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TCP

0942/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
19 de mayo de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0942/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0942/2026-S2 Sucre, 19 de mayo de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 80230-2025-161-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 224/2025 de 17 de diciembre, cursante de fs. 192 a 196 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Edgar Luis Aramayo Chungara contra Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal General del Estado.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 21 y 28 de noviembre de 2025, cursantes a fs. 1, 136 a 155 y 158 a 159, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante Resolución FGE/RRMM/DAJ 0103/2025 de 14 de mayo, Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal General del Estado -ahora demandado- dispuso su suspensión como Fiscal de Materia, sin goce de haberes, mientras dure su proceso penal y hasta la ejecutoria de la sentencia. La medida se fundó en la existencia de una acusación formal por el delito de violencia familiar o doméstica en su vertiente psicológica.

Dentro de ese proceso penal, presentó memorial el 15 de agosto de 2025, solicitando la suspensión condicional del proceso, en ese marco, el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca, declaró fundada la petición mediante Auto Interlocutorio de 22 de igual mes y año, determinación que adquirió ejecutoria. En mérito a esa determinación, el 26 de ese mes y año, solicitó a la autoridad demandada su reincorporación laboral y el cese de la suspensión sin goce de haberes. La medida constituía una sanción anticipada sin sentencia condenatoria ejecutoriada, y que al haber desaparecido el presupuesto original -la prosecución ordinaria del proceso penal-, correspondía aplicar preferentemente las garantías constitucionales antes que la restricción contenida en el art. 30.35 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP).

No obstante, mediante Resolución FGE/RRMM/DAJ 000176/2025 de 1 de septiembre, la autoridad demandada rechazó su solicitud. Sostuvo que la acusación formal continuaba vigente mientras no concluyera el período de prueba impuesto en la suspensión condicional y no existiera declaratoria expresa de extinción de la acción penal.

El 23 de septiembre de 2025, formuló reconsideración contra ambas resoluciones (0103/2025 y 000176/2025), alegando vulneración de derechos fundamentales y solicitando control de convencionalidad difuso respecto al art. 30.35 LOMP; el cual, fue respondido mediante proveído FGE/RRMM 443/2025 de 25 de septiembre, en el que, la autoridad demandada rechazó la misma, argumentando que persistía la acusación formal, que no correspondía dejar sin efecto la suspensión funcional mientras no se cumplieran las condiciones de la suspensión condicional del proceso, y que su persona no precisó los parámetros para efectuar el control de convencionalidad solicitado, el cual además no correspondía por no estar previsto en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará".

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