Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0957/2019-S1 Sucre, 16 de septiembre de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional
Expediente: 26905-2018-54-AAC 26955-2018-54-AAC (acumulado) Departamento: Tarija
En revisión las Resoluciones 769/2018 de 13 de diciembre, cursante de fs. 64 a 65 (expediente 26905-2018-54-AAC) y Resolución 5/2018 de 19 de diciembre, cursante de fs. 750 a 755 vta., (expediente 26955-2018-54-AAC); pronunciadas dentro de las acciones de amparo constitucional interpuestas por Alfredo Becerra Serpa, Gerente General de la Empresa Pública Departamental de Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR) contra Carlos Andrés Oblitas Álvarez y Aimore Francisco Álvarez Barba, ex y actual Fiscal Departamental de Tarija.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
- 1)Expediente 26905-2018-54-AAC
I.1.Contenido de la demanda
A través de memoriales presentados el 28 de noviembre y 4 de diciembre, ambos de 2018, cursantes de fs. 20 a 38 vta. y 42 a 49 vta., la parte accionante expresó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de "Walter Tarifa" contra Juan Franz Arandia Prada por la presunta comisión de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, se tiene como antecedente que Waldo Tarifa en su calidad de Director Departamental de Transparencia del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, evidenció que el denunciado funge como Presidente del Directorio de la Empresa Pública Departamental SETAR y a su vez ejercía como docente universitario a tiempo completo en la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) percibiendo un sueldo mensual de forma paralela a las dietas que son canceladas en razón a las sesiones que tiene en su condición de miembro del indicado Directorio que están regidas por las Leyes Departamentales "129", "065 y 067".
Asimismo, aparejada a la denuncia se presentó la Nota UAJMS.RR.HH. Of. 481 de 23 de agosto de 2017, por la cual el Director de Recursos Humanos (RR.HH.) de la UAJMS, refirió que en el semestre I de la gestión 2017, Juan Franz Arandia Prada se encontraba designado como docente a tiempo completo, con carga horaria de 16 horas (desde el 10 de marzo hasta el 31 de junio) y el semestre II estaba como docente interino con una carga horaria de 10 horas (desde el 22 de agosto al 22 de diciembre). En el semestre II de la gestión 2016, era docente interino a tiempo completo con una carga horaria de 16 horas (desde el 15 de septiembre hasta el 22 de diciembre).
De lo señalado pudo advertirse que el prenombrado de forma paralela ejercía funciones como docente en la UAJMS remuneradas "...a tiempo completo en un semestre y a medio tiempo en otro semestre..." (sic) y además cobraba mensualmente recursos públicos provenientes de la Empresa Pública Departamental SETAR que depende del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, siendo en su primera actuación como miembro del Directorio de dicha Empresa Pública Departamental (según acta de sesión de 25 de noviembre de 2016) elegido como Presidente, momento en el cual fungía como docente a tiempo completo en la indicada casa de estudios superiores, percibiendo a partir de dicha elección un monto de Bs4 502.- (cuatro mil quinientos dos bolivianos) por cada sesión, como cancelación mensual de sus dietas, provenientes de recursos públicos en mérito a la Resolución de Directorio 03/2016 de 23 de diciembre, información evidenciada de las planillas de dietas emitidas por el Jefe de Departamento de RR.HH. y el Gerente Administrativo ambos de la aludida Empresa Pública Departamental, "documento" que demuestra que entre el tiempo comprendido entre el mes de noviembre de 2016 a la fecha de la presentación de su renuncia, el monto cancelado al denunciado ascendió a Bs84 435,78.- (ochenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco 78/100 bolivianos), datos contenidos de igual manera en el informe elaborado por el Técnico de Egresos de la indicada Empresa Pública.
Posteriormente, el Directorio de la Empresa Pública Departamental SETAR a la cabeza del denunciado, mediante Resolución de Directorio 06/2017 de 23 de febrero, aprobó el pago de viáticos con recursos públicos, es por ello que, en la denuncia se formuló las siguientes preguntas: "...¿Cómo se puso a sesionar en las fechas 25/11/2016 y 20/12/2016 si aún estaba comprendido dentro el lapso de tiempo en sus funciones como docente a tiempo completo y percibía por eso una remuneración del Estado? ¿Cómo pudo cumplir sus funciones de presidente del Directorio de SETAR el primer trimestre de la gestión 2017 si también contaba con carga horaria en la UAJMS? 'Como percibió las DIETAS mensuales de SETAR y al mismo tiempo SUELDOS en la UAJMS siendo servidor público a tiempo completo en ambas instituciones públicas..." (sic).
Más allá de esas preguntas, se pudo evidenciar que el denunciado percibió a sabiendas una doble remuneración por parte del Estado, siendo servidor público a tiempo completo en ambas instituciones estatales, por lo que, se adjuntó documentación que demuestra dicho extremo, conducta prohibida por la Norma Suprema y la Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2017 -Ley 856 de 28 de noviembre de 2016-, que determina claramente la prohibición de percibir doble remuneración del Estado con salvadas excepciones pero que el caso denunciado no se aplican.
Iniciado el proceso de investigación, lo más lógico era que el Ministerio Público presente imputación formal; empero, por el contrario el 19 de febrero de 2018 emitió Resolución de Rechazo de Denuncia vulnerando con ello el debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, a tal efecto, se planteó objeción, siendo el 9 de abril de ese año, que el Fiscal Departamental de Tarija dictó la Resolución Jerárquica manteniendo vigente la lesión del derecho al debido proceso en sus elemento de fundamentación, motivación, congruencia y apartada de una adecuada valoración de la prueba dado que no resolvió ninguno de sus agravios, la cual fue notificada el 1 de junio del aludido año.
De manera clara expuso en su objeción en seis puntos específicos consistentes en:
- a)La Resolución de Rechazo de Denuncia fue emitida alejada de la Norma Suprema y la Ley 856, esta última que establece la prohibición de que un servidor público que recibe un sueldo mensual -como docente en la universidad- no puede gozar de dietas, gastos de representación o cualquier beneficio colateral por su participación o representación en directorios, aspecto que jamás fue respondido ni resuelto;
- b)Reclamó la fundamentación inexistente en la Resolución de Rechazo de Denuncia para que el Fiscal Departamental de Tarija pueda subsanar o corregir esa vulneración por mandato de la ley, antes de ingresar a la esfera constitucional;
- c)Reclamó el debido proceso porque no se valoró ninguna prueba, demostrándose a ese efecto una motivación arbitraria;
- d)Falta de fundamentación del Ministerio Público que citó el Estatuto de Funcionario Público para fundar el rechazo de su denuncia, la misma tampoco fue resuelta por el aludido Fiscal Departamental;
- e)Se formularon varias peguntas las mismas no tuvieron respuesta alguna, por lo cual existe incongruencia omisiva; asimismo el Formulario de Identificación de Entidad Pública (FIEP) 00000060 a nombre de la Empresa Pública Departamental SETAR tampoco fue valorado a momento pronunciar la Resolución Jerárquica de 9 de abril de 2018; y,
- f)Existiendo actuaciones pendientes, se debió revocar y ordenar se concluyan con las investigaciones, situación que no ocurrió.
La Resolución Jerárquica de 9 de abril de 2018, no respondió a los seis argumentos de la Empresa Pública Departamental SETAR que fueron expuestos en el memorial de objeción, ni a las preguntas planteadas; no valoró todas las pruebas aportadas al proceso; y, utilizó normativa que no es aplicable, además carece de fundamentación, conteniendo afirmaciones incongruentes, conclusiones meramente subjetivas y sin sustento legal ni probatorio.
I.1.2.Derechos y garantías supuestamente vulnerados
La parte accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, citando al efecto los arts. 13, 115, 117.I, 180.I, 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela que instruya al Fiscal Departamental de Tarija emitir nueva resolución jerárquica que resuelva todos y cada uno de los puntos demandados en la objeción presentada por la Empresa Pública Departamental SETAR; y, por efecto de la misma habiéndose constatado la vulneración a derechos fundamentales, revoque la Resolución de Rechazo de Denuncia de 19 de febrero de 2018 emitida por el Fiscal de Materia ordenando la prosecución del proceso penal con la presentación de la imputación formal contra el procesado.
I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías
Celebrada la audiencia pública el 13 de diciembre de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 62 a 63, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación de la acción
La parte accionante, ratificó los términos de su acción de amparo constitucional.
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
Aimore Francisco Álvarez Barba, Fiscal Departamental de Tarija, mediante informe escrito presentado el 13 de diciembre de 2018, cursante de fs. 83 a 84 señaló que:
- 1)El 27 de noviembre del citado año, Alfredo Becerra Serpa, Gerente General de la Empresa Pública Departamental SETAR interpuso la acción de amparo constitucional; empero, ante la observación realizada, el 4 de diciembre del mismo año,. Marco Antonio Fernandez y Eiver Velásquez Castillo a nombre del accionante y sin su firma, presentaron el memorial de subsanación, no encontrándose legitimados por no haber adjuntado testimonio de poder u otro documento que les confiera representación legal; y,
- 2)No se han cumplido las observaciones realizadas mediante Resolución de 28 de noviembre del indicado año, por consiguiente, en estricto apego del art. 30.I.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo), corresponde tener por no presentada la demanda.
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