Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0950/2019-S2 Sucre, 15 de octubre de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad
Expediente: 29856-2019-60-AL Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 07/19 de 2 de julio de 2019, cursante de fs. 51 vta. a 54 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por René Sauciri Choque en representación sin mandato de Jhonny Martínez Azurduy contra Arminda Méndez Terrazas y Victoriano Morón Cuellar, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 1 de julio de 2019, cursante de fs. 8 a 9, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la supuesta comisión del delito de "abuso sexual", el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, rechazó la cesación de la detención preventiva, Resolución que impugnó y fue resuelta por los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, quienes en lugar de reparar los agravios, incurrieron en la misma vulneración de valoración inadecuada de la prueba y resolución inmotivada; toda vez que, se tomó en cuenta la acusación fiscal como si fuera verdad, cuando ésta solo constituye una proposición y aún prevalece la presunción de inocencia.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de motivación y fundamentación; citando al efecto los arts. 8, 23.I, 24, 178, 180 con relación al 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene el pronunciamiento de una nueva resolución debidamente fundamentada.
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 2 de julio de 2019, cursante de fs. 49 a 51 vta., produciéndose los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante, a través de su abogado ratificó íntegramente el contenido de su demanda tutelar y ampliando señaló que:
- a)Las autoridades demandadas consideraron aspectos a criterio suyo sin que sea el motivo de la apelación sino el rechazo de la cesación a la detención preventiva, revisando la acusación;
- b)Únicamente quedaba pendiente de enervar los riesgos procesales de los arts. 234.10 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), para lo que su defensa técnica ofreció como prueba el cuaderno de investigación, donde no se constata acto obstaculizador; asimismo, se adjuntó certificado de permanencia y buena conducta remitido por orden judicial, además que se concluyó la etapa de investigación, pero el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, en audiencia desconoció estos aspectos, porque quería que haga presencia física -se entiende el imputado-; no obstante a ello, el aludido Tribunal observó la prueba sin señalar en que se basó para sostener que existía obstaculización;
- c)Para enervar el art. 234.10 del CPP, se presentó certificado actualizado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), adicionalmente se solicitó al mencionado Tribunal, que mande y ordene bajo prevenciones de incumplimiento de deberes, a la "...dirección departamental de penitenciaria..." (sic), un informe psicológico el cual no se efectuó; por tanto, no fue valorada dicha documentación; asimismo, tampoco hay víctima puesto que ésta ya desistió ni existe contacto con la misma; así también, la jurisprudencia constitucional establece que para enervar el peligro efectivo para la víctima tiene que subsistir esa certificación o de qué manera el imputado está amenazando, intimidando; por lo que, aplicando el principio de favorabilidad debió imponerse medidas sustitutivas a su favor; y,
- d)La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento, establece que la obstaculización persiste hasta la ejecutoria de sentencia, lo que no es acorde con la garantía de presunción de inocencia.
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
Arminda Méndez Terrazas y Victoriano Morón Cuellar, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través de informe escrito presentado el 2 de julio de 2019, cursante de fs. 20 a 21, señalaron que:
- 1)El control de legalidad ordinaria es una facultad exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios a menos que la violación a los derechos invocados sean groseramente contraria a la ley y a la Norma Suprema, lo que no ocurrió en el presente caso, pretendiendo por ello el peticionante de tutela, utilizar la jurisdicción constitucional como una instancia casacional;
- 2)El demandante de tutela, hizo mención de varias sentencias, incumpliendo explicar porque la labor interpretativa de nuestro Tribunal resultaría insuficiente y precisar los derechos y garantías constitucionales que fueron lesionados, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la Resolución impugnada, sin considerar que la labor interpretativa y decisión en cuanto a mantener la aplicación de medidas cautelares (incluso la detención preventiva) es una atribución privativa de los jueces y tribunales ordinarios en materia penal, separación básica y natural que el abogado del accionante no supo diferenciar; y,
- 3)El Auto de Vista impugnado se circunscribió a los aspectos cuestionados en el recurso de apelación, dando respuesta a todos los agravios formulados por el impetrante de tutela de acuerdo a la sana crítica y sano juicio, con relación a concurrencia de los riesgos procesales que mantienen la detención preventiva, contenidos en el art. 234.10 del CPP, ya que constituye peligro efectivo para la víctima, debido a que no presentó documentación suficiente ni hay estudio que indique que el imputado -ahora solicitante de tutela- se halla sometido a un estudio o pericia psicológica con los formalismos correspondientes, no existiendo prueba para desvirtuar ser un peligro efectivo para la sociedad; y en el art. 235.2 del CPP, sobre el que se limitó a mencionar sentencias constitucionales no vinculantes; sin tomar en cuenta, que el caso que se investiga es de carácter sexual y se tiene una víctima, testigos y peritos que tendrán que declarar en juicio; en conclusión no presentó documentación al respecto, a efecto que tanto el Tribunal a quo como el de alzada, en su oportunidad realicen una valoración integral del caso.
I.2.3. Resolución
El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 07/19 de 2 de julio de 2019, cursante de fs. 51 vta. a 54 vta., denegó la tutela impetrada, determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: En el sistema penal actual, el encausado tiene la obligación de desvirtuar los riesgos procesales; esto es que el accionante debió desvirtuar con nuevos elementos, conforme al art. 239 del CPP, que ya no concurren los riesgos procesales; en tal sentido, consideraron que el certificado del REJAP presentado no desvirtuó los riesgos procesales, debiendo el peticionante de tutela presentar una nueva documentación idónea que acredite y desvirtué este razonamiento, concluyendo que se hizo una valoración de manera pertinente y objetiva; por lo que, este Tribunal de garantías no puede ir más allá, ya que, no debe hacer una valoración o entrar en materia ordinaria, sino determinar si la Resolución cuestionada tiene la suficiente fundamentación y motivación; sin valorar certificados médicos forense ni la autoría.
Ante la solicitud de aclaración, complementación y enmienda del solicitante de tutela, el Tribunal de garantías, indicó que el Tribunal a quo, consideró que no se desvirtuaron los arts. 234.10 y 235.2 del CPP, por lo que, mediante alguna argumentación u elemento probatorio el accionante debió enervar esta situación; asimismo, pese a la prueba que se aportó, de acuerdo al criterio de las autoridades demandadas no fue suficiente para desvirtuar los mismos; en este sentido, no se puede obligar a dichas autoridades a razonar respecto al valor probatorio asignado a las pruebas; por cuanto, se confirmó el razonamiento antes señalado y el complementario, denegándose la tutela impetrada.
I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
Al no existir consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.
II. CONCLUSIONES
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Se tiene Acta de Audiencia de Apelación a la Medida Cautelar, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Luz Mery Chávez Montaño contra Jhonny Martínez Azurduy -ahora accionante- (fs. 39 a 40 vta.).
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