0948/2019-S4

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0948/2019-S4 Sucre, 15 de noviembre de 2019

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad

Expediente: 30030-2019-61-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 156/2019 de 19 de julio y el Auto de la misma fecha, cursantes de fs. 48 a 52; y, 53 vta., pronunciadas dentro de la acción de libertad interpuesta por Marco Antonio Amaru Flores en representación sin mandato de Félix Tapia Romero contra Narda Soria Galvarro Hinojosa y Claudio Henry Cussi Chinche, Jueza y Secretario, respectivamente, ambos del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 17 de julio de 2019, cursante de fs. 3 a 7 vta., el accionante a través de su representante sin mandato manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de un delito relacionado a la Ley 1008 de 19 de julio de 1988 (L1008) -Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas-, al encontrarse con detención preventiva; el 5 de junio de 2019, solicitó a la Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz -ahora codemandada-, la cesación de su detención preventiva; petición que mereció el proveído de 6 de "mayo" del indicado año; en el cual, por error se consignó el mes de "mayo", siendo lo correcto junio, incumpliendo con lo previsto por la normativa adjetiva penal, respecto al plazo de cinco días establecido para el señalamiento de audiencias de consideración de cesación a la detención preventiva, programando la audiencia aludida, recién para el 12 de junio del año mencionado; por lo que, entendiendo la carga laboral de la Jueza nombrada, esperó la celebración de dicho acto procesal, cubriendo los recaudos para la notificación del Ministerio Público y el oficio de conducción de su persona; sin embargo, pese a ello, no se acataron las formalidades de ley, puesto que, no se notificó al Ministerio Público, ni se ofició su conducción para el precitado verificativo oral, suspendiéndose el mismo, y fijando la Jueza de la causa, una nueva para el 19 del citado mes y año; la cual, pese a encontrarse presente todos los sujetos procesales, fue suspendida, al encontrarse la autoridad jurisdiccional nombrada en otra audiencia.

Ante la mencionada suspensión, mediante decreto de 19 de junio de 2019, se programó el verificativo oral, recién para el 10 de julio de similar año; es decir, para después de "veintidós días", y a la vez fijó audiencia de apertura de juicio oral para igual fecha y hora; por lo que, instalado el acto procesal, pese a que tanto su persona como el Secretario y el representante del Ministerio Público manifestaron que se los había notificado para considerar la cesación a la detención preventiva, la Jueza codemandada llevó a cabo la audiencia de apertura de juicio oral sin siquiera revisar el expediente, indicando que "...el caso reviste de relevancia en el marco de la ley 1008..." (sic), incumpliendo de esta manera el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por el art. 8 de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, que dispone que ante la solicitud de cesación a la detención preventiva se deberá fijar audiencia en el plazo máximo de cinco días, debiendo actuar con celeridad; sin embargo, en el presente caso se incurrió en dilación indebida al señalar la audiencia fuera del referido término, y al haberse suspendido la misma por razones atribuibles a la Jueza y al Secretario, hoy demandados, desconociendo la jurisprudencia que prevé que la consideración de cesación a la detención preventiva, podrá realizarse en cualquier etapa del proceso.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante por medio de su representante sin mandato, denunció como lesionados el debido proceso, sus derechos a la petición, a la defensa, a la libertad; y, a una justicia pronta y oportuna; así como a los principios de celeridad, inmediatez y legalidad, citando al efecto los arts. 109.I, 115, 116.I, 119, 120 y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).