0959/2021-S4

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0959/2021-S4 Sucre, 29 de noviembre de 2021

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad

Expediente: 37613-2021-76-AL Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución de 18 de diciembre de 2020, cursante de fs. 51 a 53 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carlos Tomas Molina Badani en representación sin mandato de Jhonathan Antonio Sahonero Villarroel contra Ronald Rivas Rodríguez, Juez de Sentencia Penal Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de diciembre de 2020, cursante de fs. 21 a 27 vta., accionante a través de su representante sin mandato manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, el Juez de primera instancia, dispuso su detención preventiva, por la probabilidad de concurrencia de dos delitos -extorsión y proxenetismo-; no obstante, el Ministerio Público de acuerdo a la investigación terminó presentando acusación formal solo en base al primer delito, proceso que fue radicado ante el Juzgado de Sentencia Penal Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, a cargo del Juez ahora demandado, donde el 18 de noviembre de 2020, fue presentada acusación particular por la víctima.

Añade que, considerando la improcedencia de la detención preventiva, ello en función que el delito de extorsión no supera los tres años de privación de libertad; es que, a través de memorial de 1 de diciembre del referido año, hizo conocer al Juez demandado la situación irregular, solicitando realice audiencia de control jurisdiccional, a objeto de que evidencie la ilegalidad en la detención preventiva y en todo caso fije audiencia de realización de procedimiento abreviado, para dar celeridad al cese de la privación de libertad, la misma que resulta contradictoria al principio de legalidad y debido proceso; siendo favorablemente atendida mediante decreto de 2 de diciembre de 2020, por el que se señaló audiencia para el 17 del mismo mes y año; no obstante, mediante Auto de 11 del indicado mes y año, el Juez demandado se declaró incompetente, argumentando que de acuerdo a la previsión del art. 52 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2010-, habiendo sido presentada la acusación particular por el delito de pornografía, correspondía la remisión de la causa a un Tribunal de Sentencia, restringiendo dicha actuación la posibilidad de presentar algún recurso; porque, según la citada autoridad no podía realizar más actos en el caso.

Continuó señalando que la competencia del Juez demandado se aperturó con el auto de radicatoria, como consecuencia de la acusación formal por el delito de extorsión, habiendo la acusación particular sido presentada de forma posterior, por lo que debió observar el procedimiento establecido por el art. 342 del Código Procesal Penal (CPP); no obstante, de forma arbitraria se declaró incompetente, considerando encima de la acusación fiscal la particular, la que enerva otros tipos penales de los cuales jamás se produjo prueba dentro la etapa preparatoria, por cuanto no existe elementos que sustenten dicha acusación, en cuya razón el Ministerio Público presentó ante el Juez de Instrucción Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, requerimiento de procedimiento abreviado señalando: "si bien se ha imputado por los delitos de proxenetismo y extorción al presente los elementos de pruebas colectados permiten sostener la participación activa del imputado únicamente en la comisión del ilícito de extorción, toda vez que el imputado a procedido a constreñir la voluntad de la víctima mediante amenazas en sentido a que no accedía a tener relaciones sexuales con él y entregarle el publicaría las foros íntimas que tenía de la víctima" (sic), actuación que fue realizada de forma objetiva, conteniendo la acusación fiscal el sustento legal y probatorio que fue realizado en etapa de investigación, por cuanto solo era atribuible el delito de extorsión.