Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0942/2026-S3 Sucre, 19 de junio de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 83489-2026-167-AAC Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 86/2026 de 10 de abril, cursante de fs. 148 a 154 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Agustín Choque Colque, contra Carlos Eduardo Ortega Sivila y Primo Martínez Fuentes, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 19 y 24 de marzo de 2026, cursantes de fs. 47 a 55 vta.; y, 59 a 61 el accionante, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción Fue procesado penalmente por la comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica, dentro del caso Con Número Único de Registro Judicial (NUREJ) 401502012103353. En primera instancia, el Juzgado de Sentencia Penal Sexto del departamento de Oruro, emitió la Sentencia 02/2024, de 11 de enero, mediante la cual lo declaró autor de la comisión del referido delito y le impuso la pena de tres años de privación de libertad, debiendo cumplir su condena en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro. Posteriormente, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, pronunció el Auto de Vista 26/2024 de 29 de abril, confirmando íntegramente la Sentencia condenatoria. Contra dicha resolución, el imputado -ahora accionante- interpuso recurso de casación, el cual fue resuelto mediante el Auto Supremo 1611/"2025"-F, -lo correcto y en adelante 2026- de 7 enero de 2026, que declaró infundado el referido recurso. A criterio del mismo, dicha determinación, con base en el principio de trascendencia, terminó "...convalidando que un juez silencie a la defensa bajo la premisa de que responderle "no cambiaría el resultado final del fallo"" (sic.). Asimismo, denunció que el accionar de los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, constituyó un prejuzgamiento prospectivo, al asumir como cierta la decisión que eventualmente habría adoptado el Juez de la causa en caso de haberse observado el procedimiento correspondiente. Sostuvo que dicho razonamiento configura un defecto absoluto, pues las -autoridades ahora demandadas-, debieron inaplicar el principio de trascendencia, al haber sustentado su decisión en una fundamentación meramente hipotética. De igual manera, afirmó que las autoridades judiciales desnaturalizaron el contenido del derecho a la defensa, reduciéndolo a un mero formalismo, al sostener que este derecho se encontraba materializado por el solo hecho de que el imputado -ahora accionante-, contó con asistencia técnica de un abogado durante la tramitación del proceso, permitiendo, en los hechos, que el juez prescindiera de responder los argumentos, las teorías del caso y las críticas formuladas por la defensa respecto a la valoración probatoria. Finalmente, señaló que no fue escuchado de manera efectiva; toda vez que, los Magistrados mencionados, sostuvieron que los argumentos de la defensa no eran suficientes para desvirtuar la existencia del hecho delictivo, incurriendo -a su juicio- en una indebida inversión de la carga de la prueba.
En ese entendido, sostuvo que conforme al principio de presunción de inocencia, no corresponde al imputado demostrar que no cometió el delito; sino que, recae sobre el Estado la carga de acreditar su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable; por ello, era obligación de la autoridad judicial explicar, mediante una debida fundamentación, las razones por las cuales los argumentos de la defensa no fueron suficientes, para generar una duda razonable respecto de su responsabilidad penal. I.1.2. Derechos, principios y garantías supuestamente vulnerados
Denunció la lesión, de sus derechos al debido proceso en su vertiente motivación y fundamentación; derecho a la defensa; a ser oído y a la presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 115; 116; 117; 119 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE).
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