)Habiendo apelado la resolución del Juez de instancia, el Vocal ahora demandado, manifiesta que cuando existe una persona detenida, no se puede anular por prohibición expresa, pero es contradictorio, ya que la misma autoridad anuló resolución en otro proceso;
4. 4)Existiendo un solo riesgo procesal debería concederse la cesación de la detención preventiva o confirmar o anular, con la debida motivación; considerando que la SCP 0056/2014 de 3 de enero, ya fue modulada por la SCP 0702/2020-S3 de 3 de noviembre, por la cual señala que para desvirtuar el peligro procesal de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, simple y llanamente debe demostrarse que el imputado con anterioridad, es decir anterior a la comisión del delito, no tiene sentencias condenatoria ejecutoriada, no refiere pos delictual; es decir que no cuenta con antecedentes penales, que no es un peligro para la sociedad, debiendo demostrar la efectividad y la objetividad de ese riesgo procesal, descrito en la normativa procesal penal, aplicando el principio de favorabilidad y excepcionalidad; y,
5. 5)Existe contradicción entre lo manifestado por el Juez y el Vocal demandados respecto que el peritaje psicológico no es relativo a su personalidad y el otro dice que sí, entonces en que se queda, existe un procesamiento indebido; en realidad el Vocal demandado quiere recién fundamentar en audiencia -de garantías- los motivos por los cuales confirmó la resolución del inferior, cuando debió hacerlo en su Auto de Vista.

José Miguel Vásquez Castelo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en audiencia manifestó lo siguiente:

1. i)La Jurisprudencia constitucional estableció que, no es posible demandar al Juez a quo y ad quem, sino solo al de cierre; el accionante refiere que se estuviera aplicando jurisprudencia que no corresponde lo que no es evidente; ya que esta refiere que los antecedentes penales o judiciales pueden ser relacionados con los hechos, analizando cómo es posible que una conducta personal pueda desvirtuar un antecedente referido a un peligro procesal basado en los hechos, esa es la problemática, un peritaje psicológico refiere la personalidad del imputado; y,
2. ii)"...ya ha sacado una línea el Tribunal Constitucional en referencia a que tratándose de la libertad, no puede el Tribunal de alzada, referir o realizar una acción de una resolución, sino obviamente atender las razones, porque precisamente esta en tela de juicio o en tela de debate, la libertad propia del imputado, por lo cual, la anulación incluso no es procedente esa referencia, sino el sostenimiento de atender la libertad correspondiente y como Tribunal de cierre se ha hecho la resolución respectiva, bajo esos alcances..." (sic).

Ronald Rodríguez Troche, Juez Público Civil y Comercial de Partido Trabajo y Seguridad Social, Coactivo Fiscal Tributario y Sentencia Penal Primero de Caracollo del departamento de Oruro, mediante Informe presentado el 8 de mayo de 2021, cursante a fs. 48, señaló lo siguiente:

1. a)En audiencia de cesación de la detención preventiva se dio cabal cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Jerárquico, se fundamentó y valoró cada uno de los medios probatorios proporcionados por el accionante, conforme a la sana crítica y prudente criterio, razonando desde la perspectiva de los hechos o la conducta presuntamente asumida por el acusado ahora impetrante de tutela, que en el caso fue por el delito de tráfico de sustancias controladas, donde fue habido el acusado en flagrancia con 7 Kilogramos y 100 gramos de cocaína;
2. b)No se dio curso a la cesación de la detención preventiva; toda vez que, conforme el art. 234.7 del CPP, al haber sido encontrado en flagrancia con sustancias controladas se constituye en un peligro para la sociedad, al estar conformada por grupos vulnerables como ser niñas, niños y adolescentes, quienes son más propensos de caer en el consumo de dichas sustancias; y,
3. c)Se debe tener presente que, la causa ya cuenta con sentencia condenatoria por el delito de tráfico de sustancias controladas, el cual es susceptible de ser impugnado; por lo que, no se lesionó los derechos y garantías constitucionales solicitando se deniegue la tutela.

La Jueza de Instrucción Penal Primera del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías, por la Resolución 02/2021 de 8 de mayo, cursante de fs. 69 a 75, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos:

1. 1)El motivo por el que el imputado se encuentra detenido preventivamente radica en las condiciones del ilícito atribuido y en la naturaleza del mismo, vinculado con la afectación de grupos vulnerables, entendiendo que la presentación del certificado de REJAP y policial no encuentra relación con los motivos por los cuales se acreditó el peligro procesal, habiéndose explicado que el informe psicológico, resultando posterior a la conducta delictiva investigada no sería suficiente para desvirtuar esta relación de la persona con el hecho; habiéndose entendido claramente estos fundamentos de la Resolución impugnada, no puede considerarse que la misma carezca de fundamentación y motivación;
2. 2)La SC 0185/2019-S2 ha reconducido lo que debe entenderse por peligro efectivo, a los alcances de la SCP 0056/2014⁴, refiriendo que la sola presentación de documentación no puede limitar la valoración integral que debe efectuar el juzgador sobre las circunstancias, antecedentes y condiciones particulares que se traten en la causa, cuando la peligrosidad reviste aspectos personalísimos del imputado; la SCP 0056/2014⁴ debe considerarse como el precedente en vigor para entender y razonar el riesgo, independientemente al ilícito que se atribuya; el accionante a tiempo de solicitar la cesación de su detención preventiva basa su pedido en una Sentencia Constitucional Plurinacional reconducida;
3. 3)En relación a que el Tribunal de alzada hubiera rehusado anular la Resolución del inferior, en contradicción de una decisión anterior asumida en otra sala, al ser órganos jurisdiccionales que cuentan con la misma jerarquía las decisiones de uno, no tiene carácter obligatorio para la otra, sino en el marco de la sana crítica y las facultades que tienen los tribunales de alzada mejorar la fundamentación efectuada por los jueces a quo, cuando no exista causa suficiente para declarar la nulidad de una Resolución, no siendo una regla; y,
4. 4)La Resolución de alzada no tiene vinculación directa con la privación de libertad y consideró los elementos de convicción y los agravios denunciados por el recurrente desde los antecedentes del proceso.