Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0951/2026-S2 Sucre, 26 de mayo de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad
Expediente: 82970-2026-166-AL Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución de 19 de marzo de 2026, cursante de fs. 131 a 135, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ramiro Garro Céspedes y Henry Pérez Terrazas en representación de los menores de edad AA y BB, contra José Federico Torrico Pérez, Director de la Unidad Educativa Santa Ana de Cala Maryknoll, y Marcela Mancilla, Subdirectora de la referida Unidad Educativa.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 18 de marzo de 2026, cursante a fs. 1 y 18 a 20 vta., la parte accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 5 de marzo de 2026, José Federico Torrico Pérez, Director; y, Marcela Mancilla, Subdirectora de la Unidad Educativa Santa Ana de Cala Maryknoll -ahora demandadas- atribuyeron a AA y BB, estudiantes de quinto año de secundaria el consumo de bebidas alcohólicas al interior del establecimiento educativo; en mérito a ello, habrían dispuesto su suspensión indefinida e impedido su ingreso al establecimiento, comunicándoles dicha determinación de manera directa, sin presencia de sus padres y sin que previamente se hubiera sustanciado procedimiento alguno destinado a establecer su responsabilidad respecto a los hechos que se les atribuyen.
Al tomar conocimiento de dicha situación, el 6 de marzo de 2026, sus padres acudieron a la Unidad Educativa con la finalidad de obtener una explicación respecto de la medida asumida y solicitar la emisión de una resolución debidamente fundamentada que respalde la decisión adoptada; sin embargo, las autoridades demandadas habrían rechazado sus requerimientos, negándose a emitir una determinación formal y escrita que justifique el retiro de los menores AA y BB, reteniendo además sus libretas escolares e impidiendo su ingreso tanto a las aulas como al propio establecimiento educativo, situación que habría repercutido negativamente en su estabilidad emocional y en el normal desarrollo de su formación académica. Ante la persistencia de dicha situación, acudieron a la Dirección Departamental de Educación (SEDUCA) de Cochabamba, instancia que derivó el caso a la Dirección Distrital de Educación Cochabamba 1, cuyas autoridades sostuvieron reuniones con los ahora demandados y recomendaron que los menores continúen recibiendo clases de manera virtual mientras se esclarecían los hechos denunciados y se asuma una determinación previa valoración de los antecedentes y descargos correspondientes; no obstante, sostienen que tales recomendaciones no fueron observadas por las autoridades demandadas, quienes mantuvieron la restricción de ingreso de los estudiantes al establecimiento educativo.
El 12 de marzo de 2026, acudieron a la Defensoría del Pueblo, denunciando la presunta vulneración de los derechos de sus hijos y la afectación emocional que dicha situación les estaría ocasionando; una vez admitida su denuncia, la Defensoría realizó actuaciones de verificación e inspección en la Unidad Educativa; empero, pese a las gestiones efectuadas tanto por la Defensoría del Pueblo como por las autoridades dependientes del SEDUCA, las medidas impuestas de manera arbitraria y desproporcional persistían, afectando derechos fundamentales.
Mostrando 12 de 60 parrafos.