Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0956/2026-S2 Sucre, 26 de mayo de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 82980-2026-166-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 63 de 11 de marzo de 2026, cursante de fs. 343 a 347 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marco Antonio Rivero Hurtado por sí mismo y en representación de AA, BB y CC contra Agapito Quiroga Padilla, Juez Público de Familia Decimosexto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, Linda Amparo Alpire Jiménez.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 28 de enero y 10 de febrero de 2026, cursantes de fs. 262 a 279 y 282 a 286, la parte accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso de divorcio que sigue contra Linda Amparo Alpire Jiménez -codemandada-, signado con Número de Registro Judicial (NUREJ) 70406732; Agapito Quiroga Padilla, Juez Público de Familia Decimosexto de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado- mediante Sentencia Complementaria 35/25 de 6 de enero de 2025, declaró probada en parte la demanda, disponiendo que la guarda de los menores AA, BB y CC quedará a cargo de la progenitora, estableciendo a su favor un régimen de visitas los sábados y domingos de horas 9:00 a 18:00, mientras subsista la medida de protección impuesta por el Ministerio Público dentro del proceso penal seguido a denuncia de la codemandada contra su persona por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica -prohibición de agredir e intimidar a la víctima BB y a cualquier integrante de su familia-
Mediante memorial de 9 de diciembre de "2024", la codemandada solicitó la modificación del régimen de visitas, alegando que las medidas de protección impedían el acercamiento paterno filial mientras no se resolviera el proceso penal; corrido el traslado, el Juez demandado fijó audiencia para el 29 de mayo de 2025, oportunidad en la que dispuso audiencia de escucha de menores para el 26 de junio de igual año; determinación ante la cual, la codemandada promovió acción de libertad que fue resuelta por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el 6 de junio de 2025, denegando la tutela por improcedencia, al concluirse que las medidas de protección, en su literalidad, no impedían el régimen de visitas y que resultaba necesario escuchar a los menores; paralelamente, la misma codemandada interpuso recurso de reposición contra el señalamiento de esa audiencia de escucha de menores, argumentando que previamente debía realizarse la audiencia de conciliación; en ese sentido, el Juez demandado dejó sin efecto dicho señalamiento y dispuso audiencia de conciliación para el 25 de julio del citado año, pese a que la resolución constitucional estableció la necesidad de efectivizar el régimen de visitas.
Con posterioridad -el 14 de agosto de 2025-, la codemandada interpuso incidente de suspensión del régimen de visitas -alegando que según informe de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Santa Cruz de la Sierra, los menores no querían visitar a su progenitor y no podría obligarse a la víctima a acercarse a su agresor- el cual fue providenciado mediante decreto de la misma fecha; entre tanto, el Juez demandado señaló sucesivamente audiencias de conciliación y de escucha de menores que no llegaron a realizarse, por causas atribuibles al Órgano Judicial -jornadas institucionales y funciones electorales- y las certificaciones médicas presentadas por la codemandada. Seguidamente mediante decreto de 15 de septiembre de 2025, el Juez demandado fijó nueva audiencia de escucha de menores para el 10 de octubre del indicado año; contra ese señalamiento la codemandada interpuso recurso de reposición argumentando que se había modificado la audiencia de conciliación por escucha de menores sin justificación; corrido el traslado, se emitió el Auto Interlocutorio 1961/25 de 24 de octubre de 2025, rechazándose la reposición debido a que los señalamientos de audiencia constituirían decretos de mero trámite no susceptibles de ese recurso; por lo que, fijó nueva audiencia de escucha para el 3 de diciembre de 2025.
Ante tal determinación, el 17 de noviembre de 2025, la codemandada interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación, alegando que se señaló audiencia de escucha del menor sin especificar dentro de cual "proceso" -modificación o suspensión-, impugnación que fue resuelta a través del Auto Interlocutorio 2220/25 de 1 de diciembre de 2025; por el cual, el Juez demandado dejó sin efecto el señalamiento de la audiencia de escucha de menores, suspendiendo cualquier audiencia con el mismo objeto hasta que se esclareciera el proceso penal y suspendiendo temporal y provisionalmente del régimen de visitas establecido a su favor; no obstante, el indicado Auto Interlocutorio:
- a)Carece de motivación y fundamentación suficiente, al no identificar que justifiquen la suspensión de visitas ni explicar la razón por la cual un proceso penal rechazado constituye un impedimento;
- b)Anula la posibilidad de escucha y evaluación interdisciplinaria de los menores; y,
- c)Excede el marco del recurso -de reposición-, configurando su actuación en incongruencia aditiva, resolviendo más allá de lo pedido. Adicionalmente, la codemandada incumplió sistemáticamente el régimen de visitas e instrumentalizó diversos mecanismos procesales para obstaculizar dicho vínculo. Finalmente, respecto a la apelación ordinaria no constituye remedio idóneo por la inmediatez del daño al vínculo paterno filial.
I.1.2. Derecho, garantía y principios supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de la garantía del debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia, y el derecho a la tutela judicial efectiva y a la justicia pronta y oportuna; así como, los principios de interés superior del niño y "seguridad jurídica", citando los arts. 60, 115, 117 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
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