Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0964/2019-S1 Sucre, 4 de octubre de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad
Expediente: 29558-2019-60-AL Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 80/2019 de 14 de junio, cursante de fs. 20 a 24 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Ayala Rocabado en representación sin mandato de Ariel Quispe Huayllani contra Freddy Escobar Peña, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Curahuara de Carangas en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Tercero, ambos, del departamento de Oruro. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 13 de junio de 2019, cursante de fs. 2 a 5 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, expresó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 13 de junio de 2019, a horas 9:00 se instaló la audiencia de consideración de medidas cautelares, en el desarrollo de la misma se otorgó la palabra a su defensa técnica, quien en la vía informativa señaló su imposibilidad de presentarse en la audiencia fijada, en razón de que es profesor legalmente acreditado de la Unidad Educativa "Villa Challacollo" y que ese día tenía que tomar exámenes, en consecuencia, pidió se tome en cuenta a fin de justificar su inconcurrencia, a tal efecto, adjuntó certificación que acreditó lo referido.
El Juez ahora demandado con la solicitud de la víctima, emitió Resolución de declaratoria de rebeldía, sin considerar su justificación de inconcurrencia ni efectuar un análisis interpretativo de las normas en las cuales las partes ejercitan sus basamentos jurídicos, pese a que, hicieron alusión al art. 88 del Código de Procedimiento Penal (CPP) a fin de que los argumentos respaldados por la certificación de trabajo sean asumidos como justificativo, ya que, de acuerdo a lo señalado en el citado artículo y a la praxis procesal cualquier persona, inclusive un extraño al proceso puede justificar un impedimento legítimo del imputado, por cuanto, se vulneró el debido proceso en su vertiente aplicación estricta de la ley.
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