0954/2021-S2

Contra dicha determinación, formuló recurso de casación, que de acuerdo a su criterio dio lugar a que de manera arbitraria, incongruente, absurda, ilógica y con error evidente, las Magistradas ahora demandadas mediante el Auto Agroambiental Plurinacional S1a 44/2020 de 4 de diciembre, lo declararan infundado, vulnerando de esta manera el debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación de la resolución y valoración probatoria; puesto que:

1. a)Con relación al mencionado recurso en el fondo:
2. 1)No se demostró el cumplimiento del primer requisito del art. 1446.I del Código Civil (CC), respecto del perjuicio al acreedor provocando o agravando la insolvencia del deudor; toda vez que, no fue comprobada la conclusión del proceso ejecutivo emergente del reconocimiento de deuda por parte de Jorge Rodríguez Núñez y María Julia Carmona de Rodríguez, a favor del tercero interesado, a objeto de saber si pudo o no cumplirse la obligación perseguida, adjuntándose en calidad de prueba únicamente actos iniciales del mismo, y no así la ejecutoría de la sentencia; además, el prenombrado tampoco demostró que los entonces deudores no poseían otros bienes ni acreditó su estado de insolvencia; y,
3. 2)No se acreditó la concurrencia del tercer requisito del art. 1446.I del CC, concerniente al conocimiento del perjuicio que el acto ocasionaría al acreedor; al respecto, las autoridades demandadas consideraron que la fracción que le fue transferida del predio "San Diego" el 25 de enero de 2018, fue posterior a los cuatro contratos de reconocimiento de deuda firmados entre los que en esa fecha eran deudores y acreedor -con vencimiento de 15 de abril de 2017-; pues, lo que reclamó e impugnó, fue el hecho de no haberse acreditado que su persona conocía la existencia de la deuda e incluso del proceso ejecutivo; careciendo en consecuencia, de explicación lógica que falseaba la prueba documental; puesto que, el registro en la oficina de Derecho Reales (DD.RR.) de la adquisición de dicha fracción, fue realizada el 21 de febrero de 2019, y la anotación preventiva del juicio ejecutivo que seguiría el tercero interesado sería de 19 de marzo de ese año, no siendo evidente que el acreedor -Haroldo Sguarezi Ruiz- hubiese registrado su garantía hipotecaria, a objeto de que surta efectos contra terceros, teniéndose claro que no conocía de ningún gravamen a favor del indicado, obviando explicar cómo conocía de las obligaciones entre el acreedor y los deudores y del perjuicio que supuestamente ocasionaba; y,
4. b)Sobre el recurso de casación en la forma, el fallo cuestionado, en lugar de corregir las observaciones efectuadas a la Sentencia 002/2020, respecto de que no existía consideración o ponderación sobre los elementos probatorios que sustenten la insolvencia total de los deudores, emitieron criterios generales, incluyendo incluso en la decisión de la sentencia, el pago de daños y perjuicios, sobre el cual no se presentaría ninguna fundamentación jurídica; debido a que, emergió de una solicitud de complementación y enmienda, y que al no haber sido valorada, analizada o considerada por la Jueza de instancia, no podía ser añadida en la parte resolutiva.