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TCP

0961/2019-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
21 de octubre de 2019SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0961/2019-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0961/2019-S2 Sucre, 21 de octubre de 2019

SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción popular

Expediente: 26487-2018-53-AP Departamento: Tarija

En revisión la Resolución 276/2019 de 13 de septiembre de 2019, cursante de fs. 247 a 250, pronunciada dentro de la acción popular interpuesta por Gonzalo Torrez Terzo, Presidente de la Sociedad Protectora de Animales Tarija (SPAT) contra Rodrigo Paz Pereira, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y Pablo Avilés Pérez, Secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 9 de noviembre de 2019, cursante de fs. 83 a 91 vta., el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El proyecto denominado "CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO GUADALQUIVIR QUE VINCULE LOS DISTRITOS 1 y 12 DE LA CIUDAD DE TARIJA", cuenta con una Ficha Ambiental que fue gestionada por el municipio el año 2017. Efecto de la aprobación de esta Ficha Ambiental y su categorización, se han producido, acciones y amenazas muy graves, en contra de la ecología del río Guadalquivir. El proyecto se está ejecutando desde julio de 2018 con una programación de novecientos días para terminarlo.

En febrero de 2017 mediante nota CITE: STRIA/H.L.P./G.A.M.T./CITE 70/2017 el representante legal de la Actividad Obra o Proyecto (AOP) "CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO GUADALQUIVIR QUE VINCULE LOS DISTRITOS 1 Y 12 DE LA CIUDAD DE TARIJA", presentó la Ficha Ambiental a la Secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación para su revisión y evaluación.

La Ficha Ambiental presentada no contempla la existencia de varios Impactos Clave Negativos de la Actividad denominada "Conformación Terraplén Accesos". Los impactos clave omitidos son:

  1. a)Modificación del uso de suelo;
  2. b)Pérdida de dos áreas verdes protegidas;
  3. c)Fraccionamiento en la continuidad de la ribera del río Guadalquivir;
  4. d)Obstrucción y taponamiento de una quebrada afluente del río Guadalquivir; y,
  5. e)La realización de la Consulta Pública, transgrediendo el art. 343 de la Constitución Política del Estado, y el art. 162 del Reglamento de Prevención y Control Ambiental.

El 7 de abril, la Dirección de Catastro dependiente del Órgano Ejecutivo del Gobierno Municipal de la ciudad de Tarija emitió el Certificado 01-DC/C.I. 838/MAR-208-041/2017 de Uso de Suelo, que en sus conclusiones expresa:

"LAS AREAS A SER INTERVENIDAS SON APTAS PARA ESTE TIPO DE PROYECTO"; de esta forma, modifica de facto el uso de suelo de dos áreas verdes protegidas de la ribera del río Guadalquivir, fraccionando al mismo tiempo la continuidad de la misma a la altura del parque "Los Changuitos", vulnerando de manera directa la Ley 2459 y 2460, y toda la normativa municipal de protección ambiental del río y su ribera.

En agosto de 2017 la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación emitió Informe Técnico (GOB./S.RN y M.A./R.D.T./1056/2017) aprobando el documento ambiental con la asignación de Categoría III (tres) para el proyecto "CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO GUADALQUIVIR QUE VINCULE LOS DISTRITOS 1 Y 12 DE LA CIUDAD DE TARIJA", vulnerando el art. 17 del Reglamento de Control y Prevención Ambiental y los arts. 24 y 25 de la Ley 1333 de Medio Ambiente del 7 de septiembre de 2017 se emitió el Informe Técnico SDRN Y MA/DGA EEIA-PPM-PASA-Nº1935-17, recomendando el Certificado de Dispensación CD-3.

En fecha 11 de septiembre del 2017, se emitió el Informe Legal SDRN Y MA/DGA y BIO/AMSL/N 201/2017. El informe legal, tiene vacíos importantes en sus consideraciones, como, no hacer referencia al art. 17 del Reglamento de Prevención y Control Ambiental, disposición legal inherente al procedimiento para la categorización, o la Ley 2459 de declaratoria de desastre ambiental.

El 11 de septiembre del año 2017 el Secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Gobernación del departamento de Tarija, emitió el Certificado de Dispensación (CD-C3) 060101/06/CD-C3/1935/17 sin la debida base legal respecto al proyecto, "Construcción de Puente Vehicular sobre el río Guadalquivir que vincule los distritos 1 y 12 de la ciudad de Tarija", categorizado erróneamente y transgrediendo el art. 10 Inc. h) y el art. 17 del Reglamento de Prevención y Control Ambiental y los artículos 24 y 25 de la Ley 1333 del 27 de abril de 1992, Ley del Medio Ambiente.

El 9 de julio del 2018, se inició actividades (cronograma de ejecución de obra-plazo de ejecución novecientos días calendarios). La obra se empieza a ejecutar con un gravísimo error, se la emplaza en un lugar diferente al que señala la Ficha Ambiental. Por lo tanto, un lugar sin licencia ambiental. Las coordenadas que la Ficha Ambiental refiere respecto a la ubicación del proyecto, sitúan al mismo a unos 118 metros más hacia el oeste. Hasta el momento, la obra continúa siendo ejecutada en un lugar que no está en el punto 3 de la Ficha Ambiental IDENTIFICACION Y UBICACIÓN DEL PROYECTO. En este mismo lugar que no es el legalmente autorizado, la empresa ejecutora ha modificado la morfología natural del río y su re-encausamiento por el eje central con maquinaria pesada. Esta actividad que tampoco está valorada en la matriz de impactos ambientales, vulnera directamente la Ley 2459 Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE).

El 27 de agosto de 2018, el área de Fiscalización de la ABT realizó una inspección al área donde se está ejecutando la obra; y se comprueba el desmonte ilegal de quince sauces, cuatro molles y tres eucaliptos, árboles que son parte de una servidumbre ecológica del río. Este desmonte ilegal es una actividad sin licencia ambiental ya que no se encuentra en la Ficha Ambiental, ni cuenta con el permiso de la ABT; transgrediendo el art. 35 de la Ley Forestal 1700 y el art. 33 de la Constitución Política del Estado.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión del derecho al medio ambiente, a la Consulta, citando al efecto los arts. 33, 343 de la Constitución Política del Estado, las Leyes 2459 y 2460, los arts. 10 inc. h), 17 y 162 del Reglamento de Prevención y Control Ambiental, los artículos 24 y 25 de la Ley 1333 de Medio Ambiente, así como el art. 11 del Protocolo de San Salvador, ratificado por Ley 3292 del año 2005.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, ordenando:

  1. 1)Auditoria Ambiental, con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas y procedimientos en la evaluación, categorización y aprobación de la Ficha Ambiental; así como, el cumplimiento de las disposiciones legales de protección del río Guadalquivir y su ribera; sustenta su petitorio en la , que dispuso que la Contraloría realice una auditoría respecto a la problemática;
  2. 2)La Auditoría Ambiental sea realizada por la Dirección General de Medio Ambiente y Cambios Climáticos, dependiente, del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal;
  3. 3)Se disponga de un plazo de treinta días para la realización de la Auditoria Ambiental, y en tanto transcurra el mismo, la paralización de las obras del proyecto como medida cautelar;
  4. 4)La realización de la Consulta Pública omitida; y,
  5. 5)Se instruya, a la Gobernación del Departamento de Tarija cumplir el art. 8 de la Ley 1333, respecto a la creación de los Consejos Departamentales del Medio Ambiente (CODEMA), como organismo de máxima decisión y consulta a nivel departamental.

I.2. Improcedencia de la acción popular

La Jueza Pública de Familia Tercera del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 13/2018 de 13 de noviembre, cursante de fs. 123 a 124, rechazó esta acción popular; consecuentemente, la parte accionante mediante memorial presentado el 16 de noviembre de 2018 (fs. 131 a 132 vta.), impugnó dicha determinación.

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